Morelia, Mich.- En tanto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a la clausura del área donde particulares realizaban el derribo de árboles desde el pasado fin de semana en la tenencia de Jesús del Monte en esta capital, trascendió que autoridades ambientales del estado podrían revocar la última autorización emitida en marzo para beneficiar la ampliación de un proyecto inmobiliario aprobado desde el 2007.
La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), realizó el pasado domingo una inspección en la zona. El titular de la dependencia Arturo Chávez Carmona, señaló que se estaría en la revisión de los permisos sobre la zona en cuestión y que los trabajos se podrían limitar o clausurar debido a que “tocan” ya en los límites un monte denso constituido por pinos y encinos, que deben preservarse.
Hace una semana, de acuerdo a una versión periodística, en la zona se había iniciado el derribo de “cientos de árboles” para ampliar un campo de golf en la zona denominada Bosques Monarca, otro desarrollo inmobiliario del empresario Francisco Medina Chávez. La acción habría impactado presuntamente una extensión de “más de 100 hectáreas”, con el derribo de “pinos, encinos e incluso especies protegidas”, según la versión del reportero Arturo Molina en La Voz de Michoacán (13 de septiembre).
A principios de la semana, de acuerdo con ambientalistas, la Profepa decidió hacer la clausura del área de derribo el pasado martes, debido a que no se contaba con el permiso para realizar el corte, al igual que no se cuenta con ninguna autorización para cambio de uso del suelo.
Lo que sí se tiene, es una autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del gobierno estatal, a cargo de Alejandro Méndez, emitida en marzo pasado, para intervenir 43 hectáreas -que es la extensión en la que se trabajaba por parte de la empresa inmobiliaria-, que constituiría la doceava etapa de un proyecto autorizado para desarrollarse desde el año 2007 por autoridades ambientales de Michoacán.
De acuerdo con Chávez Carmona, esta doceava etapa sería la última que plantea el proyecto inicial aprobado en el año citado y contempla trabajos en 200 hectáreas, que se aprobó por etapas y no de una manera general en la gestión de César Fernando Flores como titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. “Todo el polígono está plenamente autorizado desde el 2007”, señala Chávez Carmona.
De acuerdo con esta última etapa y que concitó la alarma de ambientalistas por el derribo de árboles, no se prevería la ampliación de un campo de golf, al igual que de acuerdo con la Proam, no se estaría interviniendo con los trabajos en el área Natural Protegida de Santa María ni con la reserva de Pico Azul, colindantes con el área de Bosques Monarca y con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Lo que sí podría ser objeto de clausura, señaló Chávez Carmona, es que los trabajos “tocan” ya los límites de un monte denso constituido por pinos y encinos, que deben preservarse al no estar en la zona de autorización.
En un comunicado, la Proam señala el mismo 13 de septiembre que la visita de verificación realizada tuvo el fin de verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, “entre ellos, llevar a cabo el programa de reubicación y rescate de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la Tilia Mexicana; respetarse y limitarse a las dimensiones específicas del proyecto, utilizar materiales de construcción provenientes de los bancos de materiales pétreos que estén registrados, acciones de reubicación de los árboles según lo propuesto en la manifestación, entre otras.”
La Proam, en concreto, revisaría la regularización de permisos concretamente para las 43 hectáreas, de acuerdo a la autorización emitida en marzo del presente año, trámite en el que, dice Chávez Carmona, “estamos siendo muy acuciosos” en la revisión de los permisos y los pasos de la inmobiliaria respecto a los mismos y que desembocan en esta última doceava etapa.
Ante la intervención de la Profepa por la falta de permisos de derribo de árboles o de cambio de uso del suelo, se espera que la Proam -que había anunciado la posible acción por su parte tras la inspección realizada el domingo pasado-, este próximo miércoles emitirá un dictamen que incluso podría ser “revocatorio” de la autorización emitida en marzo por la SMA.
