INE: ¿una nueva era?

La renovación de cuatro integrantes del Consejo General del INE a partir de este 3 de abril, incluyendo el cargo de la presidencia, ha generado, sobre todo en el gobierno federal (quizás también en estatales) y el oficialismo morenista expectativas en un verdadero cambio de era en ese organismo, al que el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación han intentado debilitar y someter, primero mediante una reforma constitucional que no logró en el Congreso, lógicamente, la mayoría calificada para ser aprobada, y después mediante el llamado Plan B, que implica modificaciones a diversas leyes y ordenamientos secundarios relacionados con los procesos electorales.

El ramillete de reformas propuestas por el Ejecutivo y aprobadas, no al vapor sino en microondas por el Congreso —especialmente en la Cámara de Diputados—, modificó disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, además de abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre sus efectos inmediatos en el sistema electoral están la compactación de la estructura del INE e institutos locales; la reducción de 300 a 260 los órganos distritales en periodo no electoral, que ya no serán permanentes sino temporales; y la eliminación del Servicio Profesional Electoral; y esto implica el despido de un gran número de empleados capacitados y experimentados en la organización de los procesos electorales. Además, se cesaba en sus funciones al secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, que fue reinstalado en el cargo por un juzgado federal.

Como se sabe, esas reformas legales fueron impugnadas por el Consejo General del INE ante la Suprema Corte De Justicia de la Nación. El ministro Javier Laynez Potisek, a quien tocó el recurso de reclamación interpuesto, lo dio por admitido y determinó suspender la vigencia de las leyes aprobadas. En su resolución argumentó que “El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”.

Hasta el 4 de abril la Corte había recibido 164 controversias constitucionales y 14 acciones de inconstitucionalidad contra de los decretos del Plan B de la reforma electoral, de los cuales se habían admitido 132 controversias constitucionales y ocho acciones de inconstitucionalidad. Y no es para menos. El hatajo de iniciativas aprobado a inicios de marzo representa la primera reforma electoral, desde la de 1978, impuesta por un solo partido, con los votos en contra de toda la oposición. Su atropellada aprobación por los diputados oficialistas, a pocas horas de recibir de la Secretaría de Gobernación el legajo de 300 páginas, sin turnarlo a comisiones, sin dar tiempo a que los legisladores lo leyeran y estudiaran, y, desde luego, “sin cambiarle una coma”, es la sustancia de gran parte de los recursos interpuestos contra su aprobación y promulgación que hizo que interviniera la Corte.

Pero, mientras tanto, cuatro consejeros terminaron su periodo y fueron relevados mediante un proceso en varios aspectos inédito. Por primera vez, al no haber consenso entre las fracciones parlamentarias en la Cámara, se recurrió (como lo deseaba el presidente) al método de insaculación previsto en la Constitución. Por primera vez, también, la quinteta confeccionada para la presidencia del Consejo General fue integrada sólo por mujeres, como lo determinó el tribunal electoral. Por primera vez el Consejo General del INE estará compuesto con mayoría femenina de seis mujeres y cinco varones. Es de destacarse también que, con los nuevos consejeros se amplía la presencia de los Estados en el Consejo General; éstos tienen sus orígenes en Sonora, Tabasco y Oaxaca.

Pero el haber recurrido al azar de la “tómbola” no significa que el proceso haya sido transparente. Las cuatro quintetas que llegaron a la insaculación fueron preparadas por un comité técnico de evaluación de los aspirantes. En ese comité participó, entre otros, el periodista de temas económicos Enrique Galván Ochoa, amigo personal de AMLO y su colaborador también en el equipo que, por disposición del presidente, elaboró la Guía ética para la transformación de México, publicada y distribuida en millones de ejemplares en 2020. Una integrante, María del Socorro Puga Luévano, sin experiencia en temas electorales ni título profesional, pero con las curiosas certificaciones en Yoga de la Risa y “Coach PNL”, tuvo que ser sustituida ante la oleada de críticas que suscitó. Los propuestos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fueron votados sólo por las bancadas de Morena y sus aliados PT y PVEM. Una de ellos, Evangelina Hernández Duarte es una periodista con experiencia en la función pública, concretamente como titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencias y Protección de Datos Personales en el Instituto Electoral del Distrito Federal y trabaja en el área de finanzas de la Guardia Nacional. Andrés Norberto García Repper es un abogado especializado en derecho constitucional, pero se le revelaron vínculos cercanos y abiertas expresiones de apoyo ala jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, además, de haber hecho comentarios en redes sociales a favor de las reformas al INE.

Maite Azuela, periodista con amplia experiencia en medios escritos y televisión y también integrante del Comité Técnico de Evaluación, emitió el 28 de marzo un voto particular señalando la parcialidad en la conformación de las quintetas en favor de personajes con cercanía con el partido del presidente.

Así, no fue raro que dentro de la quinteta para la presidencia del instituto cuatro de las aspirantes fueran de manera personal o familiar próximas al Morena. La nueva presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, tiene ciertamente experiencia de casi tres décadas en órganos electorales, concretamente en el Instituto Estatal Electoral de Sonora, que presidió en el periodo reciente. Pero sus vínculos familiares con el Morena son más que evidentes. Su primo Jorge Taddei Bringas es el delegado de los programas del Bienestar en Sonora; el hijo de éste, Pablo Taddei Arriola, fue designado por el presidente director de la nueva empresa estatal Litio Mx, encargada de la explotación de este metal; su hermana Ivana Taddei Arriola es diputada local de Morena en Sonora; otro hermano, Jorge Carlos Taddei Arriola, fue director regional en la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas, y otro sobrino, Luis Alonso Taddei Torres, es el director de Estudios y Proyectos en el Instituto Sonorense de la Juventud. Algunas fuentes dicen que, en sus giras por Sonora, López Obrador se hospedaba en casa de la familia Taddei. Desde que Guadalupe era presidenta del IEES, en 2021, hubo protestas de la oposición por su notoria vinculación con el partido en el gobierno, aunque ella dice no ser militante del Morena.

La integración de los cuatro nuevos consejeros (además de Taddei, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza) no será un paseo y está por verse si representa realmente una nueva era en la vida del organismo institucional. Varios temas están pendientes de resolución.

En primer lugar, están los recursos interpuestos por el INE —con el voto de los 11 consejeros de ese momento, de los cuales siete se mantienen hoy en el Consejo General— ante la Suprema Corte de Justicia contra las reformas del Plan B. La Corte tendrá que resolver en un tiempo breve; pero la suspensión dictada por Javier Laynez se mantiene mientras tanto, y las demandas no podrán ser retiradas por la nueva presidenta del Consejo.

El segundo punto que difícilmente se modificará con la llegada de los nuevos integrantes del INE será el de los altísimos sueldos y prestaciones de los consejeros, que fue el principal pretexto para atacar desde la presidencia, sus medios adictos y redes sociales al INE como institución. Y aunque la consejera presidenta Taddei ha declarado que ella se bajará el sueldo (sin especificar cuánto) para ganar menos que el presidente de la República, los amparos concedidos por el poder judicial contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos o algunos de sus artículos se mantienen vigentes. Las buenas intenciones de López Obrador y de la nueva titular del INE de aplicar la política de “austeridad republicana” topan, pues, con la interpretación del derecho por la Corte.

Un tema más es el de la designación del secretario ejecutivo definitivo del órgano electoral, que quedó vacante con la renuncia de Edmundo Jacobo Molina esta semana. Guadalupe Taddei acordó designar como encargado de despacho a Miguel Ángel Patiño Arroyo, que se venía desempeñando como director ejecutivo de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Pero para realizar la designación del titular definitivo se requiere de ocho votos de los consejeros. A Miguel Ángel le pueden ayudar sus antecedentes en la institución, pero tendrá que haber una negociación entre la presidencia y el resto del consejo para hacer el nombramiento.

En fin, habrá que esperar también las determinaciones de la Corte y de los jueces de amparo para saber la legislación que será aplicable en las ya próximas elecciones federales y las concurrentes estatales de 2024. Si las reformas del Plan B son echadas abajo, será una nueva derrota del presidente y su partido, a pesar de haber avanzado en la morenización del Consejo General del INE.