A la fecha sigue prevaleciendo en mi mente la misma idea que me forme de aquel joven, honesto, responsable, trabajador, visionario, que allá por el año 1977, del siglo próximo pasado, trabajaba para el desarrollo de las poblaciones indígenas de su natal Estado de Tabasco, bajo la guía moral del intachable servidor público del Instituto Nacional Indigenista, Lic. Juan Larios Tolentino, hijo predilecto de Huayacocotla, Veracruz.
Aquel, de quien habló es el único político mexicano que ha recorrido los 20471 municipios existentes en el territorio nacional, recogiendo las inquietudes, aspiraciones y demandas más sentidas de la población, las cuales se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que es el instrumento formal y legal, en el que se precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades para lograr un desarrollo sustentable y con justicia social, a cargo del Ejecutivo Federal. Se auguraban resultados sin precedentes. Sólo que, todo ese esfuerzo realizado, durante años, se empezó a pulverizar desde el mismo momento en que se definieron los candidatos a presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores y a dirigir las diferentes instituciones sociales, ya que en la mayoría de los casos se trataba de personas sin convicción política ni compromiso con el proyecto de la transformación de la vida nacional, además de ineptas y sin vocación de servicio al prójimo, que andaban a la deriva, en busca de una oportunidad para seguir preservando o acumulando poder político y económico, capaces de fingir lealtad para conseguir su propósito.
Los primeros resultados se empezaron a reflejar en los hechos más pronto de lo esperado, algunos de los beneficiados, una vez electos abandonaron el proyecto que nuevamente los encumbró, convirtiéndose en los más agudos críticos de quien los rescató del abandono político, para que siguieran viviendo del presupuesto, sin responsabilidad alguna. Otros, se rodearon de amigos e incondicionales para administrar las instituciones sociales que encabezan, muchas veces tomando decisiones fuera de la normatividad, de acuerdo a las ocurrencias del instante y no en función de lo objetivos, programas, estrategias, acciones y políticas nacionales, manifestando en común, poco interés, para atender las demandas más sentidas de la población como: la seguridad; el combate a la corrupción y la impunidad; la autosuficiencia alimentaria; servicios de salud y educación de calidad; transparencia en el manejo de los recursos presupuestales; cumplir y hacer cumplir las leyes; el respeto a los derechos humanos y la democracia. Que, hasta pareciera que sólo se atrincheraron en sus cargos, en espera de un mejor reacomodo en la próxima administración pública a iniciar en 2024.
Situación que se ha agudizado en algunas entidades federativas, donde se han disparado los índices de delincuencia, impunidad y corrupción, ante la indiferencia de sus gobernantes, posiblemente por la falta de conocimientos y experiencia, para administrar una entidad pública, dándole prioridad a renovar o contraer más deuda, y de esta forma tapar los boquetes financieros que dejaron las administraciones anteriores. Lo que significa que muchos seres humanos que aún sin haber nacido, ya son deudores de algunas instituciones financieras. Lo más grave del asunto, es en los casos donde hubo malos manejos de los recursos presupuestales, se integran en forma deficiente las carpetas de investigación, para que no se puedan judicializar, como previendo de antemano, protección ante cualquier descalabro político en el próximo 2024. Posiblemente, sea esa una explicación a la corrupción y la impunidad que permea todos los espacios de las administraciones públicas, que sin recurso actúan prácticamente como bolsas de trabajo, generando altas y bajas de personal con muy poca posibilidad de construir la tan indispensable infraestructura productiva, para impulsar el desarrollo regional.
Otro de los casos, de negligencia administrativa, sin duda alguna, sucede con la prestación del servicio educativo, donde las autoridades han provocado rezagos, difíciles de cubrir, tratando por todos los medios de justificar dicho fracaso, con la toma de decisiones a la ligera, como el de que ningún alumno de educación básica va a reprobar grado académico y que los grados escolares, serán sustituidos por seis fases de aprendizaje: la primera correspondiente a los primeros tres años de vida de los niños; la segunda a educación preescolar; de la fase tres a la cinco, educación primaria y la fase seis a la educación secundaria. De antemano se puede afirmar, que ninguna de esas dos decisiones, influyen en la calidad de la enseñanza, ni disminuye el rezago educativo, mucho menos la deserción escolar. El aprovechamiento educativo de las clases a distancia, no se puede evaluar porque no se realizó la planeación correspondiente, además del contexto de desigualdades sociales en que se dieron las clases a distancia es imposible calificar: puntualidad y asistencia, atención, participación, cumplimiento de tareas, adquisición y compresión de nuevos y mejores conocimientos, actitudes, valores y normas, personales y sociales. Por lo que respecta a sustituir los grados académicos por niveles de aprendizaje, parece una broma de mal gusto, ya que por todas partes que le busco, no encuentro la cuadratura a tal ocurrencia, no le veo ningún cambio sustancial que impacte los procesos de enseñanza-aprendizaje, ojalá que me equivoque, por lo pronto, sólo les falto agregar a su propuesta “es lo mismo, pero más barato”.
