El rectorado de Raúl Cárdenas Navarro ha degradado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por las descaradas muestras públicas de violación a los derechos humanos, la normatividad y el manejo irregular de los recursos que el pueblo otorga para el sostenimiento de la institución, manejando en el discurso que su administración ha logrado cuantiosos ahorros reduciendo el déficit universitario,, según lo reportó en diciembre de 2021, de 650 millones de pesos, a la cifra que manejó el gobernador Ramírez Bedolla en la reciente conferencia sobre el problema del Colegio de Bachilleres, 140 millones de pesos, cuando en realidad ha estado mintiendo al respecto, pues lo que ha hecho es despojar al personal activo, jubilados y de deudos de los compañeros fallecidos, en más de tres años del pago de sus prestaciones y manejar de manera opaca los recursos descontados vía nómina.
Además no hay que olvidar que se mintió cuando en un medio se manejó que ocupaba el 8° lugar en desempeño, cuando en realidad ocupó el número 28 de 35 en el ranking de rectores de universidades públicas de CE Research y con una aprobación del 37.1%. Ha usado como arietes a los funcionarios universitarios y en connivencia con el Comité Ejecutivo General 18-21 revocado y caduco del Sindicato de Profesores (SPUM), ha promovido la implantación de una cultura de terrorismo laboral e ilegalidad contraria a los principios de la Máxima Casa de Estudios del Estado, contribuyendo con ello a la exacerbación de la corrupción.
El rector Raúl Cárdenas y sus funcionarios trascenderán en la historia de nuestra universidad como déspotas represores, pues a pocos días de salir aún se dan tiempo de perjudicar a las y los trabajadores universitarios, muestra de ello es el reciente despido injustificado de la Dra. Leticia Bobadilla González, Coordinadora de la Red de Estudios sobre la Universidad Pública y los Derechos Humanos, sin observar el debido proceso, ni los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia.
Con los despidos injustificados de trabajadores y académicos no es a Leticia Bobadilla González, María Luisa Sáenz Gallegos, Manuel Calderón Ramírez, Juan Camargo, Jorge Álvarez Banderas y otros 42 compañeros universitarios a quien se reprime, sino al movimiento democrático sindical y a todo aquel que cuestione las prácticas antidemocráticas, arbitrariedades, abuso de poder e ilegalidades en la institución, que han sido recurrentes y exacerbadas en la administración de Cárdenas Navarro, pues se ha mantenido la denuncia del despojo de los derechos laborales, la irregularidad en los órganos de gobierno sindicales, universitarios y direcciones en las dependencias, las ilegalidades y el manejo opaco de los recursos universitarios. Además, se actúa irresponsablemente pues las reinstalaciones representarán una erogación y daño patrimonial a la institución por los gastos de reinstalación, las costas y la pérdida temporal de plazas de trabajadores y profesores que cuentan con reconocimientos como el perfil PRODEP.
El caso particular del despido de la Secretaria General Interina del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, fue un acto de represión política con alta carga simbólica para infundir miedo e inhibir la movilización entre los académicos. También, ha representado un retroceso en los derechos políticos de la mujer, pues es la primera vez que una fémina ocupa ese espacio en los 45 años de vida del SPUM y no sólo se le negó el derecho al reconocimiento de la representación, sino que se ha obstaculizado por medio de las redes de influencia que han tendido las autoridades, los charros sindicales y machistas caciques institucionales que no conciben la pérdida de control de sus estamentos y un sindicalismo democrático.
Con la cobarde práctica de los despidos injustificados se violenta el derecho espiritual al honor, al poner en tela de juicio la ética de los trabajadores imputándoles faltas graves que ameritan el despido para desvirtuar el sentido de las denuncias, se violenta el derecho de los menores dependientes a una vida digna, se criminaliza la protesta, realizada en el marco del respeto, pero con firmeza y así distraer la atención del problema y sentido real de estas: La connivencia en la violación sistemática del Estado de Derecho y el manejo opaco de los recursos que otorga el pueblo para el sostenimiento de la Universidad Nicolaita, que se expresan en la retención sin reembolso de los recursos sindicales a discreción, falta de pago de prestaciones e irregularidades en el manejo de la Caja de Ahorro, que el mismo Secretario de Finanzas revocado ha referido, son recursos retenidos por la autoridad.
Se criminaliza la protesta y se violenta grotescamente el derecho a la libre expresión de ideas y manifestación en un espacio en que naturalmente se privilegia la divergencia de pensamiento y expresión para la formación del juicio crítico de los futuros actores del desarrollo económico y social y dirigentes de las organizaciones públicas y privadas. Cobardemente, Raúl Cárdenas Navarro, sus subordinados y elementos del Comité revocado, se escudan en la autonomía universitaria tergiversando su sentido; pues según la Ley Orgánica esta reside en la comunidad nicolaita y es para la designación de su gobierno, manejo de su presupuesto y la determinación de sus Planes y Programas de Estudio; no es sinónimo de impunidad, ni justifica la violación del Estado de Derecho.
Como puede observarse hay graves violaciones a la dignidad y Derechos Humanos y laborales de los trabajadores universitarios, así como un grave estado de indefensión por la imposición de un Comité sindical revocado y caduco, mantenido por la administración cardenista, los caciques sindicales e institucionales y las redes de influencia que han tejido en años de control de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
De acuerdo con los estudios sobre corrupción y su erradicación, lo primero que debía hacerse es mantener la denuncia sobre los hechos y los conflictos de interés, pero principalmente debe ser mencionada, y reconocida, pero sobre todo repudiada, asimismo, se requiere que los abusos sean castigados.
El perjuicio a los trabajadores despedidos injustificadamente es mucho y de diversas formas, sin duda hay afectaciones a su reputación, a su integridad física y/o psicológica, daño patrimonial, despojo de la seguridad social y una de las más nocivas ha sido privar a los menores dependientes del acceso a diversas experiencias, como las clases extracurriculares o atención expedita de salud, por la falta de ingresos suficientes al hogar por los caprichos de una administración de paso.
Por lo anterior es necesario demandar la reinstalación de los despedidos injustificadamente por motivaciones políticas, que se llame a cuentas a Raúl Cárdenas Navarro y sus funcionarios por los perjuicios cometidos en contra de los trabajadores y no permitir la continuidad a la represión política, la censura y el manejo opaco de los recursos universitarios, así como mantener la denuncia, transparentar la estructuras que perpetua la corrupción, entre otras acciones. Pues se ve con pesar que, como de costumbre las y los aspirantes a ocupar la Rectoría que están en franca promoción, evitan pronunciarse respecto a las grandes problemáticas universitarias que deberán enfrentar, de cara a la comunidad, demostrando no autonomía, sino una sumisión a las formas que perpetúan la ilegitimidad y la obediencia ciega.
