Ciudad de México.- La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) admitió una queja interpuesta por las omisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la aplicación de la legislación ambiental en la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, las cuales podrían estar violando el capítulo 24 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
“Por las razones expuestas, el Secretariado (del CCA) determina que la petición SEM-22-002 (del Tren Maya) satisface los requisitos de admisibilidad listados en el artículo 24.27 del TMEC y amerita una respuesta por parte del gobierno de México”, informó el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental.
“Habiendo corroborado que la información adicional sometida a consideración por las Peticionarias satisface, en efecto, todos los criterios del artículo 24.27( del TMEC)”, agregó el organismo intergubernamental creado y financiado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.
El CCA está facultado para examinar peticiones en las que se asevere que uno de los integrantes del TMEC está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales.
El Tren Maya es un proyecto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que recorrerá una distancia de mil 500 km aproximadamente y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El 21 de julio de 2022, las organizaciones Moce Yax Cuxtal, Grupo Gema del Mayab, Red de Formadores Socio Ambientales, Sálvame del Tren, Cenotes Urbanos, Jaguar Wild Center y 18 personas a título individual presentaron ante el CCA una queja contra el Tren Maya.
Las asociaciones civiles “aseveran que México incurre en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental con respecto a la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, en los municipios de Solidaridad y Tulum, Quintana Roo”.
Un mes después, el CCA determinó que la petición SEM-22-002 del Tren Maya no satisfacía todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 24.27 del TMEC, por lo que le notificó a las organizaciones civiles la determinación.
El organismo pidió a las asociaciones civiles y a las personas físicas presentar información sobre el estatus jurídico de quienes suscriben la queja en contra del Tran Maya.
