La corrupción es un mal que lleva aquejando a nuestra región desde prácticamente la consumación de la independencia de los diferentes estados latinoamericanos. Es ya un fenómeno sociopolítico e institucional tan recurrente que muchas personas en Latinoamérica lo consideran como un elemento cotidiano de la vida diaria y hasta profesional. Sin embargo, ¿por qué a pesar de dos siglos de existencia, la mayoría de los países latinoamericanos aún no han conseguido deshacerse de este factor que ha entorpecido tremendamente el desarrollo nacional, así como la aplicación del Estado de Derecho en la región?
Para responder a esta incógnita primero debemos entender qué es este fenómeno tan percibido por la población, pero que en el fondo tiene una definición mucho más compleja de la que se cree. La RAE, respecto a las organizaciones y organismos públicos, define la corrupción como “la utilización ilícita de las funciones de aquellas organizaciones en provecho de sus gestores”, aunque dicha definición pareciera ser muy simple y directa, deja mucho en qué reflexionar. Por estereotipo la mayoría piensa que la corrupción tiene como único propósito el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, así como de algunos actores del sector privado que se benefician de dicha actividad, pero en realidad es mucho más complejo que solo eso.
Muchos actos de corrupción son cometidos no por un propósito netamente económico-individual sino como una acción para favorecer o desfavorecer a determinados grupos, incluso en ocasiones con algo de legitimidad social. Sin embargo, todos los actos que se realizan utilizando la corrupción, sean en beneficio individual o colectivo, tienen el común denominador de desfasar la ley haciendo abuso del poder de una autoridad determinada.
Cabe señalar que las leyes siempre pueden cambiarse, especialmente en democracias, rara vez permanecen completamente estáticas, sin duda alguna son perfectibles, a su vez cada ley se crea, elimina o modifica conforme determinado contexto social, político, histórico o económico, por lo anterior las leyes no necesariamente serán justas, más bien lo serán desde una determinada perspectiva, pero conforme hay visiones que consideran que determinada ley es justa habrá otras que consideren que no lo son, sobre todo en un régimen democrático. Latinoamérica no es la excepción a esto, dependiendo del punto de vista, las leyes y las constituciones podrían ser justas o injustas, sin embargo, independientemente de lo anterior, la corrupción no tiene una correlación directa con esta “percepción de justicia” que puede tener cada ley.
Justa o no, en teoría la ley debe ser aplicada correctamente por los funcionarios públicos; cuando esto no ocurre, es entonces cuando se habla de actos de corrupción, independientemente del beneficio que tiene su finalidad. Y esto es precisamente el problema que ha venido afrontando el combate contra la corrupción en la mayoría de Latinoamérica, especialmente en México.
La visión tan acotada y simplista que se tiene de la corrupción evita que puedan hacerse análisis integrales sobre como opera esta y así encontrar potenciales soluciones para acabar con ella. No basta creer que una mejor redistribución de la riqueza será lo único que tiene que hacerse para terminar la corrupción, ni tampoco deponer a viejos servidores públicos por nuevos. La corrupción debe atacarse impidiendo que las autoridades en turno puedan abusar de su puesto público para traspasar impunemente lo indicado por la ley. En todo caso si se considera que una ley es incorrecta, esta puede modificarse o hasta llevarse directamente al poder judicial para posibilitar su derogación o alteración, sin embargo, el abusar del poder conferido jamás será una solución definitiva para cualquier problemática social, política o jurídica.
Incluso si hay líderes que consideran que es mejor “saltarse” la ley para favorecer a sectores marginados, debe tenerse muy en cuenta que al hacerlo esto incentivará para que políticos opositores hagan lo mismo si alguna vez consiguen un puesto político determinado, propiciando así un círculo vicioso de corrupción. No obstante, más que creer en la buena voluntad de líderes políticos, la mejor forma de combatir la corrupción es diseñando mecanismos institucionales que incentiven a los funcionarios públicos a hacer correctamente su trabajo, incluyendo el respeto a la ley, a sabiendas de que la violación a los preceptos legalessi traerá consecuencias legales negativas para ellos.
Los gobiernos que desean combatir la corrupción deben enfocarse en esto último, más que en buscar servidores “honestos” o “de buena moral”, para los cargos públicos. El freno y contrapeso debe estar ensamblado de tal forma que incluso un funcionario público que no quiera hacer bien su trabajo no tenga otra alternativa que hacerlo correctamente o en el peor de los casos desistir de ejercer el cargo, debido a las potenciales consecuencias institucionales que tendría que enfrentar. Solo de esta forma habrá mayor seguridad de que las leyes se cumplan adecuadamente y no den cabida a actos o acciones de corrupción institucional.
