INAI ordena a CNDH informar de ataques a medios de comunicación

Periodistas de Morelia se manifiestan contra el asesinato de comunicadores. | Agencia de Comunicación Gráfica

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe informar el número de ataques a medios de información registrados en su base de datos, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2022, ordenó este jueves el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Según Forbes México, este órgano autónomo también resolvió que la CNDH debe revelar el cargo de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en específico, el número de cada persona visitadora adjunta.

El comisionado Francisco Javier Acuña expuso ante el pleno del INAI que los ataques a medios de comunicación tienen la “intención de cegar y de ponerle una mordaza al medio de comunicación social que está cumpliendo con su deber”.

“El ataque a medios informativos es una de las manifestaciones intimidatorias más graves, que no solo ha sido tristemente en muchísimos de los casos, una amenaza cumplida, una advertencia cobarde, pusilánime”, consideró.

Esta resolución ocurre después de que la CNDH se declarara “incompetente” y negara la información a un ciudadano al que sugirió dirigir su petición a la Fiscalía General de la República (FGR).

En el análisis del caso, el comisionado Acuña advirtió que la CNDH sí es competente para conocer el número de ataques a la prensa, como se puede constatar en su portal institucional en el que, de 2005 a 2017, tiene registrados 52 atentados a instalaciones de medios de información.

“La CNDH, que es el ombudsman a nivel nacional, no puede dejar de atender una contabilidad lastimosa y triste de cuántos ataques se están llevando a cabo porque un ataque aislado, así sea en el punto más desconocido o menos frecuentado de la geografía, es una amenaza a todo el país”, advirtió el comisionado.

También dio la razón al ciudadano en cuanto a que la información de los directivos del programa de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos está incompleta.