Bochornosas, decepcionantes y riesgosas fueron muchas de las escenas que se vieron el sábado 30 y el domingo 31 de julio en los centros de votación en los que se eligió a 3 mil consejeros nacionales que integrarán el órgano superior de dirección del partido Morena. Durante esas jornadas, si no en todas esas casillas sí en muchas, probablemente en todos los distritos, mucho de lo peor de las prácticas tradicionales en el sistema político mexicano se exhibió, como en un déjà vu de los no lejanos ni del todo superados tiempos pasados en que las votaciones se decidían mediante fraudes y manipulaciones de la voluntad de los ciudadanos.
Si bien nunca han desaparecido del todo, esas prácticas sí han sido restringidas en las recientes décadas por las leyes, los órganos electorales y la vigilancia de los ciudadanos sobre los procesos. Pero ahora, el acarreo de votantes, las dádivas en efectivo o en especie, el uso clientelar de los programas sociales, las presiones y chantajes a los sufragantes, el empleo de recursos públicos —como vehículos para movilizar a las bases hacia los puntos de votación— y hasta el secuestro, destrucción y quema de urnas y boletas volvieron a relucir como en los viejos tiempos del partido aplanadora oficial. También hubo enfrentamientos a golpes e insultos en los centros de votación. Sólo que en esta ocasión las graves irregularidades no iban enderezadas contra partidos opositores sino contra los competidores del mismo partido.
De antemano tres graves irregularidades planteaban ya un proceso también anómalo e incluso ilegal: una Comisión Nacional de Elecciones que no está conformada, como lo establece el artículo 45 del estatuto morenista, con integrantes del Consejo Consultivo sino a la que están integrados los dirigentes Mario Delgado y Citlalli Hernández —presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente—, entre otros funcionarios que no debieran legalmente estar ahí; un proceso electoral sin padrón depurado y certificado que garantizara certeza acerca de los votantes; y registro de candidatos no elegibles por ser autoridades o funcionarios de alguno de los poderes constitucionales en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Se convocó a la elección de los miembros del Consejo Nacional sin un padrón depurado, y éste se fue elaborando o ampliando los mismos días de las votaciones; es decir, en cuanto se llenaba y firmaba su hoja de afiliación, cualquier persona pudo votar. Muchos deben haber sido simpatizantes honestos y de buena fe del partido; pero muchos otros fueron llevados a los centros de votación por líderes, dirigentes partidarios e incluso operadores de los programas de bienestar del gobierno federal o de los estatales. Hay diversos videos en los que periodistas preguntan a la gente en las filas qué se va a votar, sin que puedan responder. Pero, eso sí, los acarreados recibieron previamente papelitos con los nombres que debían anotar en las boletas. De esa manera, un partido que hasta hace poco tenía 400 mil o 500 mil afiliados pasó, en un solo fin de semana a contar con dos millones y medio, según declaraciones de sus dirigentes. ¿Cuántos de ellos son en realidad militantes o simpatizantes de otros partidos o personas sin ningún interés particular en participar en las filas del Morena?
Pese al cúmulo de irregularidades, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el dirigente partidario Mario Delgado Carrillo minimizaron las anomalías, que, dijeron, fueron sólo casos aislados, y celebraron la copiosa participación de los ciudadanos en las jornadas electivas. Sólo los integrantes de la Convención Nacional Morenista (un agrupamiento no estatutario) de la que ha aparecido como vocero el académico John Ackerman, han estado acopiando pruebas de los métodos fraudulentos y señalando que se trató no de situaciones aisladas sino bastante generalizadas, probablemente en los 300 distritos federales en que se divide el territorio nacional. Ya se verán las dimensiones de las violaciones e irregularidades cuando se presenten denuncias ante la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia. También el senador Ricardo Monreal, coordinador de su bancada en la Cámara Alta, había advertido previamente que sería un proceso desaseado y mal organizado.
Lo que este proceso electivo vino a poner de relieve son dos cosas. En primer lugar, el insuficiente arraigo de la cultura democrática entre diversos sectores del partido en el poder, por encima de la cual colocan la disputa por posiciones y cargos de elección. Es muy probable que detrás de los acarreos y trasiego de votos en la elección de consejeros morenistas estén los intereses de algunas de las corcholatas que tiene la mirada puesta en las elecciones de 2023 y 2024 y buscan fortalecer sus posiciones al interior del partido para quedar mejor posicionados.
En el origen mismo del Morena está la raíz de esa situación. Morena no surgió realmente como un partido, con una ideología más o menos definida, un programa, disciplina interna y formas institucionalizadas de organización, sino como un movimiento político cuyo propósito central era, desde 2014, llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Al efecto, como movimiento, abrió las puertas no sólo a los obradoristas convencidos sino a una multitud de cuadros del perredismo, del priismo e incluso del panismo, ya avezados en las mañas y cochupos electorales. Esos elementos han llegado incluso a ocupar en el partido guinda las principales candidaturas y posiciones de dirección, tanto en los niveles municipal y estatal como en el nacional. El propio Mario Delgado (y varios otros como Miguel Barbosa y Pablo Gómez), no hay que olvidarlo, proviene del PRD que en 2012 firmó con Enrique Peña Nieto el “Pacto por México” y apoyó sus reformas estructurales en el Congreso. Lejos está, entonces, el hoy partido de gobierno de poder desarrollar una verdadera cultura democrática que impulse la actividad política consciente, informada y reflexiva de las masas en el aspecto electoral o en otros de la vida social.
La otra particularidad exhibida por el reciente proceso de elección interno es el débil apego a la legalidad por parte de muchos elementos del Morena. Se trata, sin duda, de algo muy extendido y que, con el acceso a las posiciones de poder público parece haberse exacerbado. No es sólo, entonces en el proceso electoral interno recién efectuado, sino en varios aspectos del estilo morenista de relacionarse con la ley.
Varios ejemplos hay en la presidencia misma de la República. Jueces federales, por decir uno, otorgan suspensiones contra actos del Ejecutivo en materia eléctrica; la respuesta del presidente es hostilizarlos y hacer público que los va a “investigar”, señalándolos, sin pruebas, de posibles actos de corrupción (contra lo cual se ha pronunciado recientemente un colegio de abogados de Nueva York, entre otros organismos). Otro juez otorga una suspensión definitiva contra las obras del quinto tramo del Tren Maya en Quintana Roo; el presidente busca burlar el mandato judicial expidiendo un decreto o acuerdo que determina que se trata de obras de “seguridad nacional”, sin que esto realmente pueda ser justificado. Resulta, entonces, que un derecho básico de las personas, como el amparo, puede ser nulificado por la propia autoridad contra la que se ha dictado, mediante un acuerdo o decreto. El estado de derecho hecho trizas.
Por otro lado, al menos tres altos funcionarios morenistas, dos secretarios de Estado y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, se dedican a recorrer el país y realizar reuniones con sus prosélitos con vistas a obtener la candidatura oficial para la presidencia en 2024, en abiertos actos anticipados de campaña, burlando la legislación electoral vigente y a los órganos de autoridad correspondiente, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente, el desafío a la legalidad, bajo la proclama del presidente de “No me vengan con que la ley es la ley”, es patente por parte del Morena y sus corrientes o tribus.
Otra norma interna burlada en 2021 fue la establecida en los Estatutos del Morena, según la cual los diputados plurinominales no podrían reelegirse para un segundo periodo inmediato; no obstante, muchos que llegaron por esa vía a la Cámara en 2018 fueron postulados nuevamente en las mismas condiciones por la dirigencia partidaria, avalando el aferrarse al hueso por esos legisladores.
Hay dos tipos de leyes, si atendemos a su origen. Muchas de ellas expresan los intereses de las clases o grupos dominantes que se imponen sobre el resto de la sociedad, como ocurre con las garantías a la propiedad privada, la libre movilidad del capital, las restricciones económicas y de libre circulación a los trabajadores y muchas otras. Pero hay también leyes que han surgido de las demandas y la presión desde abajo, por los grupos subalternos —los gobernados— como medidas de contención para frenar los abusos de poder por quienes lo ejercen en el ámbito económico o político. Son esta últimas las que más fácilmente son evadidas o burladas por los círculos de poder mismos, muchas veces de manera impune. Pero la exigencia de respeto y cumplimiento de la legalidad será siempre una medida de defensa de los débiles contra los poderosos.
No obstante, el actual gobierno y su partido, que dicen representar a las clases y grupos desvalidos —a los cuales muchas veces manipulan y usan para sus intereses— no pueden dar hoy lecciones de moralidad, de democracia o de apego a la ley. ¿Cuándo podremos ver en nuestro país la plena vigencia del estado de derecho y la prevalencia de una cultura democrática?
