Hoy se cumplen 13 días de la deposición de Pedro Castillo como presidente de Perú, al mismo tiempo las manifestaciones que sucedieron a dicha acción han cobrado la vida de 25 ciudadanos de este país, y las circunstancias no parecen modificarse. El sector rural-magisterial que forma parte de la base de apoyo de Castillo continúa movilizando sus protestas por la deposición del exmandatario y en contra del actual gobierno provisional dirigido por Dina Boluarte.
No están claras cuáles serán las consecuencias de toda esta situación. Cabe señalar que Castillo pretendió, fuera de los canales institucionales, disolver el parlamento y gobernar provisionalmente a través de decretos, toda vez que parte del legislativo peruano tenía la pretensión de destituirlo por “incapacidad moral”, una forma de juicio político utilizado en Perú. Desde luego, dicha figura es muy polémica, y siendo objetivos aun frente a los potenciales errores de tipo político-administrativo, Castillo no era merecedor de dicha figura, sin embargo, esto cambió con la pretensión del ejecutivo de desintegrar el legislativo.
Las leyes peruanas sí contemplan la posibilidad de que esto pueda suscitarse, y justamente el presidente sí tiene el derecho de disolver el congreso y convocar a nuevas elecciones para el señalado poder, pero con la condicionante previa de que su gabinete haya sido rechazado dos veces consecutivas por parte del legislativo, situación que no ocurrió en esta ocasión. Lo cual trajo como consecuencia que pudiera legitimarse la vacancia aplicada para Pedro Castillo.
Ahora bien, los ganadores políticos en el corto plazo fueron los rivales políticos de Castillo especialmente el sector fujimorista. Paradójicamente, Castillo intentó imitar la estrategia de Fujimori en 1992 cuando disolvió el congreso de forma extralegal y gobernó sobre Perú de manera autocrática. Al final de cuentas, aunque la situación actual de Perú es compleja no es parecida a la de 1992; en la actualidad el sistema de partidos está atomizado y el poder judicial ha adquirido mayor relevancia en la participación de acontecimientos públicos, sin mencionar que actualmente no hay una amenaza latente a la integralidad territorial de Perú como en su momento lo fueron los grupos terroristas.
Sin embargo, esta pequeña victoria sobre Castillo podría convertirse en un inconveniente de largo plazo si no logran establecer algún proyecto que pueda encausar las diversas demandas sociales que en su momento Castillo prometió cumplir. Es probable que el sector social que apoyó a Castillo mantenga su movilización hasta que parte de estas demandas sean cumplidas, en caso contrario seguirán realizando acciones políticas contra el actual gobierno, y muy probablemente contra el siguiente si resulta estar conformado por rivales de Castillo.
Incluso esta movilización podría favorecer a políticos anti-establishment que, si bien no son aliados de Castillo, tampoco le fueron completamente adversos, tales como el antaurismo y su polémico proyecto etno-cacerista. No hay certidumbre de que sucederá ahora, sobre todo por que desde 2016 la inestabilidad ha sido un factor con el que los peruanos han tenido que lidiar, la pregunta clave es ¿cómo reaccionará el elector peruano frente a esto? La inestabilidad se combate con instituciones sólidas, situación de la cual Perú carece en muchos aspectos, por lo que es probable que se dé cabida a una nueva generación de políticos que procuren una renovación profunda del Estado peruano, aunque con la incógnita de la base que tendrá dicha renovación.
