El año que recién concluyó —no obstante, la paradoja— ha tenido la virtud de mostrarnos con evidencias dolorosas, el incremento de la velocidad en la destrucción de los ecosistemas naturales y por consecuencia en la degradación de la calidad de vida de los michoacanos.
Nos ha mostrado, por enésima ocasión, que los bosques michoacanos siguen desapareciendo sin que gobierno y sociedad hayamos podido o querido encontrar la fórmula para detener la devastación y mucho menos llevar a cabo acciones para recuperar y mitigar tales pérdidas.
Ha corroborado que la cuestión del agua, la vitalidad de manantiales, zonas de recarga freáticas y disponibilidad de ella para asegurar la vida de los ecosistemas, las actividades productivas y el derecho humano a ella, ha entrado ya en la ruta de la precariedad, o sea, de crisis.
Ambos problemas, la pérdida de bosques y la crisis por el acceso al agua, lo observamos, van de la mano. La brutal pérdida de bosques (más del 50 % en 25 años) se ha llevado también entre las raíces del arbolado y vegetación arrancada y calcinada una cantidad no cuantificada de zonas de recarga.
Menos bosques significa menos disponibilidad de agua. Pero, el incremento de las actividades agrícolas como los cultivos aguacateros y frutillas y la expansión urbana creciente, exigen mayores cantidades de agua que las que se necesitaba hace dos décadas.
La relación desproporcionada entre el crecimiento en la demanda de agua y la reducción de bosques hace tiempo nos está anunciando la emergencia de conflictos sociales que se agudizan en la temporada seca de cada año.
La disminución de los sistemas naturales “productores de agua” y el incremento en la demanda de ella ha seguido una dinámica inercial que no ha podido ser revertida ni por las políticas gubernamentales ni por los actores sociales asociados a este fenómeno.
Contener y en su caso revertir está dinámica suicida obliga a la toma de decisiones impostergables desde el ámbito gubernamental y con la participación de la sociedad. Cada hectárea de bosque que se está perdiendo ya no representa un daño marginal supone un daño superior toda vez que incrementa de manera exponencial la presión que se ejerce sobre los escasos sistemas sobrevivientes.
Los tiempos para posponer están agotados. Frenar la vorágine de los actores económicos que promueven el cambio de uso de suelo y la instalación de huertas ilegales debe hacerse con urgencia. Es una práctica que ya no puede ser tolerable desde la política y quedar impune frente a la ley.
La agenda para 2023 deberá considerar, con seriedad y determinación, la decisión de 0 cambio de uso de suelo, y debe junto a esta acción impulsar en el marco del TMEC y para el mercado nacional el establecimiento, de una vez por todas, de normas ambientales para la producción, exportación y comercialización nacional del aguacate. No más un producto agrícola que provenga del cambio de uso de suelo, la tala ilegal, la calcinación de fauna y flora, y la concentración abusiva del agua.
En ese mismo tenor y previendo los usos abusivos del agua que suponen las decenas de miles de hoyas concentradoras instaladas fuera de regulación en la franja aguacatera, el gobierno de Michoacán, su legislativo y la sociedad, deben dar el paso que no se ha querido dar en 30 años: debatir y aprobar una legislación que regule la instalación de estas construcciones, considerando criterios ya fundados como el de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, el principio de precaución, el de pro natura, el derecho humano al agua y las normas de construcción congruentes con la protección civil.
La crisis ambiental que estamos viviendo en Michoacán toca también de manera clara a la cuestión educativa. La formación en valores ambientales y el conocimiento de contenidos ecológicos que le permitan al educando actuar y comprender asertivamente su relación con la naturaleza es fundamental para reducir la huella ecocida que genera la intervención del hombre en nuestros bosques y aguas. La educación básica, la media superior y la superior deberán hacer los ajustes necesarios en sus currícula para lograr educandos activos en favor de los ecosistemas que nos permiten la vida y la subsistencia de nuestra civilización.
De gran relevancia será para este 2023 la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales, quienes suelen ser acosados, amenazados, levantados y secuestrados en los territorios en donde hacen denuncias de delitos ambientales. Preocupa y mucho que México esté ubicado entre las naciones en donde menos se respetan los derechos y la vida de los ambientalistas. Supone esta trágica realidad un sistema de seguridad y legal que permite la impunidad o inclusive la colaboración con los agresores. Michoacán debe generar un sistema vigoroso de prevención, protección y atención a los derechos de los ambientalistas. Más vale prevenir que lamentar.
La atención a esta agenda a lo largo del 2023 puede cambiar, para mejorar, la ruta ambiental que nuestro estado ha seguido hasta ahora. ¡Hagámosla posible!
