En el estudio de la cultura organizacional, se han adoptado los aportes de la antropología y la sociología como la perspectiva interpretativa-simbólica, de manera que Allaire y Firsirotu (1992), citados en Vázquez-Rivera en 2016 en la revista sobre Ciencias Sociales Entramado, sentencian; “hoy es corriente atribuir a las organizaciones características culturales, afirmar que ellas engendran valores, creencias y significados, que son creadoras de sagas, mitos y leyendas y que ellas se adornan con ritos, costumbres y ceremonias”. Es decir, desde el micro espacio social que representan las organizaciones o instituciones y sus agendas culturales “se definen patrones de comportamiento a partir de los significados y símbolos que se producen en la interacción social”.
Por lo anterior, no es raro ver que en las instituciones se promuevan diversas imágenes, símbolos y rituales que refuerzan los valores y prácticas que desde el poder se definen. Un ejemplo muy claro es que durante el rectorado de Salvador Jara Guerrero se fortaleció la identidad y el orgullo nicolaita por medio de diversos símbolos, se dio auge a la banda de Guerra Nicolaita y se difundieron los lemas “Creo en mí, soy orgullosamente nicolaita” y “Nicolaita de corazón”, pero detrás de esos símbolos de fortalecimiento identitario, también se encontraba presente la necesidad de exaltar la figura de la Rectoría, “dejar una huella” de su poder en la cultura institucional.
El pasado 27 de marzo la comunidad nicolaita vio con beneplácito la celebración del convenio entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la firma de la Declaratoria Nicolaita Anticorrupción, acto de carga simbólica con el cual los directores de las dependencias universitarias se comprometieron con su firma a:
- Fomentar la participación ciudadana activa.
- Ejercer funciones con honestidad e integridad.
- Cumplir con la máxima publicidad, transparencia y resguardo de la documentación.
- Actuar con imparcialidad, apego a la Ley y sin discriminar.
- Difundir la cultura de la denuncia en la comunidad.
- Mantener la política de actuación de cero tolerancia a la corrupción.
- Dar cumplimiento al Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la UMSNH.
- Construir una Universidad humanista, cuyas prácticas figuren a nivel estatal, regional y nacional.
Se esperaría que ese acto simbólico opere en las conciencias de los integrantes de la comunidad nicolaita, pero sobre todo en las conciencias de quienes dirigen las dependencias universitarias y las autoridades centrales, pues aún está sin revisarse el proceso y beneficiarios del Programa de Regularización de materias derivado del convenio colateral de modificación al sistema de jubilaciones y pensiones, ya que no se benefició como se debía a los profesores con pocas materias y mucha antigüedad o a los interinos con varios años en ese estatus.
Aunque el Comité revocado que encabeza Jorge Luis Ávila, junto con integrantes del Consejo General están apurando la sindicalización de “los de nuevo ingreso”, se verá si efectivamente la autoridad universitaria es respetuosa de los derechos laborales.
Por otra parte, se sigue negociando con un Comité revocado que fue denunciado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción por la falta de devolución de los ahorros y rendimientos a varios profesores universitarios que participaron en la Caja de Ahorro del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), denuncia que no se atendió por cuestiones “técnicas” (más bien políticas), según Raúl Carrera, titular del Departamento Jurídico de la UMSNH, pero el hecho es que el fraude en la Caja de Ahorro está ahí, no desaparece, es corrupción y un delito. La constante violación a los preceptos del estatuto del SPUM y la ilegalidad de muchos de los procesos sindicales, hubiera sido más que suficiente para cuestionar y descartar al Comité revocado como representante de los trabajadores académicos, sin embargo, se ha optado por tratarlos como interlocutores válidos y legítimos, seguramente por su incondicional actuar pro-patronal.
Además, aunque tanto los trabajadores académicos como administrativos identificaron a Ulises Huerta Silva del Departamento de Control y Supervisión de Personal, como el actor que fraguó varios de los despidos injustificados con el levantamiento de actas administrativas con falsas declaraciones y esto fue denunciado verbalmente al titular del Departamento Jurídico de la UMSNH pidiéndole que además investigara si ejerce o ejerció un triple plaza; una como funcionario, otra como profesor y una más como profesor de la escuela secundaria que se encuentra en la desembocadura del ramal camelinas, a la fecha sigue siendo funcionario y no se la impuesto sanción alguna, por lo que existe la suspicacia de que su permanencia se debe a que alguno de los funcionarios de la presente administración se encuentra comprometido con él.
A Raúl Carrera también se le mencionó que, si bien indebidamente se aceptaba la reinstalación sin pago de salarios caídos, ni el pago de otros ingresos devengados (que son derechos irrenunciables) por la necesidad de que esta se diera en el menor tiempo posible, también se esperaba que no hubiera impunidad y que se castigara a quienes abusando de su posición fraguaron los despidos y saquearon las arcas universitarias.
Aunque el convenio para la reinstalación especifica como fecha el 16 de febrero de 2023, ha habido obstaculización política para la reinstalación de algunos académicos a quienes se les escamotean las materias o se impide su ingreso a las dependencias, además, se retrasó la gestión y trámite del pago de las quincenas y casualmente se obstaculizaron los pagos a la Secretaria General Interina y al Secretario de Organización interino del SPUM en el proceso de dispersión de la Tesorería de la UMSNH, aduciendo que esto era imputable al banco, mientras compañeros reinstalados que emplean los servicios de la misma institución si los recibieron.
Por otro lado, el proceso de auscultación de la Preparatoria “José María Morelos y Pavón” ha sido cuestionado por la comunidad académica debido al hecho de que se obstaculizó la participación de varios aspirantes desde el registro y se denunció que el Consejo Técnico, órgano encargado del proceso, quitó de las boletas a uno de los participantes que supuestamente sí había sido registrado.
Además, en esta semana se reunió al Consejo Universitario para definir a los recipiendarios de la presea Vasco de Quiroga, resultando entre ellos Sergio Carmelo Domínguez Mota, quien participó en el proceso de auscultación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para ocupar la Dirección, además, se le invitó al presídium del acto denominado “El compromiso de la masonería en la educación universitaria”, quizá por ser parte de los conocidos fraternos universitarios. El otorgamiento de reconocimientos al mérito en la excelencia académica o a la trayectoria destacada de gente que se supone encarna los valores universitarios como la excelencia, el compromiso social, la honestidad, el respeto, entre otros, ha sido utilizado con fines políticos, para resaltar a candidatos favoritos para ocupar espacios universitarios como la misma Rectoría y las Direcciones de las dependencias universitarias.
La comunidad universitaria espera que el poder simbólico de firmar una declaratoria para erradicar la corrupción no quede sólo en el papel, pero sobre todo que las primeras en poner el ejemplo sean las autoridades universitarias, pues como explica Gabriel Zaid en su libro El poder corrompe de 2019, no hay nada que entusiasme más a las personas que la promesa de la renovación moral. La autoridad universitaria deberá realizar acciones de capacitación en Derechos Humanos, como también se acordó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos la semana pasada, pero sobre todo respetarlos, incluyendo los derechos laborales y más aún la dignidad de los trabajadores universitarios.
