ECOS LATINOAMERICANOS: ¿Dónde está el estado de derecho? Parte 1

En México se continúa operando más por la negociación política que por la aplicación estricta de la ley. (Foto: especial)

La organización Proyecto de Justicia Mundial, World Justice Project en inglés, acaba de publicar su informe acerca de cómo se encontraba el Estado de Derecho en 139 países en 2021, entre los que se incluyó México, y dentro de este hay un índice que coloca a nuestro país en el lugar 113 con 0.43 puntos de 1.0 compartiendo puesto con países como Angola y Malí, y ubicado encima de países como Sudán, Turquía, Irán o Congo.

Dicho índice toma como principales pilares de la investigación sobre la calidad de estado de derecho a cuatro factores esenciales: la rendición de cuentas, entendiendo esta como que tanto el gobierno como el sector privado estarán estrictamente vigilados y juzgados a través de la ley; 2) el derecho justo, describiendo dicho concepto como leyes claras, públicas, estables, de aplicación constante y apegadas todo el tiempo al debido proceso; 3) el gobierno abierto, entendiéndolo como que los procesos por los cuales la ley es creada, modificada, administrada y/o ejecutada son accesibles, justos y eficientes; y 4) justicia accesible e imparcial, donde los aplicadores de esta son neutrales y generan que cualquier persona pueda acudir con ellos para aplicar la ley correspondiente, teniendo a su vez los recursos necesarios para ello.

En dicho listado, los primeros lugares en estado de derecho son ocupados sobre todo por países pertenecientes a la comunidad europea. Esto es entendible, ya que dicho bloque por lo menos hasta hace algunos años, exigía a sus miembros cumplir

una serie de leyes e instituciones, no solo teóricas sino operativas, que garantizaran transparencia e igualdad ciudadana en las actividades cotidianas, así como también respeto a los derechos humanos, por lo tanto, esto ha forzado a diversos países europeos a ejecutar las reformas institucionales necesarias para garantizar el imperio de la ley, al menos de manera elemental.

Por supuesto, México no es parte de la Unión Europea ni tiene convenios de esa clase con dicha agrupación, sin embargo, es preocupante que haya países latinoamericanos mucho más inestables que el nuestro, tales como Guatemala (0.44) y Perú (0.49), y estén mejor posicionados en el mencionado índice. Incluso países de África que hasta hace unos años afrontaban guerras civiles o genocidios, tal como fueron los casos de Sierra Leona (0.44) o Ruanda (0.63), están en un lugar más alto que México en estado de derecho. A su vez países como Nepal (0.52) o Túnez (0.53) que tuvieron fuertes revoluciones políticas en 2008 y 2011, respectivamente, tienen en la actualidad una mejor puntuación que el estado mexicano en materia de estado de derecho.

Hasta países como Rusia (0.46), Filipinas (0.46), Hungría (0.52) y El Salvador (0.48), que actualmente tienen gobernantes de corte autoritaria a quienes se acusa constantemente de persecuciones políticas y de socavar la institucionalidad en sus propios estados, tienen, a pesar de lo anterior, un puntaje más alto que el mexicano. Es decir, gobernantes como Putin, Orban, Duterte y Bukele, han tenido un ejercicio del estado de derecho, no solo similar al mexicano, sino incluso ligeramente mayor.

Pero sin duda alguna, lo más increíble, y lamentable a la vez, es que países con dictaduras indiscutibles, sin ningún tipo de elección libre respecto a su administración pública, y a quienes a menudo se acusa considerablemente de tácticas de corrupción, nepotismo e influyentismo político, tales como Bielorrusia (0.48) o China (0.47), están consideradas arriba de la república mexicana. Es sorprendente que estos países con gobiernos completamente dictatoriales, donde nunca se ha conocido la democracia práctica, tengan puntuaciones mayores respecto al imperio de la ley que un estado democrático como el mexicano.

Lo anterior nos debe hacer reflexionar hacia donde se ha conducido al país las últimas décadas. Tristemente desde la transición a la democracia en el año 2000 no ha habido ninguna tentativa real por parte de los diversos gobiernos habidos de reformar de manera profunda la naturaleza institucional del estado mexicano, conservando en términos de facto las instituciones emanadas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, instituto político que ejerció el poder continuamente desde 1929.

Cabe señalar, que las políticas de PRI, a pesar de ser autocráticas y dictatoriales se ejercieron mediante un gobierno civil cuyo poder se canalizaba a través del partido oficial, mismo que no estaba cooptado por algún grupo político reducido, sino que incluso tenía representación en casi todos los sectores sociales de la población, por lo tanto, el descontento con esta autocracia tan sui generis en el continente fue mucho menor que con otras dictaduras de la región, lo anterior también indica por qué esta dictadura mexicana tuvo un nivel de represión mucho menor que sus homologas latinoamericanas.

Sin embargo, ni siquiera el “partido de la revolución” logró derrotar a la ola democrática que recorrió la región entre los ochenta y noventa, y finalmente entregó el poder iniciando el nuevo siglo. No obstante, a diferencia de otros regímenes latinoamericanos que transitaron de la dictadura a la democracia, en México no hubo algún pacto transicional para reformar los elementos institucionales heredados del régimen monopólico; debido a las presiones políticas de diversos grupos y el desgaste gradual del priismo, el primer gobierno democrático del siglo XXI, encabezado por Vicente Fox, recibió las instituciones, tanto formales o informales del sistema político nacional, creadas por el PRI tal cual, sin ninguna modificación sustancial, o al menos siquiera una condicionante puntual para reformarlas.

Debido a esta falta de “contrato social” para modificar el sistema político heredado, la administración de Fox, como también ocurrió con las administraciones posteriores, decidió mantener las instituciones priistas tal cual como se habían encontrado, sin hacer ningún tipo de reforma sustancial para adaptarlas al ejercicio efectivo de ley oficial. Entonces los gobiernos democráticos en México han operado así hasta la fecha, con instituciones públicas que obedecen mucho más a la autoridad política que a la ley que en teoría las rige.

Por lo tanto, no obstante haber concluido el régimen hegemónico del unipartidismo, de la simbiosis estado-partido desde el año 2000, en México se continúa operando más por la negociación política que por la aplicación estricta de la ley. Y sin duda alguna esta situación política, que desde luego perjudica tremendamente al estado de derecho, se mantendrá mientras no se hagan las reformas institucionales adecuadas, especialmente en materia de rendición de cuentas y frenos y contrapesos.