Aunque cabe mencionar que, aunque tal vez Venezuela es en la actualidad una de las autocracias más notorias del continente, hay una nueva que está formándose en la zona de América Central. Muchos habrían esperado que en Honduras se terminara de consolidar un régimen oligárquico-dictatorial tras el golpe de estado contra Manuel Zelaya en 2009, y aunque sí hubo intentos claros de ello, sobre todo de parte de las élites más antiguas de Honduras, al final la presión popular del zelayismo lo evitó. No obstante, un país vecino de Honduras sí está bajo un régimen de corte autocrática, cuya instalación fue tan rápida que pocos se dieron cuenta en su momento y es hasta ahora cuando se visibilizó un poco más dicho fenómeno.
Este vecino es la república de El Salvador, quién ahora es gobernada por Nayib Bukele, mismo que lleva ejerciendo el cargo desde 2019. Bukele ha generado una política de nacionalismo en lo que respecta a la materia económica y de seguridad. Aunque desde que llegó al cargo ha ejercido una política de mano dura contra el crimen organizado, específicamente las maras, lo ha hecho ignorando las presiones de países como Estados Unidos.
Aunque bien ha logrado una disminución sustancial de la violencia, el costo fue anular la poca institucionalidad que El Salvador tenía desde el fin de su guerra civil en 1992. Bukele purgó tanto a las fuerzas de seguridad salvadoreñas, como al poder judicial y a los órganos de procuración de justicia con el propósito real de alinearse a su voluntad política, llegó incluso a utilizar al ejército para amedrentar a los legisladores de oposición. Ahora también obtuvo control del legislativo vía elecciones así que prácticamente no hay nadie que se interponga con su gobierno, dándole un gran margen de maniobrabilidad política para su estrategia de seguridad.
Sumado a lo anterior, cabe destacar que Bukele goza de casi un 90% de aprobación de parte de la población salvadoreña. Sin embargo, en materia de transparencia pública y Estado de Derecho está en un lugar muy bajo, prácticamente a la par de países como México, y solamente un poco arriba de naciones como Venezuela. Sin embargo, es evidente que la apreciación por Bukele difiere considerablemente de la de Maduro.
Es interesante observar cómo teniendo dos autocracias, la legitimidad de sus gobernantes es bastante distinta. Por un lado, Maduro tuvo que recurrir a la improvisación de tácticas económicas contrarias a sus principios ideológicos y a una maniobra electoral en 2021 para lograr recuperar una parte de su capital político, a pesar de ello su aprobación ronda en un 30%. Por su parte en tres años de gobierno Bukele ha aplicado con éxito sus políticas de seguridad, permitiendo a su vez un gradual, pero notorio mejoramiento socioeconómico para aquellos que pretenden instalar negocios y ya no ser chantajeados por la mara.
Ambos gobernantes convergen en el hecho de que socavaron la institucionalidad de sus respectivos países, gobiernan sin ningún freno ni contrapeso institucional; en el caso de Maduro, éste rinde cuentas a la cúpula militar venezolana, en tanto Bukele ni siquiera tiene que hacer eso, ya que él es la última instancia correspondiente para la rendición de cuentas.
También en ambos casos los partidos de oposición subsisten, pero con condiciones muy adversas, ambos gobernantes ya cooptaron los poderes públicos para darse todas las ventajas en cuestiones electorales; quizá Bukele en este aspecto tiene un poco más de legitimidad ya que las elecciones realizadas durante su régimen no han tenido anomalías hasta el momento, aun así la cooptación de las autoridades judiciales hará difícil que la oposición pueda pelear legalmente alguna inconformidad de futuros resultados.
A pesar de todo lo anterior uno de estos gobernantes es fuertemente repudiado tanto al interior como exterior de su país, en tanto el otro es alabado por la gran mayoría de su ciudadanía, así como también por personas en el extranjero, que consideran que así deberían actuar los gobernantes contra la inseguridad y la violencia.
Al final, Bukele y Maduro sirven para ejemplificar algo, los ciudadanos, no solo de Latinoamérica sino de buena parte del planeta, se han vuelto mucho más escépticos, ya no solo de los procesos institucionales, sino directamente de la forma democrática de gobernar. En el caso venezolano, la sociedad civil sí enarbola el discurso democrático como excusa para criticar el autoritarismo, y pide a la comunidad internacional su intervención para cambiar la situación política.
En el caso salvadoreño es prácticamente lo contrario; buena parte de la sociedad de dicho país pide a la comunidad internacional no inmiscuirse en la estrategia de seguridad ejecutada por su polémico y autocrático mandatario, señalando que quienes estuvieron antes nunca hicieron nada al respecto y finalmente están teniendo resultados, aun si ello erosiona y destruye la institucionalidad democrática.
Pero este contraste encuentra su explicación en la necesidad de resultados, al parecer el escepticismo ciudadano está permitiendo, y a su vez legitimando, elementos autocráticos en tanto eso permita obtener resultados concretos en temáticas de relevancia para la ciudadanía. Tal situación es algo relativamente común en lugares como el lejano oriente, ahí diversos países tienen regímenes dictatoriales pero que al mismo tiempo han otorgado beneficios considerables a su población, por lo visto dicho modelo comienza a ser aceptado en Latinoamérica.
Esto último es un nuevo desafío para las fuerzas políticas que respaldan tanto la institucionalidad como la democracia pluripartidista. Ahora ya no solo se afronta la existencia de movimientos que tienen riesgo de socavar la frágil institucionalidad de la región, sino también de movimientos que pueden ser capaces de producir la logística política para traer los resultados que las democracias anteriores no han podido realizar. No cabe duda de que los movimientos que pretender salvaguardar la democracia y los equilibrios institucionales deben ser mucho más eficientes en la producción de resultados en temas de interés general, tales como la salud, el desarrollo socioeconómico, el combate a la corrupción, y sobre todo el desarrollo de una buena estrategia de seguridad pública.
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