Morelia, Mich.- El Consejo Estatal de Ecología (Coeeco) emitió un llamado al gobierno estatal, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, para que sea recategorizada la cuenca hidrográfica del Rio Chiquito y del lago de Cuitzeo, la cual abarca 9 mil hectáreas de esta capital, para que sea nombrada como Área Natural Protegida Federa l(ANP) por su impacto hidrológico y ambiental para la ciudad de Morelia
Vicente Estrada Torres, presidente del Coeeco, dijo en rueda de prensa que “en Morelia hay una presión muy grande en la parte sur con el asunto de la construcción de viviendas, además de huertas de monocultivos e incendios; razones por las que le pedimos a el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a su secretario de Medio Ambiente Alejandro Méndez López que sean los conductos del Coeeco para que gestionen ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que dicha área rica en diversidad, pueda ser declarada como ANP federal”.
Destacó que está zona cuenta con distintos nombramientos, pero no se respetan a la hora de emitir acuerdos para autorizar fraccionamientos e infraestructura urbana. Esperan que con esta recategorización se logre conservar está área.
El Coeeco, compartió que la cuenca del Rio Chiquito está declarada por la Federación como zona protegida forestal vedada (1936); a nivel estatal, es Área Natural Protegida (Loma de Santa María 1993) y zona de protección y restauración ambiental (Loma de Santa María 2010, Cañadas del Rio Chiquito 2011 y Pico Azul –La Escalera 2011); a nivel municipal zona de preservación ecológica definidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Morelia (2012) que a su vez son áreas naturales protegidas estatales (Art. 80 inciso III de la Ley para Conservación y Sustentabilidad Ambiental).
La cuenca del Rio Chiquito es un espacio geohidráulico y de vital importancia para la ciudad de Morelia y localidades alrededor del Lago de Cuitzeo, pues reduce la posibilidad de inundaciones al regular el flujo de agua. Las partes altas son estratégicas para el amortiguamiento del uso de los caudales ordinarios y eventualmente peligrosos de la ciudad. Además, por la condición geológica, y presencia de fallas estructurales, requiere conservación de su estado natural sin presiones antrópicas.
Los proyectos actuales de construcción de obras de la cuenca del Rio Chiquito, como presas de usos múltiples (Ocolusen y Jesús del Monte) y el segundo libramiento, favorecen la expansión de la mancha urbana en Morelia a través de proyectos inmobiliarios y privados y son incompatibles con la protección y restauración ambiental.
En su intervención, Patricia Ávila García compartió que bajo este esquema el Coeeco emite las recomendaciones siguientes: La recategorización de la zona de protección forestal vedada de la Cuenca del Rio Chiquito como área natural protegida de competencia federal. Declarar a este lugar, además como una reserva estratégica para la seguridad hibrida y ambiental de la ciudad y las localidades rurales, así como sus ecosistemas riparios y lacustres de la cuenca cerrada del Lago de Cuitzeo, y crear un santuario de protección del Ajolote de la Montaña, en las cañadas del rio y Loma de Santa María.
Ilegalidad, omisión y extralimitación de facultades del gobierno municipal
La construcción del segundo anillo del Periférico, las nuevas presas en las cuencas del Rio Chiquito y el cambio de uso de suelo en zonas forestales, consideradas áreas naturales protegidas, por zonas urbanas, no son licitas, explica Patricia Ávila García, en entrevista para este medio.
La zona la cuenca del Rio Chiquito “es un área natural protegida a nivel estatal, “buscamos que sea protegida a nivel federal porque hay un problema con el municipio que se está pasando de competencias con el área de los bosques. La única autoridad que puede autorizar un cambio de uso de suelo forestal es la Federación, a través de la Semarnat”, explicó
Dijo además que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (1988), dice que se deben hacer dos cosas para construir en zonas boscosas, por un lado, la autorización de un cambio de uso de suelo forestal, que es todo un estudio técnico justificativo y si además se quiere construir una obra, se debe realizar una manifestación de impacto de estudio ambiental federal.
“En Morelia las fraccionadoras únicamente piden la autorización del cambio de uso de suelo al municipio y este de manera ilegal a través del Plan de Desarrollo Urbano se extralimita en competencias, al poner zonas forestales por zonas de crecimiento urbano. Esto el gobierno lo hace y no es que sean ignorantes en la materia es que existen intereses mobiliarios”, indicó.
Compartió que “Hay mucha influencia de empresarios inmobiliarios en el municipio. Esa es la historia de Morelia. Cada Plan de Desarrollo Urbano que cambian es por de interés de los inmobiliarios. Este nuevo Plan 2021-2024, que está en consulta tiene esta misma lógica, que zonas forestales las quieren urbanizar. Entonces el municipio se está pasando de competencias y su argumento es que las autorizaciones de cambio de uso de suelo están hechas, pero aunque ya estén hechas por el municipio eso debe pasar por instancias federales y es un problema de ilegalidad de su parte”.
Además, Ávila García, expuso que el Gobierno Estatal tiene la competencia de decretos de áreas naturales protegidas, “si realmente deberían protegerlas, el caso de la Minita es ejemplo de este descuido. La Secretaria de Medio Ambiente estatal es la encargada de cuidar esas áreas y en realidad son decretos de papel únicamente, no en la práctica”.
La también miembro del Coeeco, Patricia Ávila explicó que “la idea es que al intervenir la Federación en una zona de gran importancia hibrida vital para la ciudad pueda haber más candados para que estos sectores, estado y municipio, no los violen de esa manera. Es un recurso legal y político para evitar esas expansiones, a nivel legal porque los decretos protegen estas áreas y a nivel político porque exista una política urbana y ambiental que evite que esta zona se expanda y que se proteja por seguridad”.
Patricia Ávila García, investigadora responsable del área de Ecología Política y Sociedad en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, comento que “el problema del crecimiento de Morelia es a partir del Siglo XXI con la expansión de los fraccionamientos de Altozano y Tres Marías por citar ejemplos, porque sucede en todos los alrededores por la voracidad inmobiliaria, estamos en una etapa de organización neoliberal voraz en donde el suelo es negocio y los recursos naturales un medio para enriquecer a algunos”, dijo que “esto va totalmente en contra de lo que actualmente se discute a nivel internacional, las recomendaciones de ONU en habitad, que van orientados a buscar ciudades sustentables y resientes, buscar seguridad hibrida y que sean compactas. Entonces estamos viendo que el gobierno estatal en lugar de buscar ciudades compactas y proteja sus bosqu8es, quiere hacer un libramiento para que la urbe crezca hasta cinco veces”.
“Está proyectado que la expansión urbana sea sobre la cuenca del Rio Grande y el Rio Chiquito que alimentan de agua a la ciudad, por ejemplo, urbanizar zonas agrícolas, entonces vamos a perder seguridad alimentaria. Se plantea hacer presas que no tiene como objetivo darles más valor urbano a las zonas de bosque, pero quieren urbanizarlas ese es su fin. Con todo esto se puede destruir la biodiversidad, toda la seguridad hibrida. El escenario es una crisis de agua y ambiental en general”.
Casi para finalizar la entrevista Ávila García, informó que “la cuenca del Rio Chiquito es una zona de captura de carbono, regulador del clima. Estamos en un momento justo de cambio climático y se actúa para a atrás en vez de buscar el crecimiento se debía de contener la mancha urbana con la construcción de un segundo libramiento y presas sobre áreas protegidas. El gobierno estatal hace obras que benefician al sector inmobiliario directamente”. Señaló.
Comentó que como es que, “el gobierno del estado se infringe a si mismo al querer hacer obras en áreas protegidas estatalmente y qué no es suficiente generar nuevas ANP, para compensar daños. No se puede recuperar un valor ANP comparándola con otra”. También recordó el caso de la creación del Ramal Camelinas “lo mismo pasó con el puente de la Loma de Santa María, y, el decreto de ANP de la Loma de Santa María, que el gobierno de Leonel Godoy le quitó su estatus de ANP, la baja de categoría para que pudiera pasar la vialidad; pero a cambio de esto, generó el decreto de las Barrancas de Río Chiquito y de Pico Azul”. Ahora Bedolla quiere hacer lo mismo con el libramiento pasando por la cuenca del Rio Chiquito y a cambio nombra ANP la zona del cerro del Águila, Quinceo y La Nieve. No debe haber decretos de papel, se debe de hacer efectiva la protección”.
Terminó exponiendo que “quienes violentan de manera directa las leyes son el gobierno municipal al cambiar con el Plan de Desarrollo Urbano las zonas forestales y de valor ambiental, cuando debe intervenir la Semarnat para realizar cualquier permiso y, el gobierno estatal que violenta la ley porque pretende hacer obras de gran impacto ambiental y social como el segundo anillo del libramiento y las presas en cuencas que tienen protección ambiental estatal y federal. Hay además omisión por parte del gobierno federal porque no está haciendo valer esta zona forestal desde el valor ambiental y además, Conagua porque ella abala todo este movimiento y construcción de las presas que es gravísimo y que afecta al lago de Cuitzeo, vida y ecosistema ripario en el Rio Chiquito y generará posibles problemas de inundaciones, pues se colocan en un espacio de riesgo geológico, las cortinas de esas presas pueden tronarse y al estar a un kilómetro de la ciudad, la zona de Ocolusen y las Américas corren riesgo de inundación”.
