Después de haber trabajado durante algún tiempo en diferentes dependencias tanto de la Administración Pública Centralizada como de la Paraestatal, realizando diversas actividades, unas relacionadas con la planeación, programación-presupuestación, y otras con la administración de servicios a la comunidad. Nunca imaginé que los últimos años de mi vida laboral, los fuera a pasar frente a un grupo académico, desarrollando los contenidos temáticos de los programas de estudio, que semestralmente se me asignaban de acuerdo a mi contrato de trabajo previamente establecido.
Circunstancialmente, de un momento a otro, quedé contratado como docente, del nivel medio superior, al parecer, mejor oportunidad de trabajo no podía tener, partiendo del mito de que en esa actividad se gana mucho y se trabaja poco, máximo 200 días al año, con tres periodos de vacaciones pagadas, de 10 días hábiles cada uno de estos, 6 días, dedicados a reuniones de academias, más los días festivos, y puentes o fines de semana largos, aparentemente mucho asueto como en ninguna otra actividad.
Sin embargo, ese espejismo va desapareciendo tan rápido como se vive la realidad, tal como dice el refrán, “el león no es como lo pintan”. Por principio de cuentas no todos los docentes ganan lo mismo, aun cuando trabajen igual número de horas frente al grupo, a veces las diferencias son significativas, las cuales oscilan en un rango de 18 niveles salariales. Si bien, es cierto que anualmente se puede participar para mejorar el salario, también es cierto, que cada vez, es más difícil hacerlo, por lo complicado de los requisitos que se tienen que llenar para lograrlo, con la intención de que sean pocos los beneficiarios, simulando un sistema democrático de mejora salarial. Lo que dificulta, cada vez más el cumplimiento del mandato constitucional que indica que a “trabajos iguales salarios iguales” y al no cumplirse dicho mandato, implícitamente se está generando, desigualdad y discriminación.
Indudablemente la docencia es una de las actividades más noble a la que se pueda dedicar cualquier ser humano, al permitir participar en la formación educativa y humana de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tarea nada fácil de realizar, si se hace con pasión, responsabilidad, honestidad, ética profesional y se le imprime un espíritu de calidad humana, como a diario lo hacen mis excompañeros del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 120. Quienes, para cumplir puntualmente con sus actividades, tienen que trabajar mucho más horas de las remuneradas, al tener que preparar la clase diaria, elaborar el material didáctico necesario para hacer más ameno el proceso de enseñanza-aprendizaje; revisar los trabajos de investigación y las tareas de sus alumnos, calificar los exámenes parciales y finales, actualizarse con la adquisición de nuevos y mejores conocimientos y sobre todo utilizar todo su imaginación para suplir las carencias de material y equipo didáctico, para un mejor desempeño de la actividad docente.
El Subsistema Educativo al que me incorporé, denominado Tecnológico Industrial, conformado por 288 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBETIS) y 168 Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), de modalidad escolarizada, diseñado para egresados de educación secundaria, que quieran cursar una carrera técnica e incorporarse al campo laboral o continuar estudios universitarios. Coordinado en ese entonces, por un egresado de alguna de las escuelas de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, al parecer llevaba más de 15 años al frente del Subsistema, tiempo en el que, había consolidado toda una estructura administrativa, a través de 32 coordinaciones estatales (incluida la Cd. de México).
Todo se controlaba desde las oficinas centrales: nombramiento de directores de planteles; contratación de personal; asignaciones de plazas o de horas; movimiento de escalafón; cambios de adscripción o cualquier otro movimiento administrativo laboral; normalmente con el visto bueno de los entonces coordinadores estatales, ahora con otro nombre, pero con funciones similares a las de antes, práctica y vicios que poco han cambiado, aun cuando se pretenda aparentar lo contrario.
La mayoría de los directores tenían más de 15 años en el cargo, bien en el mismo plantel o alternando periodos en algún otro, con plazas de tiempo completo “Titular C” y manifiestos intereses personales. Algunos de ellos, sin haber concluido estudios universitarios, por lo que, para cumplir con los requisitos de contratación laboral, al parecer, presentaron documentos apócrifos, igual como lo habían hecho en su momento, otras personas, las cuales pasaron a formar parte del personal docente, con plenitud de derechos laborales, sin que, en ningún momento hubieran recibido amonestación alguna, por parte de las autoridades educativas por esa anomalía cometida, manteniéndose intactos hasta la fecha, dichos expedientes laborales y por supuesto sin la sanción administrativa correspondientes, actuaciones que han venido abonando el florecimiento de la impunidad, posiblemente, por eso, nos encontramos por todas partes con servidores públicos, que se ostentan como profesionistas sin haber concluido estudios universitarios.
Por lo que se sabe, pocos cambios sustanciales se registran, todo indica que se sigue abusando del poder político-administrativo, han cambiado las formas, pero, no el fondo para seleccionar a docente y directores de planteles, ahora se hace mediante concursos simulados, los cuales sólo sirven de barniz, para justificar dichas asignaciones, desplazando los derechos laborales de los demás trabajadores y los intereses de la sociedad, sobre todo de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más desiguales.
Sin duda alguna, un común denominador, era la poca transparencia con que se administraban las inconstitucionales “cuotas voluntarias” que se les cobraba y se les siguen cobrando semestralmente a los padres de familia (antes, entre $300 y $600, ahora, entre $1500 y $2000, pesos), para tener derecho a inscribir a sus hijos como alumnos del plantel y continuar su proceso educativo. Los recursos se depositaban en una cuenta bancaria mancomunada (director del plantel y contraloría escolar), supervisada por personal de la Oficina de Recursos Financieros de la Coordinación Estatal, Al parecer, ahora los propios padres de familia administran dichas “cuotas”, pero, para el caso, sigue siendo lo mismo, quien quiera estudiar tiene que pagar para hacerlo, vulnerándose el derecho constitucional de educación “laica, gratuita, de calidad y equitativa. Sólo se disfraza el procedimiento, queriendo aparentar que todo es producto de la iniciativa de los padres de familia y que las autoridades educativas únicamente cumplen con sus obligaciones de supervisar el buen uso de esas aportaciones económicas, como lo indica la Ley General de Educación, cuando todos sabemos que son los mismos directores de los planteles en contubernio con algunos padres de familia, quienes establecen los montos a pagar, a veces sin tener una legal representación, mucho menos el apoyo de la mayoría, de quienes dicen representar.
Esas famosas “cuotas voluntarias”, alcanzaban, hasta para hacer alguna caprichosa construcción dentro del plantel, cubrir cualquier cooperación extraordinaria que solicitaban desde las oficinas centrales, a veces para comprar un regalo para algún funcionario del subsistema o darle mantenimiento algún inmuebles de especial interés; para pagar un Sword, “único”, en su tipo, diseñado por quien sabe quién, para registrar calificaciones parciales y finales; pagar un equipo para el control de asistencias, o cualquier otra ocurrencia de las autoridades educativas en turno, cooperaciones que en dos o tres ocasiones llegaron a oscilar entre los 50 mil y los 80 mil pesos, por plantel.
Durante mi estancia laboral como docente, siempre me llamó la atención, la ligereza administrativa con que asignaban horas y plazas docentes de tiempo completo a personas que no contaban con los conocimientos académicos, mucho menos, con experiencia para impartir clases; me daba la impresión de que se trabajaba fuera de la normatividad en la prestación del servicio educativo y en el manejo de los recursos presupuestales, ya que había trabajadores cobrando plazas de docentes, realizando actividades de intendencia, de prefectura, de administración o sindicales.
En alguna ocasión, al finalizar un ciclo escolar a cada uno de los directores de planteles se le entregó una compensación por 80 mil pesos a cada uno de ellos, al parecer, esos recursos provenían de los ahorros obtenidos, de las diferentes partidas presupuestales del capítulo 1000, servicios personales, que no se afectaron y que por supuesto no se regresaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mi duda ha crecido al respecto, tan sólo pensar, cuantas veces y durante cuánto tiempo, se habrá repetido la misma operación, sin que nadie sepa en donde han quedado todos esos “ahorros”.
La incertidumbre crece, más ahora que se menciona, que la Auditoria Superior de la Federación, ha hecho observaciones de fondo sobre el manejo de los recursos presupuestales autorizados a la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio fiscal 2021, en especial, los ejercidos en el Subsistema Educativo de Nivel Medio Superior. Sin que se vea por ningún lado el mejoramiento de las instalaciones educativas del Subsistema mencionado, mientras El Sistema Educativo Nacional, navega a la deriva, sin rumbo fijo ni dirección.
Cada administración de gobierno, establece sus propias prioridades, de acuerdo a su proyecto político, desgraciadamente, está claro, que la educación no es prioridad de la actual. Lo que ha provocado un retroceso histórico en la materia.
“Cuando el rio suena, agua lleva” (refrán español).