Ya lo he escrito en múltiples ocasiones, pero considero importante hacerlo de nueva cuenta, si las autoridades educativas, quisieran poner orden en el Sistema Educativo Nacional, no hay necesidad de gastar tiempo y recursos presupuestales en implementar ocurrencias, simple y sencillamente deberán de: mejorar los espacios educativos; mejorar las condiciones salariales de los docentes y trabajadores de la educación; asegurar una comida diaria a todos los alumnos; depurar los expedientes laborales; recuperar las funciones administrativas cedidas a los grupos sindicales; aplicar la normatividad educativa para acabar con la impunidad; vigilar el puntual cumplimiento a nivel nacional del calendario escolar; eliminar las inconstitucionales “cuotas voluntarias” que oscilan entre los $500 pesos en los jardines de niños hasta los $1800 pesos en algunos planteles de nivel medio superior; eliminar las irracionales “fichas” para tener derecho a examen de admisión que van desde los $ 500 pesos hasta los $ 1200 pesos y sustituir a quienes sin tener la preparación académica reconocida ni la experiencia administrativa requerida están al frente de alguna institución educativa, pero, que además, se confrontan con los trabajadores de quienes dependen la calidad de los procesos educativos, como sucede en algunos Subsistemas Educativos, en donde las autoridades en vez de generar un ambiente de armonía, esperan una mala expresión de algún trabajador para acusarlo de agresiones ante los tribunales correspondientes, sin importarles un comino el proceso educativo de los alumnos. Lo más absurdo, es que los gobiernos en turno utilizan las instituciones educativas como verdaderas bolsas de trabajo para cumplir compromisos políticos, principalmente de exgobernadores, diputados, senadores y lideres sindicales, sin importar el daño irreversible que provocan al proceso de enseñanza de las presentes y futuras generaciones, ya que la mayoría de las veces, sus recomendados con trabajos saben leer y escribir y así se atreven a trabajar como docentes. Sin embargo, también hay casos excepcionales.
De seguir haciendo las cosas en la misma forma, como se han hecho hasta ahora, esta administración en turno, tendrá un final muy parecido a la del Lic. Luis Echeverría Álvarez, donde en un principio todo era fe y esperanza, con la creación de un sin número de instituciones públicas, la incorporación de gente joven y comprometida, con jornadas laborales de día y de noche, para lograr un desarrollo con paz y justicia social, sólo que mientras que el Presidente, trabajaba largas jornadas, la mayoría de sus colaboradores se dedicaban a fortalecer sus relaciones políticas y a cuidar de sus intereses personales, dejando a la deriva su responsabilidad supuestamente asumida. Al final, le fallaron al presidente, y a México. Muchos de ellos, exfuncionarios, ministerios públicos, jueces, magistrados, federales, delegados, entre otros colaboradores de Echeverria, fueron llamados por el Gobierno de López Portillo, a rendir cuentas, ante los tribunales judiciales, siendo procesados y obligados a devolver lo que le habían robado al pueblo.
A estas alturas del sexenio, sólo se pregona llamar a cuentas a quienes han delinquido, pero como dijera el clásico “sin reo no hay justicia”, mientras tanto, por toda la geografía nacional, se registran homicidios, feminicidios, secuestros, raptos, tráfico de menores, delitos sexuales, todo tipo de robos, daño a propiedad ajena, fraudes, abusos de confianza, extorsiones, violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones familiares, narcomenudeo, amenazas, allanamiento, falsificación, delitos cometidos por servidores públicos, que llenan las estadísticas de seguridad sin ninguna trascendencia social. Al parecer las buenas aspiraciones, siguen en proceso.
No está funcionando el equipo o se atraparon los engranajes de la maquinaria administrativa, ya que cada día hay más pobres, más miserables, más delincuencia, más corrupción y más impunidad.
