Ciudad de México.- Los inspectores laborales en México cuentan con un protocolo para identificar a víctimas de trabajos forzados durante las inspecciones de rutina a empresas y granjas, como prevé el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Según El Economista, sin embargo, no cuentan con la coordinación suficiente con otras dependencias para investigar a los perpetradores y atender a las víctimas, alertó el “Informe trata de personas julio 2022”, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que dirige Antony Blinken.
Cabe destacar que el capítulo 23 del T-MEC, denominado Laboral, establece definiciones, declaraciones, reconocimientos y obligaciones en materia de trata de personas y explotación. En específico, los artículos 23.1, 23.2, 23.3, 23.6 y 23.12 establecen la afirmación de los Estados firmantes de cumplir con las obligaciones adquiridas como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellas la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio, así como el combate a la trata de personas.
En ese marco, el reciente informe del Departamento de Estado mencionó que los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en México tienen un protocolo para identificar a presuntas víctimas de trabajos forzados durante las inspecciones de rutina a empresas y granjas registradas formalmente, “pero los observadores locales informaron de la falta de coordinación con otras secretarías para facilitar las investigaciones criminales y asistencia a las víctimas”.
El próximo sábado se celebrará el Día Mundial contra la Trata de Personas, delito considerado el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas. Cada año genera ganancias que van de los 32,000 a 36,000 millones de dólares, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las Naciones Unidas.
El “Informe trata de personas julio 2022” del Departamento de Estado refirió que el gobierno mexicano no asignó en 2021 “suficientes recursos o personal a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para hacer efectivo el cumplimiento de leyes laborales”.
Alertó que los inspectores de la Secretaría del Trabajo tuvieron un mandato limitado para llevar a cabo la supervisión de las condiciones de trabajo en negocios informales y haciendas—que emplean a más de la mitad de los trabajadores mexicanos—y un requisito de aviso previo de 24 horas para inspecciones de rutina, lo cual consideró un obstáculo para su efectividad.
Las autoridades llevaron a cabo muy pocas inspecciones en los principales estados agrícolas donde supuestamente se cometieron, o abundaban los abusos; investigaron pocas denuncias y carecieron de una coordinación eficaz, así como mecanismos para proporcionar a las víctimas servicios apropiados y acceso a la justicia penal. La legislación laboral careció de disposiciones que penalizaran las prácticas fraudulentas de contratación, que hicieron a muchos trabajadores vulnerables a la trata”, refirió.
Indicó que si bien la ley laboral en nuestro país prohibió a los reclutadores y agentes laborales el cobro de tasas a los trabajadores en forma de deducciones salariales, no se establecieron sanciones por estas prácticas, por lo que los reclutadores y empleadores continuaron cometiéndolas con impunidad.
“La ley exige a los empleadores pagar salarios semanales, pero el gobierno no hizo cumplir efectivamente esta disposición contra los empleadores que retienen salarios para obligar a los trabajadores cumplir determinadas cuotas (de trabajo) o seguir trabajando durante un tiempo determinado”, alertó.
El informe refirió que los contratos civiles prohibieron algunas prácticas de contratación fraudulentas, “pero no había evidencia de que el gobierno usara estas u otras figuras para responsabilizar a los reclutadores o empleadores”.
Asimismo, el documento mencionó que los grupos con mayor riesgo de trata en México incluyen a niños no acompañados, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo y migrantes, desplazados internos, personas de la comunidad LGBTQI+, trabajadores del sector informal y niños en territorios controlados por grupos criminales.
“Traficantes reclutan y explotan a mujeres mexicanas y niños, y en menor medida hombres, en el tráfico sexual en México y los Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, engañosas relaciones amorosas o extorsión. La mayoría de los casos de trata ocurren entre familiares, parejas, conocidos en las redes sociales o través de trampas relacionadas con el empleo. La explotación sexual en línea de los niños aumentó durante el año. Las personas transgénero son particularmente vulnerables al tráfico sexual
“Los traficantes utilizan cada vez más Internet, particularmente las redes sociales, para apuntar y reclutar potenciales víctimas. Traficantes explotan a adultos y niños mexicanos en trabajos forzados en agricultura, servicio doméstico, puericultura, manufactura, minería, procesamiento de alimentos, construcción, turismo, mendicidad y venta ambulante en México y los Estados Unidos. Los traficantes suelen explotar a los jornaleros y a niños en trabajo forzado en el sector agrícola de México, siendo la mayoría de las víctimas provenientes de poblaciones económicamente vulnerables e indígenas”, sostuvo.
