En la actualidad el único contrapeso y rendición de cuentas real en México son las elecciones, que dependiendo del cargo se realizan cada tres o seis años. Exceptuando esta cuestión, buena parte de los cargos de la administración pública, en los tres niveles de gobierno, es vista como una especie de “micro monarquía” donde el gobernador, director, jefe de departamento, alcalde o sea cual sea la autoridad central, es quién gobierna como considera pertinente sin rendir cuentas a nadie más que a su superior, al partido o al líder político que le hizo llegar al cargo.
No hay una preocupación genuina por lo que dictamina la ley. Lo anterior encuentra su explicación en que a pesar de que en teoría se cuenta con muchas leyes que castigan la irresponsabilidad administrativa, así como los delitos cometidos por servidores públicos, no se cuenta con los medios o mecanismos coercitivos que obliguen a que las disposiciones legales sean aplicadas como corresponden, y esto sucede a su vez, por la falta de vigilancia y contrapesos institucionales reales. Por lo que al final, la administración pública queda absolutamente en manos de “la buena voluntad” de la autoridad de turno.
La falta de un estado de derecho genera que tanto la constitución como las leyes que emanen de ella se vuelvan meras guías de conducta política más que un elemento jurídico de obligación absoluta. Y por lo anterior, entonces la aplicación de la ley es completamente discrecional y selectiva. Esta situación se origina por la permanencia de un desbalance de poder en el sistema político, propiciado sobre todo por un poder ejecutivo con demasiadas facultades, extremadamente jerarquizado y con muy poco desarrollo en el servicio civil de carrera.
Diversos países del mundo, especialmente aquellos democráticos, cuentan con mejores esquemas de distribución de poder en la administración pública. Existen ministerios, secretarias, departamentos, corporaciones públicas, órganos judiciales, así como institutos públicos autónomos, que incluyen autoridades que no son nombradas directamente por el poder ejecutivo central, sino que se eligen de otras formas, ya sea mediante elecciones directas y desfasadas del tiempo electoral ordinario, concursos de oposición, nombramientos por terna o similares, e incluso por métodos que entremezclen los señalados. Al mismo tiempo la composición institucional de muchos países desarrollados tiene como base que los órganos públicos ejerzan vigilancia entre ellos, para lo que se generan administraciones colegiadas y/o rotaciones constantes y obligatorias en diversos cargos administrativos.
Independientemente de cuál sea el método que se utilice, la idea principal es que no toda la rama ejecutiva quede bajo control absoluto de una única persona o incluso de un único partido, sino que existan rubros mínimos para asegurar que la corrupción y el abuso de poder se disminuyan lo más posible. Por ejemplo, en México desde hace varios años, existe una grave situación en materia de seguridad, que tiene como uno de sus factores el tema de la rendición de cuentas de parte de las corporaciones públicas de seguridad y de procuración de justicia, especialmente porque al no tener un buen diseño en materia de frenos y contrapesos, la contratación, remuneración, permanencia y despido de elementos policiacos y ministeriales ha quedado a plena discrecionalidad de los nombramientos políticos que se hacen en tales áreas de la administración pública, más que en ejercicios de confianza y debidos procesos institucionales para promover, mantener o remover elementos de esas corporaciones.
Esto último es apenas uno de muchos ejemplos que podrían enlistarse en México, sobre cómo la negociación política sustituye la mayoría de las veces a la ley formal. Por lo tanto, no solo para el ámbito de seguridad, sino también para el resto de los problemas actuales de nuestro país, es absolutamente necesario que se reforme la administración pública, para que se asegure un genuino estado de derecho, que tome de base la rendición de cuentas y los frenos y contrapesos.
Desde luego, esta tarea no será nada sencilla, para empezar, se requiere de una sólida voluntad política que esté dispuesta a no caer en la tentación de dar permanencia al desbalance institucional actual para beneficio propio, e iniciar tanto leyes, como reglamentos, pero sobre todo acciones políticas, que permitan dar pasos firmes en una nueva institucionalización que deje atrás los resabios dictatoriales y encamine el país hacia la aplicación efectiva de la ley oficial.
