Sin bajar la guardia

178
En Michoacán, desde el año 2016 se declaró la Alerta de Género en algunos municipios de la Entidad. (Imagen: especial)

Instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), indican que la violencia de género sigue siendo una “pandemia global”, que ocurre en espacios  públicos y privados.  En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por su pareja, ya sea en el hogar, en la calle o en conflictos armados.

       La violencia que se experimenta en el país, agudizada durante estos años de pandemia, ha incrementado las agresiones de género, incluidos el tráfico y explotación sexual.  En México, se cometen en promedio de siete a ocho feminicidios al día y como parte de la precarización de las condiciones laborales, las mujeres ocupan cerca del 80 por ciento de trabajos mal pagados, sin prestaciones e informales, situación a la que contribuyó durante muchos años el denominado “outsorsing”.  Y además debemos agregar otra problemática que enfrenta nuestro sector: el acoso laboral, que según estadísticas conservadoras, lo padecen 1.5 millones de mujeres, fenómeno en el que los agresores, por lo general, tienen un perfil definido: hombres de más de 40 años de edad, casados, con una vida sexual y familiar insatisfactoria y una tremenda necesidad de autoafirmarse y controlar.

       En Michoacán, desde el año 2016 se declaró la Alerta de Género en algunos municipios de la Entidad, caracterizados por los altos índices de violencia: de grupos armados por la delincuencia, al igual que de grupos civiles de comunidades indígenas y agrarias (“autodefensas”), orillados ante la poca o nula atención de los distintos gobiernos para esta problemática de extorsión, amenazas y despojo de sus tierras y recursos.  El Municipio de Pátzcuaro fue uno de ellos.

       En materia de derechos humanos, recordemos, Michoacán es uno de los estados con mayor rezago, y la política de igualdad de género ha sido sólo tema discursivo para muchos actores (de ambos sexos) que luego de acceder a puestos de representación popular, llegan a tomar como una especie de broma los programas para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra mujeres, sobre todo los dedicados a prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar… y no se hable de “perspectiva o equidad de género”, porque hasta se dan el lujo de ironizar: “¿Quieren igualdad?, ¡pues que se fastidien!”.

       Debemos recordar también que en el año 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante la Coordinación de Igualdad entre Mujeres y Hombres, realizó un monitoreo en nuestro estado sobre políticas públicas para atender al sector femenino y la responsable de éste; Ileana Lomelí Ruiz, declaró a medios informativos su preocupación ante los intentos de programas y políticas enfocadas a las mujeres, ya que a su decir, “sólo inciden en perpetuar los estereotipos de género y no abonan a su auténtico desarrollo”.  Y se encontró con que 43 por ciento de los funcionarios municipales afirmó que una mujer “no debe trabajar si desatiende el hogar y a sus hijos”, lo que revela que el tema de la crianza continúa muy enfocado sólo hacia las mujeres.  Y ¿en cuanto a salario?  Un Director de Obras Públicas ganaba alrededor de 20 mil pesos y una Directora de Instancia de la Mujer percibía 4,500 en esa época.

       Pero tampoco podemos negar que también existen políticos y funcionarios sensibles, siendo la excepción, como toda regla; e igual, con encargadas de Instancias de atención a la Mujer, que se encuentran en el puesto por “cuotas políticas”, o “porque aquí es más relajado el trabajo”.  Así, lo que afirma la compañera Martha resulta absolutamente cierto: “para alcanzar la equidad en instancias de gobierno, no necesariamente será teniendo en cargos directivos el mismo porcentaje de mujeres que de varones… no se trata de tener en esos espacios públicos cuerpos de mujer”.

        En Michoacán, como en nuestro municipio de Pátzcuaro, la declaratoria de Alerta de Género se dio porque desde hace aproximadamente seis lustros atrás, que mujeres de organizaciones civiles hemos venido alertando de que todo eso que para muchxs parece “normal”, resultan prácticas misóginas, discriminatorias y humillantes que atentan contra nuestra dignidad y al permitirlas se contribuye a generar mayor violencia.  De ejemplo, tenemos varios casos testimoniados de mujeres que se han acercado a la Fiscalía local, donde han llegado a minimizar el daño recibido por parte de varones (parejas o no), o les obligan a aportar pruebas “convincentes”, o de plano es tanto el tiempo que ocupan yendo a declarar, que terminan desistiendo.  Y por supuesto que no existe colaboración entre las instancias de atención.

       Seis años han pasado desde esta Declaratoria y vemos con pesar de que poco se ha hecho para revertir los patrones de comportamiento arraigados en las costumbres públicas y sociales, y lograr una respuesta efectiva de las distintas autoridades con la participación de la sociedad.  Tomando en cuenta de que existen mujeres, grupos y asociaciones que hemos y están contribuyendo en la promoción y educación en derechos humanos con perspectiva de género, así como en la construcción y creación de proyectos e instancias de formación y de atención con este objetivo.

       Hoy se presenta una oportunidad a nuestras autoridades: crear verdaderos programas y políticas públicas enfocadas hacia las mujeres, con la participación efectiva de la sociedad, cumpliendo así con las recomendaciones que ha recibido el país por organismos internacionales de derechos humanos.  Por ello, son tiempos de no bajar la guardia y permanecer alertas.