ECOS LATINOAMERICANOS: El costo del desarrollo y la seguridad (parte 1)

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele. | Fotografía: Archivo

El día primero del presente mes, Nayib Bukele inauguró la cárcel más grande construida hasta la fecha en la república de El Salvador. La señalada construcción lleva el nombre de “Centro de confinamiento de terrorismo” y tiene el propósito de ser el lugar donde estarán reteniendo a los diversos miembros de las denominadas “maras”, grupos de pandilleros que a su vez son parte del crimen organizado en el Salvador y otros lugares de Centroamérica.

La prisión cuenta con un espacio para retener a un máximo de 40 mil personas y será custodiada por un aproximado de 900 efectivos entre las fuerzas de seguridad y la policía nacional salvadoreña. Esta es la máxima obra de Bukele en materia de seguridad, la cual sin duda comenzará a llenarse rápidamente con detenidos a causa de la continuación del estado de excepción decretado por Bukele en el primer trimestre del pasado 2022.

Este estado de excepción ha permitido a Bukele desmantelar las maras en todo el territorio de El Salvador. Los lideres fueron recluidos y se les incomunicó del resto de la cadena de mando de las pandillas, permitiéndole de esa forma a las fuerzas de seguridad iniciar arrestos masivos a los distintos miembros medios y bajos de las maras en los últimos meses.

Esto último permitió el aumento de la seguridad y una reducción drástica en las extorsiones y la operación de las pandillas. Si bien aún hay grupos delictivos que operan en el territorio, cada vez son menos los vinculados a las famosas maras. Incluso hay testimonios que demuestran que diversos miembros de las MS13 y la M18, las agrupaciones criminales más poderosas hasta hace unos años, se ha tratado de borrar los tatuajes para que las fuerzas de seguridad no los identifiquen y arresten.

¿Pero cómo fue posible que el estado de excepción lograra colocar a El Salvador de los lugares más violentos del planeta en uno de los menos inseguros a nivel Latinoamérica? La clave está en el ejercicio de acción política y administrativa dictada por Bukele.

Bukele, quien llegó a la presidencia en 2019, aprovechando su capital político y su carisma electoral logró tomar el control del legislativo durante las elecciones a la mitad de su gobierno, arrinconando a la oposición, y de esta forma teniendo carta libre en el congreso nacional inició una purga al interior de poder judicial para deponer jueces que no se alineaban con sus intereses políticos. Posteriormente empezó a deponer a altos mandos de las fuerzas de seguridad y de la policía nacional que tampoco le eran favorables.

Pero el punto toral de su estrategia de seguridad fue con la aplicación del estado de excepción de hace un año. Dicho estado de excepción todavía se mantiene vigente y Bukele no ha dado señales que aparenten concluirlo. Este estado de excepción suspende las garantías constitucionales a ser detenido con orden judicial y ser juzgado acorde a las leyes penales salvadoreñas.

Básicamente da rienda suelta a las fuerzas del orden para detener a quien consideren como un potencial criminal, pandillero o terrorista sin tener que llevarlo ante un juez y que se le haga un debido proceso conducente. Al mismo tiempo durante este estado de excepción Bukele no ha dudado en recurrir a extorsiones, amenazas y chantajes a los principales lideres pandilleros que actualmente se encuentran encarcelados.

Las fuerzas de seguridad y de los centros penitenciarios han venido en los últimos años humillando, torturando y obligando a los residentes de los centros penitenciarios de alto impacto a ordenar a sus subordinados fuera del penal que detuvieran sus actividades delictivas. Esto se tradujo en una reducción drástica de parte de la violencia y al mismo tiempo en desarticulación de las bandas criminales. Sin embargo, resulta evidente que este tipo de tácticas no solo han sido violadoras directas de derechos humanos, sino hasta incluso del propio Estado de Derecho.

Bukele rige El Salvador como un dictador de facto, únicamente la delgada línea que lo separa de ser un autócrata pleno es su alta aprobación en la población, prácticamente más de 80% de los salvadoreños lo respaldan, y que técnicamente el polémico presidente ha conseguido su cargo y sus respectivos apoyos por vía de la elección. Aunque está en duda si esto seguirá así por los siguientes años.

La única forma de mantener la estrategia de seguridad tal como se está realizando es con una permanencia de Bukele en la presidencia en el largo plazo, para ello el actual presidente salvadoreño tendrá que reelegirse. Aunque la constitución no contempla la reelección, Bukele puede cambiarla haciendo uso de su mayoría legislativa, así que ese no será un inconveniente para él. Por lo que todo apunta a que la estrategia actual de seguridad se mantendrá tal cual, incluyendo todos sus efectos colaterales y consecuencias.

La propia oposición salvadoreña ha reconocido que esta estrategia ha traído seguridad y el fin de las amenazas de las maras, sin embargo, el costo ha sido muy elevado en materia institucional. No solo son las violaciones deliberadas en materia de derechos humanos lo que ha tenido de consecuencia este tipo de acción política, es también la falta de certeza jurídica lo que ha sido sacrificado para traer seguridad.

No es sorpresa para nadie que El Salvador es de los países que desde el fin de su guerra civil en 1992 ha tenido un bajo desempeño en Estado de Derecho y desarrollo institucional, el poco institucionalismo desarrollado en dicho país fue rápidamente cooptado por los principales grupos de poder quienes lo utilizaron para sus beneficios personales en lugar de desarrollar políticas nacionales que permitieran a El Salvador afrontar las diversas problemáticas, entre ellas la inseguridad.

Sin embargo, con Bukele el poco institucionalismo que había fue borrado por completo. Ahora es solo Bukele y su movimiento político el que rige la vida de El Salvador. En términos más politológicos el bukelismo es una adaptación moderna de un caudillismo, en este caso Nayib Bukele dictamina directamente toda la administración pública sin tener inconveniente en ignorar los marcos legales correspondientes.

Seguridad y desarrollo económico son los pilares en los que basa su gobierno el polémico mandatario. Mientras estos dos elementos sigan en pie, difícilmente habrá quién pueda rivalizar con Bukele. Curiosamente, Bukele se ha mofado de sus adversarios señalándose a sí mismo como “el dictador más cool del mundo”, lo cual al mismo tiempo resulta irónico toda vez que efectivamente tiene una conducta dictatorial, pero que le ha permitido obtener un enorme respaldo público. A lo cual puede decirse sin demasiado inconveniente que Bukele es prácticamente un dictador querido por el pueblo salvadoreño.