De no lograrse lo anterior, la sociedad mexicana seguirá aspirando cada seis años a que la nueva autoridad entrante tenga la buena voluntad de hacer bien las cosas, y aun si esto llega a suceder, estas nuevas autoridades estarán bajo la terrible tentación de dejar de hacer bien el trabajo cuando quieran, ya que, si no hay rendición de cuentas, ni equilibrios de poder, ni consecuencias administrativas para el que viole la ley, la premisa que se mantendrá será un “¿y si no lo hago qué?”. Por lo tanto, es indispensable que se empiece a trabajar lo más pronto posible en medidas de rendición de cuentas para nuestras autoridades, que sobre todo las obliguen a hacer, aunque sea de la forma más básica o elemental, bien su trabajo, aun si no tienen la voluntad de hacerlo.
Al respecto, sin duda alguna sería interesante que los posibles aspirantes a la presidencia de la república para el 2024 esbocen entre sus propuestas una reformulación del institucionalismo del sistema político para generar los contrapesos adecuados a fin de ejercer un auténtico estado derecho.
Desde luego, aunque la calificación de World Justice Project es preocupante, al ubicar a México en una posición alejada de la idoneidad del Estado de Derecho, sin embargo, existen las posibilidades de avanzar en este aspecto. Tal vez la ley actual está mucho más teorizada que puesta en práctica, pero al menos en cuestiones de ideas y principios jurídico-sociales, México parece estar reconociendo ciertos elementos básicos para el desarrollo nacional.
Lo anterior lo podemos encontrar en algunas legislaciones tanto federales como estatales, y en elementos jurisprudenciales, que, aunque con fallas y muchas veces solo de manera parcial, han asumido principios fundamentales como los Derechos Humanos, sobre todo haciendo énfasis en la inclusión de minorías, así como también cuestiones referentes a la libertad cultural y de expresión. En este aspecto, México está por delante de algunos países que tienen un estado de derecho mucho más consolidado. Porque cabe aclarar, tener un estado de derecho funcional no es ni remotamente cercano a la idea de tener un estado que garantice los Derechos Humanos más elementales, así como los diferentes tipos de libertades existentes.
En ese sentido ha habido un desarrollo paradójico en varios países que se han esforzado por consolidar un Estado de Derecho, pero que no incluyen para nada cuestiones relacionadas a los Derechos Humanos, sobre todo en materia cívica y sociocultural, esto sin duda es un resabio del viejo positivismo jurídico, donde se parte de que aun si la ley es correcta o incorrecta, justa o injusta, debe obedecerse y aplicarse a los diversos grupos sociales coexistentes dentro del Estado, sin importar sus consecuencias.
Esta es una práctica común sobre todo en los países asiáticos, donde se ha priorizado tanto la idea de encontrar estabilidad sociopolítica y económica, que se ha optado por ignorar elementos del derecho internacional, así como principios de derechos humanos, lo cual ha tenido consecuencias muy severas, tales como la explotación laboral, la discriminación racial y de género, así como la segregación forzada de minorías étnico-culturales, e incluso fomentado la aplicación legal de tortura tanto física como psicológica en personas que se oponen al sistema político.
Por la evolución teórico- jurídica que ha venido sucediendo en México los últimos 20 años, ese no sería el camino idóneo para seguir. Existen las condiciones para que el país avance por un rumbo que efectivamente garantice una aplicación real de la ley, pero que vaya de la mano con principios de derechos humanos y de goce de las diversas libertades para sus ciudadanos.
Sin embargo, mientras no se corrijan las fallas estructurales de nuestro sistema político, especialmente en materia administrativa, esto no podrá ocurrir. Para asegurar que haya un respeto no solo teórico sino práctico tanto en la ley como en los principios de los derechos humanos, deben generarse los mecanismos que obliguen a las autoridades del estado mexicano a que apliquen esas leyes y esos principios.
