Morelia, Mich.- En su mayoría, los reglamentos municipales sobre la vía pública no son aplicados por la misma autoridad y deriva en un uso ilegal de los espacios, señaló el catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Rubén Jiménez Páramo, quien en un análisis sobre el uso de los espacios establece que de aplicarse la normativa como debiera ser no existirían los fraccionamientos privados.
Autor del “Análisis jurídico sobre los bienes de dominio público de uso común y los destinados a un servicio público en el municipio de Morelia, Michoacán, durante los años 2015 a 2021. La calles de Morelia”, desarrollado durante su año sabático y que apenas concluyó el 22 de agosto con la presentación de resultados, el docente señala que de acuerdo con bandos y decretos, está prohibido el uso de los portales morelianos, saturados de mesas y sillas de los cafés, ya que de acuerdo con el propio Ayuntamiento, son propiedad del municipio, al tratarse del uso de vías de paso o tránsito peatonal, y no de los comercios establecidos en los mismos.
En solicitudes de información pública, señala, la autoridad municipal le contestó que desde inicios del siglo XX, “los portales son propiedad del municipio”, por lo que cuestionó si acaso pagaban derechos de uso de la vía pública los negocios ahí ubicados, y aunque le contestaron que así fue, no le respondieron sobre los criterios o montos aplicados como recaudación.
Este cobro, afirma, se debería aplicar también a compañías como Teléfonos de México o servicios de cable, más considera que en base a la respuesta obtenida, al parecer no se aplica tarifa alguna, aunque la Ley de Ingresos establece hasta datos del 2015 el cobro de un peso y fracción por metro lineal en el uso de la vía pública por personas físicas o morales, en tanto que en la de 2022, la tarifa pasa de tres pesos, aunque señala que de acuerdo a lo que investigó, los cobros han sido irregulares, “del 2015 en adelante, sólo se cobró en el 2017, 2019, del 2020 para acá no han cobrado, o sea, las compañías utilizan gratuitamente la infraestructura.”
Advierte que es igual de grave el desinterés o desconocimiento de la ciudanía para observar la ley como las omisiones de las autoridades.
En el caso de las manifestaciones o protestas en la vía pública, indica que se debería reglamentar de manera que no se viole el derecho a la protesta; advierte que es un tema delicado, pero opina que además estas movilizaciones ya no generan ningún impacto para las autoridades y sí molestias a otros sectores.
Sobre proyectos como la instalación de parquímetros, que propuso recientemente el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, señala que la iniciativa ya había sido planteada en el trienio de Wilfrido Lázaro Medina, cuando desde entonces, hace ocho años, “en vez de favorecer a una empresa”, se pensó que lo ideal sería aplicar un programa como el Hoy no circula, por lo que además de propuestas viables considera que el ciudadano tiene a su favor herramientas legales para impugnar la decisión de la autoridad y no lo hace. La medida, en el caso de los parquímetros, considera, “es una especie de privatización del espacio público.”
Con una experiencia laboral en el Ayuntamiento de Morelia, donde estuvo hasta el año 2016, el catedrático de la Facultad de Derecho y de la Escuela Preparatoria “Melchor Ocampo”, recuerda que un artículo del Reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública de 1973, en la administración de Marco Antonio Aguilar Cortés como alcalde, estableció que quedaba terminantemente prohibido el uso de la vía pública con fines comerciales. “Este reglamento estuvo vigente hasta 2012, cando se emite el nuevo Reglamento de Mercados, casi lo vuelve a repetir”, en tanto que el actual, refiere, del 2014, “ya lo toca más suavecito”.
Recuerda también que en el 2001, cuando se retiró el comercio ambulante del Centro Histórico, se acordaron algunas tolerancias, “por ejemplo, los globeros, los boleros y los puestos de periódicos y revistas”, aunque a partir de esta permisividad se extendieron los oferentes de otros giros.
Refiere que en el fraccionamiento Las Américas, existen calles como Brasil “que ya la cerraron, con unos topecitos”, y otra, Trinidad y Tobago esquina con Uruguay, “de plano ya está bardeada, la cerraron los vecinos”. El tema, indica, remite a que de acuerdo con el Código de Desarrollo Urbano, “no habla de fraccionamientos privados, habla de fraccionamientos residenciales, campestres, pero de los privados no los contempla la ley”.
Destaca que con requerimientos de información pública, cuestionó si calles o banquetas estaban concesionadas “o tienen permiso para ser usadas por particulares, me contestan que ninguna. La calles tienen una dualidad, son bienes del dominio público, de uso común, además están destinadas a un servicio público por virtud del artículo 115 constitucional”, referente a las atribuciones de los gobiernos municipales. En este caso, refiere el uso de los espacios por los lavacoches, quienes, sospecha, gozan de permiso o protección especiales de las autoridades, dada la tolerancia hacia sus actividades y quienes, si no es contratado su servicio, le niegan a los ciudadanos el uso de los cajones de estacionamiento en la vía pública.
Sobre el uso cada vez más restringido para estacionamientos en el primer cuadro de la ciudad, alude a que a partir del 2011, el gobierno municipal concedió tres concesiones a estacionamientos privados, el ubicado en la antigua Central de Autobuses, otro en el Mercado Revolución o San Juan y el del Mercado Independencia, “en lo que son idénticos, es que los tres prohíben el estacionamiento en las zonas aledañas a estos estacionamientos, pero también prohíben el dar un permiso a un particular para que él ponga su estacionamiento en esa área, eso sí es violatorio de derecho; incluso, la autoridad sabe que eso puede ser ilegal, a menos que haya una resolución de la autoridad judicial”, ya sea a través de un amparo o fallo del tribunal administrativo a petición de algún ciudadano, al estar violándose la libertad al trabajo o al comercio.
Hasta el 2016, dice, había más de 100 reglamentos, más de 200 acuerdos administrativos, circulares y planes de desarrollo. De este cúmulo de normas, asegura, “me alargo si acaso se aplicaban 10 y me alargo todavía más, si la ciudadanía los conoce”. Cuestiona que la autoridad, “hace poco o nada por difundir los marcos legales”.
Plantea que atrás de las presuntas omisiones, podría preverse que en los años siguientes se incremente el uso de los espacios públicos por intereses comerciales o mercantiles. “No veo un criterio, de porqué algunas calles como Quintana Roo, son tres carriles, se pudiera dejar un espacio para estacionarse y otros dos para circular, como sí se hace con Rayón, que tienen más o menos el mismo ancho. ¿Por qué unas calles sí y otras no?”, se cuestiona.
Estacionarse en el centro es un lujo, aduce, “no obstante que desde el 2001 y 2002, se implementó el Plan Maestro para el Rescate del Centro Histórico, que estableció que las oficinas públicas deberían empezar a salir del Centro Histórico”, lo que generaría una menor saturación vehicular en el primer cuadro de la ciudad, lo que no se ha cumplido.
-¿Qué herramientas o elementos tendría a su favor el ciudadano, para que se mantenga el uso público de los espacios?
“Desde el punto de vista legal, el Reglamento de Orden y Justicia Cívica, que establece la posibilidad de denunciar estos hechos y que todos deberíamos de conocer. Sí se puede presentar una inconformidad ante la autoridad municipal”.
