El actual presidente de México, desde que era candidato a este honroso cargo, prometió que si triunfaba disolvería a las fuerzas armadas.
Ya como ejecutivo federal, durante los primeros meses en el ejercicio del poder, ratificó su decisión de regresar al ejército y a la marina a sus cuarteles, y estudiaba, dubitativo, cómo destruir a esas instituciones militares.
No hay duda de que esa determinación unipersonal, y autoritaria, estaba en un posición de extremo.
Todos los ciegos lacayos de ese poder le aplaudían a rabiar su antimilitarismo al presidente, y repetían como pericos domesticados las supuestas razones de estar en contra de la militarización.
Ahora, en este agosto 2022, el péndulo presidencial se colocó en el otro extremo.
El movimiento de extremo a extremo no fue violento, ya que poco a poco fue transformándose, el presidente, de radical civilista a fundamentalista castrense, con los matices convenencieros que le permitió el ser jefe nato de las fuerzas armadas.
La determinación presidencial fue de facto e inconstitucional, por entregar al ejército y a la marina muchas de las atribuciones que corresponden legalmente al resto de las secretarías del ejecutivo federal, en cada entidad federativa, y adjudicarles, con amplia discreción y sin licitaciones, una enorme tajada del erario federal.
Ha estado violando el presidente la Carta Magna que protestó cumplir (respecto a las fuerzas armadas y de forma directa) en los artículos 5º, 13, 21, 31, 36, 76, 89 y 129; preceptos que pretende derogar, reformar o adicionar, y de manera indirecta otros que le estorbarían en su proyecto militarista.
Y con la ansiedad de sus ocurrentes prisas, el presidente, sin esperar a un proceso legislativo del congreso constituyente permanente, se adelantará el próximo 16 de septiembre para entregar la Guardia Nacional (a la que la constitución instituye como organismo civil) a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.
En franco desprecio al sistema jurídico mexicano, lanza la bravata el presidente: “que juzgue mi acto de autoridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Mientras eso acontece, el presidente, con su política de seguridad pública, está incendiando al país.
Al tiempo que un periodista chayotero del obradorato, cercano al ejecutivo federal y llamado Epigmenio, asegura que “el narco y la derecha” son los causantes del caos, cuando a la vista el presidente es responsable de todo, por su autoritarismo.
Por otra parte, si hubiese narcos con la derecha, también habría narcos con la izquierda.
Ese es el galimatías desbarajustado al que nos ha conducido el actual presidente; porque la vocación de éste no es unir, sino desunir, no es sumar sino restar, no es multiplicar sino dividir, en todo y a todos.
Así, se ha metido en callejones sin salida, y en ellos, cada vez se atasca más.
Todos sus palafreneros bajunos que antes le aplaudían su antimilitarismo, hoy por hoy festinan con hurras su militarismo.
Claro que este engorroso problema tiene solución.
Pero se necesita que el presidente, sea quien sea, con carácter y totalmente permeable, decida firme y con buen sentido, sobre lo que le presente un pequeño equipo multiprofesional de mexicanos inteligentes, honrados y trabajadores, que planeen, a corto, mediano y largo plazo, con puntualidad, valentía y lucidez, las operaciones precisas a seguir de inmediato.
Desde luego, reconociendo y partiendo del cochinero en que estamos.
Y al arrancar de dónde y cómo estamos, tener por meta, entre otras cosas positivas, la desmilitarización de México, reentregando a nuestras fuerzas armadas, con reconocimiento, dignidad y decoro, el honorable lugar que nuestra Carta Magna les otorga.
