Ciudad de México.- La creciente violencia en el país que acumula homicidios a niveles históricos, con un promedio de 68 asesinatos por día, pone en tela de juicio la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido ‘a capa y espada’ la política de ‘Abrazos, No Balazos’.
En medio de una ola de ejecuciones, narcobloqueos, incendio de vehículos y negocios, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, fue cuestionado respecto al accionar del cuerpo de seguridad federal, informa El Financiero.
“¿Tienen órdenes de no dispararle a los criminales?”, preguntó un periodista. “No, tenemos las órdenes de apegarnos a lo que establece la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Esa ley establece los niveles de uso de la fuerza por parte de las autoridades (…) no puede ser igual la respuesta de alguien que no tiene armas de alguien que de quien sí tiene armas y que amenaza la vida de personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional”, respondió el secretario en conferencia de prensa.
A pesar de que existe un despliegue aparatoso de los elementos de seguridad del Estado, más de 100 mil hombres, según cifras de la Sedena, este fin de semana solo se reportó la captura de 36 personas vinculadas con la violencia suscitada en Jalisco, Guanajuato, Baja California y Chihuahua. En el informe de seguridad emitido este lunes por el Gobierno Federal no destaca la aprehensión de ninguna persona de alto perfil en las organizaciones criminales.
El capítulo III de la Ley de Uso de la Fuerza, indica que esta regirá bajo el principio de absoluta necesidad.
“Para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor”.
El argumento referido por Cresencio Sandoval está sustentando en el principio número cuatro de dicho capítulo referente a actuar en “igualdad de condiciones”.
“Para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza”.
Las fuerzas de seguridad evitan, en la medida de lo posible, abatir a los criminales, acatando esta orden jurídica.
