Cancún, Quintana Roo.- El juzgado primero de distrito con sede en Yucatán fijó para el para el 1 de agosto la realización de una audiencia para resolver si se violó la suspensión de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, luego de que el gobierno federal declaró que este proyecto es de seguridad nacional.
“Se promueve incidente por defecto… en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en estos autos incidentales derivados del juicio de amparo 884/2022; con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se tramita el correspondiente incidente y se fijan las 09:09 del 1 de agosto de 2022, para la celebración de la audiencia respectiva”, se lee en informe del caso.
Según El Economista, el incidente por defecto es promovido por la representante de la asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), para demostrar que la autoridad responsable no ha acatado la medida cautelar concedida por el impartidor de justicia, luego de que se reiniciaron los trabajos en esa zona.
El juzgado además advierte a las autoridades responsables, en este caso el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que en un plazo de tres días rindan su informe con relación a la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, contados a partir de la notificación, de lo contrario se presumirá cierta la conducta que se les reclama.
Apenas el lunes de esta semana, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que se han reanudado ya los trabajos del tramo 5 sur del Tren Maya, y aseguró que dicha acción es legal y no viola los amparos que mantuvieron detenida la obra desde mayo de este año.
“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria. En la sesión determinaron que es un proyecto de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, expuso el funcionario.
El funcionario reveló además que ya “no es Fonatur quienes está llevando la obra, sino la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.
La audiencia para determinar si se mantenía la suspensión de las obras estaba programada para el próximo 23 de julio, sin embargo, con la reanudación de las obras desde el pasado 13 de julio el juicio de amparo está tomando un nuevo cauce.
La organización Greenpeace México, Amnistía Internacional México (AI) y, un grupo de académicos, hicieron un llamado al gobierno federal para que respete la institucionalidad, legalidad y deje de violentar los derechos humanos, así como que se detenga la militarización de tareas civiles.
Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace indicó que las organizaciones y personas que tienen amparos tienen que revisar los términos de sus suspensiones. Afirmó que el gobierno tendría que resolver primero el tema de los recursos legales en su contra para continuar las obras.
