Consejeros del INE alistan acciones jurídicas contra el “regresivo e inconstitucional” plan B de AMLO

Sesión del INE. (Foto: especial)

Ciudad de México.- Las once consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron de regresivo e inconstitucional el llamado plan B de la reforma electoral, por lo cual adelantaron que interpondrán en su contra los recursos jurídicos correspondientes, como acciones de inconstitucionalidad, una vez que este plan sea aprobado por el Congreso de la Unión.

Lo anterior se señala en un informe sobre el impacto y los riesgos de dicha reforma electoral, y el cual fue presentado hoy durante la sesión del Consejo General del INE y fue elaborado por las y los consejeros de ese órgano electoral, informa proceso.com.mx

El informe indica que esta reforma está hecha desde el poder y solo busca beneficiar al gobierno de la “Cuarta Transformación”, mientras que debilita a la estructura del INE, por lo que se pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024.

Asimismo, la reforma vulnera la autonomía técnica del INE en materia de fiscalización; retrocede los avances ya alcanzados en el voto electrónico; modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; no pone las condiciones para una competencia electoral pareja ya que involucra indebidamente a servidores públicos, entre otros puntos.

Ante todo esto, los consejeros anticipan un incremento en los litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casillas, con lo cual se pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad política.

Por ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que, de aprobarse el llamado plan B, en sus términos actuales, “debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios”.

Y en caso de que el Poder Legislativo apruebe dicho plan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”, ya que deberá resolver los recursos jurídicos que se interpongan.