Ya se cumplieron más de tres lustros de la “declaración de guerra” contra el narcotráfico realizada por Felipe Calderón, no es sorpresa señalar que los resultados no han sido positivos. La violencia entre los cárteles de la droga continua en aumento, y lejos de que haya sido reducida su amenaza tales grupos se han multiplicado, con la única diferencia de que ahora tienden más a las operaciones locales o regionales que a la gran escala nacional. Aun así, continúan con las rutas de contrabando hacia Estados Unidos.
Para colmo, en la última década han diversificado sus actividades, ya no es solo el tráfico de droga, son ahora las extorsiones, cobros de piso y secuestros lo que alimenta al crimen organizado en México. Pero lo verdaderamente preocupante es que aún sigue sin verse ninguna estrategia en concreto para terminar con la violencia de los grupos criminales.
Se realizan operativos específicos contra los cabecillas principales y se busca la confiscación de las mercancías que estos grupos trafican, pero no más. No hay un esquema estratégico de operación o algo por el estilo. El presidente López Obrador adicionó a los operativos que se habían estado realizando en los sexenios anteriores la política de “abrazos, no balazos”, la cual significaba apoyo social para las zonas marginadas donde los carteles tienen su fuente de reclutamiento para sus miembros, así como mayor intervención de aparatos de inteligencia para tratar de ubicar a los jefes de plaza y sus rutas de operación, pero reiterando aun no hay resultados concretos, manteniéndose con ello la violencia en el país.
Una Nación con una situación similar en la región, El Salvador, optó por otorgarle el poder a un presidente que rápidamente se desentendió de la política tradicional, el institucionalismo, el ejercicio legal del poder y cooptó el sistema político deshaciéndose de jueces, fiscales, oficiales de la policía y el ejército que le eran adversos, así como amenazó al poder legislativo usando el ejército, para finalmente ganar las legislativas intermedias y hacerse con el control directo de todo el país. Al haber hecho esto el presidente de El Salvador combatió frontalmente a los grupos criminales de dicho país, las maras, de manera rápida hasta encarcelar sus principales lideres y desarticular su capacidad como organización criminal.
Hoy en día en El Salvador hay una reducción drástica del crimen organizado, las maras, al parecer solo operan como pandillas ordinarias, puede decirse que fueron prácticamente arrasadas en tres años. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la corrupción. El Salvador mantiene los mismos índices de corrupción e impunidad que México, la única diferencia fue la cuestión de la logística operativa en materia de seguridad.
El Salvador demostró que los estados latinoamericanos siempre han tenido capacidad operativa para combatir al crimen organizado pero el contubernio político impedía el ejercicio de dicha capacidad. Ahora que el presidente de El Salvador no tiene interés político en que las maras continúen existiendo ha decidido exterminarlas, en teoría tal situación podría aplicarse en México en algún momento, empero, el fin de la inseguridad no traerá el fin de la impunidad ni de la corrupción.
Dichos fenómenos son distintos al de la violencia. Ahora en El Salvador el principal temor de los ciudadanos es ser víctimas de algún abuso de las fuerzas de seguridad, saben bien que dichas fuerzas gozan de plena impunidad por parte del presidente y que fuera de este no tienen ningún freno y contrapeso real, es decir, si alguien es detenido por algún miembro de la policía o ejército de El Salvador sin importar sea inocente, no tendrá a donde recurrir para protestar por dicha acción, ya que al dirigente de dicho país no le ha interesado crear instituciones equilibradas para traer transparencia y responsabilidad administrativa.
En México la cuestión con la impunidad y la corrupción es parecida. Nuestro país no tiene configuradas instituciones para tener frenos y contrapesos y obligar así a los funcionarios a realizar correctamente su trabajo, quedando en la buena voluntad de los servidores públicos el que se hagan bien las cosas.
Tanto los órganos de procuración de justicia, sobre todo las fiscalías, como las propias policías no se han profesionalizado. Ambas instituciones permanecen sujetas al brazo político de turno, especialmente a nivel estatal, sobre todo bajo influencia de los gobernadores. Tampoco a nivel nacional se salvan de dicha cuestión, aunque hay mayores reflectores que permiten más presión para la realización de investigaciones y detenciones, tanto la policía federal como la guardia nacional, así como la FGR, siguen carentes de servicio profesional de carrera y, más importante aún, de tener órganos de control interno y externo de corte horizontal que les obligue a realizar rendición de cuentas sistemática y que además brinden procesos expeditos y efectivos contra miembros que extralimiten o incumplan sus funciones, y que además sean accesibles para el ciudadano promedio.
Sin este tipo de configuración institucional la historia de la impunidad y la corrupción se mantendrá vigente en México. Bien puede ser que ocurra como en el Salvador, donde llegue un caudillo político, que de manera completamente autocrática elimine el poco institucionalismo legal que hay y gobierne con mano de hierro aplastando a quién se le oponga, pero finalmente trayendo seguridad y estabilidad, al viejo estilo del positivismo latinoamericano, siendo Porfirio Díaz uno de sus principales exponentes.
Pero esto significaría claudicar la libertad y la democracia a cambio de un gobierno dictatorial que no permite el pacto con el crimen organizado. Además de El Salvador, naciones como China y Vietnam son ejemplos de esto. Países gobernados autoritariamente, que no permiten la operación de grupos criminales, pero cuyo gobierno permanece impune ante abusos de autoridad y a su vez la corrupción es imperante en su sistema político, únicamente no hay afectaciones en materia de seguridad, lo cual le ha permitido a estos países posicionarse globalmente como puntos de inversión, hay que recordar que a pesar de la corrupción y la autocracia tanto China como Vietnam tienen importantes empresas internacionales operando en sus territorios.
Parece ser que El Salvador va por ese rumbo, un gobierno autocrático que no respeta la ley pero que garantiza seguridad y orden, aunque siempre con el riesgo latente de que se encarcele a quienes sin ser delincuentes, sean opositores al régimen del presidente, asimismo, tampoco es seguro si con la aplicación de la mano de hierro y llenando las cárceles, eso sea suficiente para atraer la inversión que existe en los casos asiáticos.
México aun tiene la oportunidad de redireccionar su estrategia de seguridad, si al final se opta por una profesionalización de la policía y la procuración de justicia se podría combatir eficazmente la criminalidad sin tener que sucumbir a tentaciones autocráticas, aunque dicho camino es más largo pues involucra, además de aceptar la regencia de la ley, la reconfiguración institucional de las fiscalías y de las policías tanto locales como nacionales lo cual llevará tiempo, debido a que no solo se deben realizar las reformas legales correspondientes sino también iniciar procesos de capacitación, desarrollar un sistema de escalafón que permita los mejores elementos ir ascendiendo en los puestos, el diseñar órganos internos y externos con facultad coercitiva y sancionadora que llamen a rendir cuentas a los elementos sospechosos de haber incumplido sus funciones, así como también diseñar la elección de quienes estarán a cargo de estos órganos para asegurar que los puestos sean rotativos y su duración no sea excesiva para así evitar potencial influyentismo, entre otras tantas cosas.
La inseguridad es un factor latente en muchos lados del mundo, sin embargo, no hay una sola forma en específico de combatirla, pero en la actualidad hay dos tendencias, la de los gobernantes fuertes que optan por esquivar las instituciones, la rendición de cuentas y los frenos y contrapesos y aquellos que aceptan que tales elementos son necesarios, no solo para la seguridad sino para el resto del ejercicio democrático de la nación. Los primeros tal vez traigan la seguridad más rápido, mientras que los segundos tardarán un poco más, pero no cabe duda una cosa, la primera opción no podrá eliminar ni la corrupción ni la impunidad, al menos en lo que respecta a los abusos de la autoridad, toda vez que justamente necesita de dicha impunidad para que la estrategia de seguridad autocrática pueda ser efectiva, mientras que la segunda opción si tendrá las herramientas para hacerlo, aunque, se insiste, el proceso para desarrollarlas y aplicarlas no será tan rápido.
