No obstante haber cumplido 22 años de transición democrática, el sistema político mexicano aún carece de órganos públicos eficientes que garanticen una rendición de cuentas efectiva para los servidores públicos, especialmente en las entidades federativas. Es cierto que anualmente los titulares de las diversas dependencias deben entregar informes sobre su desempeño, y que igualmente han de presentarse ante el congreso federal, o el local, dependiendo del nivel de gobierno, si es que son llamados a ello.
Sin embargo, lo señalado anteriormente es una rendición de cuentas que es completamente variable, es decir, no opera de forma constante, y sobre todo queda a expensas de quienes compongan las fuerzas políticas del legislativo en turno y de cómo estén dispuestas. En ese contexto, la rendición de cuentas está sujeta en su mayoría a dictámenes y acuerdos de corte político, lo cual la ubica bastante lejos de ser considerada un elemento trascendente para el desarrollo nacional.
La rendición de cuentas no puede seguir sujeta a estos acuerdos o composiciones partidistas, toda vez que cada servidor público, especialmente los titulares, deben ser juzgados con el mismo rigor sin importar cuál sea la fuerza política imperante. Para conseguir esto, las instituciones deben ser reconfiguradas de tal forma que aseguren que los funcionarios rendirán cuentas en todo momento.
La mejor manera en que se puede realizar una rendición efectiva es a través de una vigilancia de corte horizontal, es decir que determinado órgano o dependencia vigile a otro y así sucesivamente. En la actualidad, la rendición de cuentas en términos prácticos se ejerce de forma vertical, en donde el superior en la jerarquía vigila y ordena a los subordinados. En teoría esto también puede incentivar a un buen desempeño, sin embargo, al mismo tiempo este esquema es mucho más propenso al abuso y a la corrupción.
Justamente muchos servidores públicos de medio y bajo nivel reciben presiones de sus superiores para realizar actividades polémicas y hasta ilícitas; muchas veces incluso se les piden cuotas financieras o que sean permisivos con determinados actos que en teoría deberían castigarse. Y justamente los funcionarios no tienen a nadie para recurrir una vez que sus superiores deciden transgredir las disposiciones legales.
Esta trasgresión lamentablemente queda en la impunidad la mayoría de las ocasiones, ya que los altos funcionarios usualmente no tienen a quién rendir cuentas y en caso de tenerlos, si cuentan con padrinaje político quedan sin castigos significantes. No parece haber preocupación al respecto, sin embargo, es de absoluta importancia encontrar la solución a este problema mediante el rediseño de las instituciones para que haya una vigilancia directa y expedita sobre las actividades de los funcionarios públicos.
Es cierto que estas medidas implicarían una reducción práctica en las facultades de muchas esferas de la administración pública y quizás a su vez eso genere más tardanza en la ejecución de actos administrativos, sin embargo, resultará mucho mejor que dichos actos estén completamente respaldados por elementos legales y sobre todo que su desempeño tenga una vigilancia transparente y eficaz para asegurar que no haya abusos y todo se mantenga dentro del marco normativo. No puede hablarse de avance y desarrollo político, sin la existencia de un mecanismo que no solo asegure que la autoridad se apegue a la ley, sino que también le sea eficiente a la ciudadanía.
Pero esta reconfiguración institucional sin duda necesita un buen empuje de la élite gobernante especialmente de aquella ubicada en el poder legislativo. Sin la voluntad política para reformar las instituciones públicas, la rendición de cuentas seguirá siendo un mero espejismo producto de los caprichos políticos de turno.
