Morelia, Mich.- Hasta 300 mil pesos alcanzaba el precio por la venta de una plaza docente en Michoacán, proceso irregular que reportaba ingresos anuales por este concepto hasta de 480 millones de pesos “para los líderes sindicales”, señala en un comunicado la Secretaría de Educación del Estado (SEE).
De acuerdo con la dependencia, el proceso implicaba la participación de funcionarios de la dependencia y aunque no se ha establecido si hay una ruta para fincamiento de responsabilidades a los mismos, se aduce que en la actual administración “se le ha puesto freno” al eliminar a intermediarios de trámites “que pueden hacer directamente los profesores de manera gratuita.”
Sin mayor información o datos concretos respecto a la identidad de los presuntos líderes implicados en la venta de plazas, la SEE plantea que para este “reordenamiento” se creó el Órgano de Seguimiento, Vigilancia y Transparencia a los Procesos Administrativos, el Comité de Ética y la implementación del nuevo Órgano de Validación, Asignación y Transparencia en Movimientos de Plazas no Docentes.
Como medidas de reordenamiento al personal directivo, administrativo y docente, se plantea para éstos “cumplir con sus obligaciones y levantar las actas correspondientes ante cualquier acto de corrupción o irregularidad, así como notificar por escrito de los movimientos del personal a su cargo, como la generación de vacantes por ausencia, abandono, renuncia, jubilación o fallecimiento.”
El reordenamiento propuesto supone “mantener actualizada la plantilla del personal en sus centros de trabajo, además de prohibir “estrictamente” emitir fuera de la ley documentos en los que se autoricen altas o cambios de centros de trabajo; ello puede ser motivo de responsabilidad penal, administrativa, laboral o financiera, según sea el caso.
“Huachicol de plazas”
El pasado lunes 19 de septiembre, en rueda de prensa, la titular de la SEE, Yarabí Ávila, describió la ruta de lo que la administración estatal ha denominado “huachicol de plazas”, que a su decir no sólo aplicaba para las plazas docentes, sino también para plazas administrativas “e incluso de horas y cambios de centros de trabajo.”
La ruta del “huachicol” implicaba, según lo descrito por Ávila, la participación de funcionarios de la dependencia, tema en el que hasta el momento la SE no ha establecido si ya se inició el fincamiento de responsabilidades.
El primer punto de la ruta del huachicol, era la liberación de una plaza por motivos como renuncias, jubilaciones o defunciones. En un segundo momento un coyote conocido como “gestor” informaba de la existencia del espacio a un segundo “gestor”, quien solía ser servidor público e incluso formaba parte de un sindicato.
El segundo “gestor”, tenía un listado de prospectos interesados en “comprar” una plaza, generalmente no estaba en la estructura, pero operaba para expresiones sindicales o para algún funcionario de alto nivel de la secretaría.
Posteriormente, este segundo “gestor” pactaba el precio, recibía y repartía el dinero entre personal de la SEE para que se concretara el trámite con los operadores administrativos.
