Lima, Perú.- La crisis política en Perú se extiende por la región. La cancillería peruana llamó este jueves a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia en señal de protesta por su apoyo al expresidente Pedro Castillo, detenido desde hace una semana por el intento de autogolpe. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte acusa a los mandatarios de los cuatro países de entrometerse en “los asuntos internos” de Perú al cerrar filas con el expresidente. Un movimiento del eje de izquierdas latinoamericano del que se ha desmarcado el presidente chileno.
Según EL PAÍS, Castillo se había sentido bastante solo durante su mandato, apartado de esa reciente unión de países en la que nunca llegó a encajar. Gustavo Petro, decidido a echarle una mano, fue el único presidente que visitó Perú en el año y medio del maltrecho Gobierno del maestro rural. Ahora que está preso, sin embargo, tiene más apoyo exterior que nunca.
Petro y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han liderado la defensa de Castillo, al que consideran una víctima del sistema político peruano. Hace tres días, en un comunicado junto a Argentina y Bolivia, los cuatro países pidieron a las autoridades peruanas respeto por la investidura de Castillo. “Desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice el texto.
La relación diplomática ha comenzado a tensarse. La situación no es fácil para la nueva presidenta. Las protestas en las regiones del sur del país que piden el adelanto electoral y la liberación de Castillo están poniendo a prueba su resistencia estos días. El ruido exterior de los países vecinos aumenta la presión sobre el Gobierno que resultó del intento de asonada. México, Colombia, Argentina y Bolivia pidieron en su comunicado a las instituciones peruanas “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ha sido enfática al asegurar que hubo un golpe de Estado y que los pronunciamientos de los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Petro y López Obrador “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo”. Añadió que en el país hay “pleno respeto” por los derechos humanos y que Castillo ha contado con todas las garantías procesales desde su detención.
El comunicado no ha sido el último acto en defensa de Castillo. Petro insistió el miércoles en su postura, incluso marcando distancias frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio su apoyo a la “respuesta democrática” de las instituciones peruanas al intento de autogolpe. El presidente colombiano había solicitado a la CIDH el jueves pasado que le diera protección a Castillo, un día después de su detención por anunciar la disolución del Congreso y su intención de empezar a gobernar por decreto. Una solicitud que no tenía ninguna opción de prosperar.
