Las fuertes protestas registradas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, han derivado ya en la cifra de 80 muertos. Boluarte, mantiene su postura de continuar al frente del gobierno de dicho país tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, las manifestaciones continúan sucediendo en diferentes áreas del país andino, la última actuación notoria de parte de las fuerzas de seguridad fue la toma de las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En dicho lugar, los elementos de seguridad derribaron la entrada mediante el uso de una tanqueta y posteriormente detuvieron por igual tanto a manifestantes como a miembros del alumnado que ahí se encontraban, realizándose más de 150 detenciones. Debido a lo anterior diversas instituciones tanto académicas como defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación ante esta situación, por considerar que los elementos policiacos estaban extralimitando sus funciones, al tiempo que tales acciones eran incentivadas desde la presidencia de Baluarte bajo el esquema mediático de combatir “vándalos” y “terrucos” que habían estado involucrados en el incendio de edificios públicos.
Tristemente, esta no es la primera ocasión en la que se observa este tipo de manifestaciones violentas en Perú, ni tampoco es la primera vez que en el gobierno se reacciona haciendo uso de la fuerza sin medir las posibles consecuencias socio-jurídicas. Justamente en los últimos años de la dictadura fujimorista, hubo violentas manifestaciones exigiendo la renuncia de Fujimori y la convocatoria a elecciones libres, al mismo tiempo en dichas manifestaciones hubo edificios quemados, de los cuales algunos consideran que fueron dañados por el propio gobierno con intención de denostar la legitimidad de las protestas.
Es complicado determinar si eso mismo está ocurriendo hoy en Perú, toda vez que las condiciones políticas son otras, en lugar de tener un gobierno dictatorial, más bien se afronte la dispersión del poder político y la inestabilidad en la gobernanza nacional, con presidencias bastante débiles, efímeras y con poco respaldo de las fuerzas políticas injertadas en el legislativo nacional. Esto ha propiciado una atomización en el sistema político peruano, lo cual ha impedido hasta la fecha la formación de un nuevo proyecto político viable.
A lo anterior hay que sumar el desgaste y falta de credibilidad que tienen las fuerzas políticas tradicionales en Perú. Tres expresidentes están bajo arresto debido a investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, hace casi 4 años otro expresidente se suicidó debido a esas mismas investigaciones; los hechos anteriores han debilitado tremendamente sus corrientes políticas.
El fujimorismo, apenas logra mantenerse de pie, no obstante, sus actuales líderes, especialmente Keiko Fujimori, están muy desgastados en su imagen pública, aun cuando todavía poseen una base de apoyo más o menos relevante. El partido aprista peruano, que fue uno de los principales institutos políticos que más participo en la historia del país durante del siglo XX, no logró mantener su registro en 2021 y ahora no tiene representante alguno. La mayoría de las opciones de izquierda permanecen estancadas y con fuertes divisionismos ideológicos que les ha impedido articular un bloque y proyecto en común.
Tal parece que, en este clima político tan complejo, son las posturas radicales las que están teniendo más eco en la opinión pública. Rafael López Aliaga, actual gobernante de Lima basó su discurso en una postura populista-conservadora, de respuesta de mano dura a la inseguridad y llegada de migrantes a las zonas periféricas limeñas. Al mismo tiempo, pero desde una visión más indigenista, el antaurismo está resurgiendo como opción política, a raíz de la liberación de su principal líder y fundador, Antauro Humala, el año pasado, mismo que interpreta que la situación política actual es culpa de la oligarquía blanca limeña que aparentemente nunca ha tenido interés en el resto de la nación.
No hay todavía una respuesta clara de parte de la élite dominante para dar salida a la actual crisis, desatada por el intento de autogolpe del expresidente Castillo, misma que ya dejó un saldo de decenas de muertos y centenares de heridos. Muchas voces de distintos sectores políticos y sociales consideran que deben de realizarse elecciones para la presidencia nacional lo más pronto posible, pero parece que al actual gobierno no le agrada dicha idea.
Dina Boluarte tiene un serio inconveniente, ella proviene del partido del expresidente Castillo, pero actualmente se tiene que respaldar con los dirigentes opositores para evitar su caída del gobierno, así como también de parte de las fuerzas armadas, lo anterior acota considerablemente su margen de maniobra, pero mantiene una incógnita, y es que no se tiene claridad sobre a qué fuerza política le irá a rendir cuentas sobre la actual situación.
La carencia de proyectos nacionales para Perú está cobrando factura hoy mismo, por lo pronto, lo indispensable sería tratar de llegar a un acuerdo nacional que permitiera quitar el actual estancamiento político y buscar una solución que permita la participación electoral de los diversos sectores sociales que hoy están en conflicto. Pero si ni siquiera eso logra conseguirse, es muy probable que lo único certero que sucederá en el futuro próximo será el incremente de radicalismos en la nación peruana.
