A dos años tres meses de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, asesorado por parte de la Secretaría de Salud, a través del Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, decidió emitir el acuerdo número 02/03/20, para suspender las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, durante el período comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.
Medida emergente para evitar que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, se contagiaran del virusSARS-COV2, causante de la enfermedad COVID-19, que en diciembre de 2019, apareció en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, la cual se empezó a propagar con gran rapidez por todas partes del mundo, afectando principalmente a los adultos mayores y a las personas con hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso y diabetis entre otras enfermedades. Suspensión, programada originalmente para unos cuantos días, pero que al final de cuentas, se prolongó prácticamente hasta finales de 2021, tiempo en el que las clases presenciales se sustituyeron con el aprendizaje en línea, mediante el uso de las diferentes herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de otros medios de comunicación.
Cualquier medida para salvaguardar la vida de los alumnos y de los trabajadores de la educación, no admite cuestionamiento alguno, sólo que al mismo tiempo se tenía que haber previsto todas las medidas necesarias, para que las modificaciones a los procesos educativos, causaran los menores daños posibles y en el momento oportuno se fuera regresando a la normalidad, como sucedió en otros países, cuando al poco tiempo de haber suspendido las clase presenciales, se dieron cuenta, que la convivencia de los alumnos en los espacios educativos, no incrementaba la cifras de contagios y que además el aprendizaje dejaba mucho que desear por las condiciones en que transmitían los conocimientos. Responsabilidad social que las autoridades educativas y de salud de nuestro país no asumieron, posiblemente por el costo político que ello representaba, ante la campaña de desprestigio que habían emprendido muchos medios de comunicación y algunos seudo investigadores, por el manejo que el Gobierno Federal, estaba haciendo de la pandemia, al grado tal de casi señalarlo como el creador de ese mortal virus.
Lo cierto es que las autoridades educativas, por negligencia o por ineptitud, no tomaron las medidas conducentes al respecto. No establecieron un programa emergente, para ajustar el proceso pedagógico a las necesidades del momento, considerando todas las limitaciones que implica administrar el servicio educativo en tiempos extraordinarios y en una sociedad con tan profundas desigualdades. No se definieron los objetivos de aprendizaje para orientar las acciones y establecer las metas a lograr; tampoco se depuraron los contenidos temáticos, para centrar la atención en los temas más relevantes; menos se definió una metodología de la enseñanza para transmitir de manera didáctica los conocimientos y que los alumnos pudieran asimilarlos y comprenderlos con mayor facilidad, en esas condiciones tan desventajosas, para afectar lo menos posible el incumplimiento de los planes y programas de estudio que integran el Sistema Educativo Nacional; así como los modos de evaluación no sólo para para supervisar el proceso de aprendizaje, identificar obstáculos y fallas que se fueran dando y hacer las correcciones correspondientes, sino que además, verificar los resultados alcanzados durante el tiempo en que se implementaron las clases a distancia.
Posiblemente, si se hubiera hecho una planeación adecuada de las clases a distancia, no se hubieran prolongado más allá de lo necesario y a la fecha se pudiera hacer una evaluación diagnostica para conocer con claridad la situación que guarda el Sistema Educativo Nacional, antes de iniciar el desarrollo del ciclo escolar 2022/2023 y establecer con certeza las prioridades educativas en función de la realidad y no sustentado en ocurrencias de quienes administran el servicio educativo, en los diferentes niveles de enseñanza, al grado tal que en muchos documentos normativos se siguen plasmando aspiraciones que se pretendían alcanzar desde hace muchas décadas anteriores, como “mejorar la calidad de la enseñanza, para formar la mano de obra calificada necesaria para el desarrollo nacional”.
Las prioridades educativas han cambiado radicalmente son diferentes a las previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como consecuencia de la implementación de la modalidad de la enseñanza a distancia no planeada y por el mismo contexto social en que vivimos, que dejó muchas deficiencias en el aprendizaje. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías digitales, han tenido avances considerables y han puesto a nuestro alcance cualquier tipo de información en el mismo momento y lugar que requerimos, también es cierto que millones de alumnos hijos de las familias marginadas, pobres y miserables, no tuvieron la posibilidad de utilizar la más barata de las herramientas de esas tecnologías y a veces ni siquiera una pantalla de televisor para recibir la información que a diario transmitían los docentes. Por otro lado, una gran mayoría de los que sí contaron con los diversos equipos receptores, no tenían el valor de la disciplina para poner atención todos los días y durante varios minutos, a la información que les transmitían los docentes sobre diferentes temas, por lo que la mayoría de las veces no llegaban a comprender, llegando a cumplir la rutina por inercia o compromiso familiar, pero nunca por ganas y deseos de aprender nuevos y mejores conocimientos, no fueron protagónicos de su aprendizaje. Al término de este proceso, sus mentes quedaron saturadas de información, con una autoestima en su mínima expresión, por su parte, los docentes en su mayoría educados en tiempos en que la tecnología no estaba tan avanzada, por lo tanto, capacitados para utilizar las nuevas tecnologías y transmitir con eficiencia los conocimientos, tardaron en hacerlo, también carecían de experiencia para organizar los contenidos temáticos de acuerdo a esas nuevas circunstancia; por si fuera poco no se realizó ninguna evaluación formativa que permitiera conocer obstáculos y corregir errores o desviaciones.
Todo el esfuerzo, tiempo y recurso presupuestales se deben de utilizar para reactivar los proceso de enseñanza-aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que fueron suspendidos en marzo de 2020 y reactivados a finales de 2021, provocando un estancamiento de su proceso educativo durante todo ese tiempo, perjudicando principalmente a los hijos de las familias marginadas, pobres y miserables, que habitan por todo el territorio nacional, por no tener la oportunidad de acceder a las clases a distancias, retrocediendo prácticamente dos años en su formación educativa, muy difícil de recuperar. Asimismo, para reincorporar a quienes abandonaron la escuela en forma temporal o definitiva, por no haber podido recibir clases en línea; por desintegración familiar; por drogadicción o de plano por haber perdido la esperanza de mejorar su calidad de vida, mediante un título universitario. También para atender a personas que, a sus 15 años, no han concluido su educación secundaria y que, además, no están inscritas en ninguna institución educativa escolarizada de educación básica, las que en conjunto forman el rezago educativo del Sistema Educativo Nacional. Ocasionado principalmente por embarazo a temprana edad; por reclutamiento por parte de grupos delictivos; por las condiciones de marginación, pobreza y miseria en que viven; en mínima expresión por problemas de aprendizaje o por otras causas producto de la interrelación del medio ambiente social y hasta por las altas “cuotas voluntarias” de inscripción y “fichas de examen de admisión” que establecen algunos directores de planteles.
Por supuesto otra de las prioridades educativas es el mejoramiento de los espacios educativos, principalmente aulas, talleres y laboratorios; el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes y de los trabajadores de la educación; la revisión de los expedientes laborales, para dar de baja a quienes presentaron documentos apócrifos para conseguir unas plazas laboral, la compraron o la vendieron. Ajustar el calendario escolar 2022/2023, a las nuevas necesidades, para incorporar a clases los 13 días destinados al Consejo técnico Escolar; 8 días festivos; los 2 días destinados a entrega de boletas; los 20 días de los dos períodos vacacionales; así como los días previstos para cursos intensivos de formación continua para docentes. En especial que no se siga entreteniendo a los alumnos con canciones de Cri-Cri y rondas infantiles, esperando que llegue el día 28 de julio, cuando concluye el ciclo escolar 2022/2022. Se sancione a los docentes que no asistan a clases presenciales. En resumen, que las autoridades educativas, asuman su responsabilidad social y no sigan mintiendo y traicionando al pueblo al simular que administran el servicio educativo de acuerdo a la normatividad vigente.
