La Administración del Gobierno Federal 2018-2024, se propuso como prioridad nacional, cambiar el régimen de corrupción, de antidemocracia, de injusticia e ilegalidad, que establecieron quienes sustituyeron en el poder al dictador Porfirio Díaz Mori (1830-1915), secundados por sus descendientes y luego por dos simpatizantes de Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo (1831-1867), de José Tomás de la Luz Mejía Camacho (1820-1867) y de Leonardo Márquez Araujo (1820-1913), con el propósito de asegurar “empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad y paz social” y establecer en México una verdadera democracia.
Sin embargo, desde el desarrollo del proceso político-electoral de 2018, se infirió que dicha prioridad, sólo sería un conjunto de buenas intenciones, que quedarían descritas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como una manifestación de querer hacer las cosas de manera diferentes a como se habían venido haciendo hasta la fecha
Por principio de cuentas, la selección de candidatos a gobernadores, senadores y en algunos casos a diputados federales y a presidentes municipales de lugares de interés político, la realizó el propio líder moral del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); las otras candidaturas de menor importancia, las decidieron los grupos de poder regionales o estatales, quienes se adjudicaron el trabajo partidista, conformando en algunos casos, administraciones de gobiernos estatales y municipales, con personas de diferentes intereses e ideologías partidistas.
Muchos beneficiados con estas candidaturas, eran desertores o habían sido expulsados de otros partidos políticos, por lo que prácticamente llegaron a usurpar el lugar que les correspondía a los verdaderos constructores de MORENA, que por años han buscado la oportunidad de participar como candidatos a un cargo de representación popular. Es más, se dice que algunos de estos arribistas, han sido señalados como deshonestos por haber cometido algún acto de corrupción, en sus anteriores actuaciones. Con esta realidad, se confirma que seguirá pendiente la tan pregonada aspiración de tener “un gobierno del pueblo, para el pueblo”.
Para completar el escenario político, si bien es cierto, la mayoría de las persona que fueron nombradas como titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, cuentan con incuestionable preparación académica, pero, también es cierto, que pocas de éstas, tienen capacidad de liderazgo, por lo que carecen de sensibilidad, iniciativa, visión y habilidad para resolver problemas y sólo hacen lo que se les ordena que hagan y lo más grave del asunto, es que suelen rodearse de personas con esas mismas limitaciones de liderazgo, haciendo realidad la versión popular de que “los asuntos de palacio caminan despacio”.
Esa falta de experiencia e iniciativa de quienes están al frente de las instituciones de la Administración Pública Federal y la poca voluntad del Ejecutivo Federal, de cumplir las promesas de campaña, que hicieron posible su llegada al poder, ha ocasionado que muchos de los problemas nacionales en vez de resolverse se agudicen y que los objetivos nacionales, para mejorar la calidad de vida de la población, queden en buenas intenciones y si tenemos suerte, sean retomados por el próximo Presidente.
Tal como se ha venido percibiendo desde el inicio del sexenio, al parecer se toman decisiones de la noche a la mañana sin planeación ni planificación alguna, de otra forma no se puede entender que, a los pocos días de la toma de posesión, el 27 de diciembre de 2018, para ser más preciso, se presentó la estrategia para acabar con el robo de la gasolina, la cual, inclusive ya se había empezado a implementar desde ocho días antes. Se decidió disminuir él envió de la gasolina a través de los ductos, empezándose a transportar en pipas a los lugares de consumo o almacenamiento. Por supuesto que este repentino cambio de distribución, provocó una crisis de abastecimiento del combustible, en algunas regiones del país, con una duración de aproximadamente 13 días, del 8 al 20 de enero de 2019, generando pánico, entre la población afectada, por no estar acostumbrada a este tipo de problema colectivo.
Con la implementación de esta estrategia, se perdió tiempo y se gastaron recursos presupuestales en la compra de más de 500 pipas y en el pago de salario a igual número de operadores. Recursos, que mucho hacían falta en la construcción de infraestructura productiva, lo más grave del asunto, es que no se lograron alcanzar los propósitos previstos; por lo contrario, en vez de mejorar, las cosas empeoraron, ya que hasta la fecha no se ha podido acabar el robo de la gasolina, se siguen instalando tomas clandestinas a lo largo de los ductos por donde se distribuye, desde las refinerías hasta las áreas de almacenamiento y de consumo.
En plena crisis de ese desabasto transicional de combustibles, el 18 de enero de 2019, sucedió una de las tragedias nacionales, más lamentables del presente siglo, al suscitarse una explosión en una toma clandestina de aproximadamente 14 pulgadas de diámetro, que los delincuentes dedicados al robo de la gasolina, habían instalado en el ducto Tuxpan-Tula, a la altura de la comunidad de Tlahuelilpan, Hgo., con un saldo fatal de 137 personas fallecidas y 13 lesionados de por vida.
Tragedia que posiblemente se pudo haber evitado, si los mandos de la policía municipal, de la policía estatal, de la policía federal, militares y la Coordinación Nacional de Protección Civil, hubieran coordinado acciones de protección a la población, en tiempo y forma, con sensibilidad y diligencia, cosa que al parecer no hicieron. Lo cierto es, que decenas de personas murieron calcinadas, sin que a la fecha se hayan sancionado a los responsables de esta tragedia, que esperamos nunca vuelva a suceder.
Conforme fue avanzando el tiempo, siguieron dándose las improvisaciones, luego toco el turno al sector salud, cuando trataron de concentrar las compras de los medicamentos, para atender las enfermedades crónicas que padece la población, sólo que al parecer los encargados de estas compras, ni siquiera habían leído Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mucho menos sabían elaborar una convocatoria para una licitación pública, lo que complicó las cosas, provocando un desabasto de medicamentos, lo cual afectó principalmente a niños y adultos mayores, situación que hasta la fecha , no se ha podido regularizar, impactando con mayor rigor a la economía de las familias de la clase trabajadora.
Por otra parte, la corrupción, la impunidad y la delincuencia no se ha combatido como se prometió, seguido se publican actos deshonestos en las administraciones públicas, los cuales quedan impunes, mediante la integración deficiente de las carpetas de investigación, para que no se puedan judicializar o se recurre a un amparo o simplemente a un arreglo económico, sin que nadie sea sancionado y todo siga como si nada hubiera pasado. Lo limitado al combate de delincuencia, ha provocado que en regiones marginadas se empiecen a abandonar las parcelas de cultivo y comiencen a darse desplazamientos de la población a zonas más seguras o al exilio voluntario en busca del sueño americano
Por lo que se observa, la administración del Gobierno de la Cuarta Transformación terminara tal y como comenzó, mal y de malas, parece que lo que prometió de “luchar también por defender los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, solo quedará en buenas intenciones, y de ninguna manera puede evadir la responsabilidad del Estado Mexicano, por la muerte de 40 migrantes latinos, que murieron calcinados o intoxicados y otros 28 lesionados, cuando se encontraban recluidos en un centro de detención, en Ciudad Juárez, Chih., el 27 de marzo de 2023, por la ineptitud de las autoridades Instituto Nacional de Migración (INM), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero, también de la empresa de seguridad privada denominada Camsa y posiblemente la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaria de Seguridad Ciudadana Local, Protección Civil del lugar y el H. Cuerpo de Bomberos. Funcionarios de migración, que posiblemente no alcanzaron a leer la misión del Instituto, que a la letra dice: “Instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho, mediante la eficiencia y eficacia de los tramites y procedimientos migratorios, para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos”.
