Morelia, Mich.- Abusos policiacos, quejas vecinales y de automovilistas por el funcionamiento de antros y la limitación en el uso de espacios públicos, conformarían el otro informe sobre un año de actuación del presidente Alfonso Martínez Alcázar, quien presume en esta su segunda gestión que la capital estatal “brilla”, palabra que acompaña publicitariamente sus acciones de gobierno.
Hasta julio del presente año, son 16 las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Policía de Morelia, una corporación que se mantiene bajo la crítica por el excesivo uso de la fuerza en sus operativos y de los cuales han sido blanco además integrantes de colectivas feministas y periodistas, como ocurrió con varias detenciones ejecutadas por la corporación el pasado 18 de marzo, durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Apenas la semana anterior, una mujer trabajadora ambulante fue golpeada y despojada de su mercancía de una manera violenta, un proceder característico de la Policía Morelia.
La actuación de los uniformados igualmente se ha extendido con igual actitud hacia automovilistas, los cuales ya sea en operativos por el alcoholímetro o en el defender sus derechos ciudadanos, han sido reprimidos, situación de la que no escapan incluso los mismos funcionarios municipales como el titular de la Dirección de Residuos Sólidos del Ayuntamiento, Eduardo García Chavira, quien semanas atrás fue sometido por la fuerza al acudir en apoyo a su hija.
En una denuncia en su página de Facebook, el 19 de junio del presente año, narra que al acudir en auxilio de su hija tras ser sometida a una prueba de alcoholímetro, él propuso conducir la unidad al corralón, lo que generó en su arresto y traslado a barandillas. El también ex diputado local por el PAN, renunció a su cargo tras los acontecimientos, aunque luego reculó y fue reinstalado tras un arreglo en lo privado con el alcalde y el titular de la Policía Morelia.
Otros automovilistas, no en operativos de alcoholímetro, han señalado que el Centro Histórico se ha convertido en un área de abusos por parte de elementos de la Policía de Morelia. Además de que prácticamente ya no permiten que en ningún lado se estacionen los vehículos, los uniformados actúan sin ninguna consideración y efectúan el “arrastre” de las unidades hasta el corralón municipal, cuyos gastos son aplicados al presunto infractor, toda vez que los servicios que utilizan para llevar los vehículos son de empresas privadas.
Además de manifestar su oposición a la propuesta de Martínez Alcázar para implementar el uso de parquímetros en la ciudad, ciudadanos plantean que deben existir mayores espacios públicos para estacionarse y no privilegiar el que necesariamente se acuda a los estacionamientos privados, con un cuota promedio de 30 pesos por hora.
Otra queja ciudadana se refiere a las autorizaciones para el funcionamiento de antros en espacios habilitados para ellos en el Centro Histórico, y que no necesariamente cumplen con características para este tipo de negocios. Ruido hasta altas horas de la noche, calles convertidas en urinarios y automóviles estacionados en ligares para discapacitados, son entre otras, las quejas que advierten una presunta colusión entre inspectores y dueños de estas negociaciones, donde además han ocurrido enfrentamientos o hechos violentos que ponen en riesgo a los asistentes.
“Que no se hagan tontos con los antros. Aquí tenemos dos”, dice un ciudadano para Cambio de Michoacán, entrevistado en el cruce de las avenidas Morelos y Madero. “Empiezan a la una de la tarde y acaban a las dos, tres de la mañana, a todo lo que da, arriba del Hospital de Lentes. A las tres de la tarde ya están con un ´tum tum tum´, retumban nuestras casas. Ya un día les cerramos la calle.”
