Tras la crisis económica de 2008 diversos países comenzaron gradualmente a ser acechados por opciones políticas de corte autoritaria, anti-establishment, muchas de ellas de carácter conservador y anti globalista, y que sobre todo estaban en contra de las instituciones políticas tradicionales que habían logrado articular, con todos sus defectos, la mayoría de las democracias del planeta. Hoy en día estos movimientos políticos no solo no han desaparecido, sino que incluso se han fortalecido en diversos países del planeta.
No hay una ideología demasiado predominante en este tipo de movimientos, la gran mayoría orientados por un “liderazgo fuerte” y personalista que no coincide con el institucionalismo actual y plantea un cambio radical para “salvar” o “proteger” a la nación. En América Latina este tipo de movimientos han tenido un campo muy fértil en la arena política nacional, sobre todo porque la región apenas transitó a la democracia a finales del siglo pasado y muchas naciones dentro de ella no tienen instituciones políticas fuertes que permitan una buena gobernanza, así como solución efectiva a la mayoría de la problemática de la esfera pública.
Para fortuna de la región, la democracia, aun con la poca institucionalidad en Latinoamérica, ha logrado prevalecer, así se ha dado la llegada y salida de diversas fuerzas políticas, las cuales muchas veces solo han empeorado las condiciones sociopolíticas y económicas de los pueblos que han gobernado o gobiernan. Sin embargo, los últimos lustros han aparecido regímenes que han mermado gradualmente la poca institucionalidad que protegía la garantía democrática y eso a su vez ha permitido el surgimiento de autocracias que, aunque en un inicio fueron electas ahora están gobernando completamente fuera de los canales democráticos.
El autoritarismo y la autocracia en Latinoamérica tienen una enorme historia. Desde la propia fundación de los Estados latinoamericanos el autoritarismo siempre estuvo presente, han sido más bien excepción los periodos democráticos, y más aún los periodos donde la autoridad en turno acepto regirse por la constitución y las leyes que de esta emanaron. Por lo anterior, no es sorpresa la resistencia de las diversas élites políticas para quitarse los mantos del autoritarismo político.
En la actualidad los grandes medios de comunicación han proyectado sus reflectores sobre tres países en particular: Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso cubano el régimen imperante consiguió establecerse vía la revolución y nunca tuvo interés en iniciar un proceso democratizador, obtuvo su legitimidad por otros medios, misma que le ha permito mantenerse hasta hoy en día.
Nicaragua y Venezuela por otro lado, son países donde, como se describió con anterioridad, hubo una erosión democrática gradual que terminó por instalar gobiernos autocráticos en ambos países. Particularmente el caso de Venezuela ha sido muy notorio no solo en la región sino a nivel global. Si bien cuando gobernó Hugo Chávez había criticas acerca del debilitamiento institucional del aparato estatal venezolano, el fallecido expresidente nunca se atrevió a subyugar la garantía de elecciones libres y competitivas, sin embargo, Nicolas Maduro, su sucesor político, cruzó dicha línea.
A los tres años de su mandato ignoró los resultados electorales que le eran adversos en el legislativo nacional y de manera paralela creó una asamblea constituyente, que nunca realizó una nueva constitución lo cual era en teoría su único propósito, para así gobernar con un congreso a modo y sobre todo con respaldo de las fuerzas armadas. Pero las políticas de Maduro no sólo afectaron la institucionalidad venezolana y la democracia de dicha nación, en materia socioeconómica se generó una enorme crisis que arrojó a los umbrales de la pobreza a millones de venezolanos, obligando a muchos de ellos a tener que emigrar; finalmente el propio Maduro tuvo que abandonar su doctrina económica para no perder la base de apoyo socio-militar que aún le quedaba.
){kind=link}