Morelia, Mich. – En el 2022 el Poder Judicial de Michoacán recibió 57 asuntos por incumplimiento de la obligación alimentaria en materia penal oral y hubo solo tres sentencias, mientras que en el 2023 se han recibido 25 casos, solo dos con sentencia, es decir cinco sentencias en dos años.
La colectiva Red de Deudores Alimentarios, reconocen que la ausencia de denuncias es porque las mujeres no conocen sus derechos y de sus hijos y no se saben a dónde ir. “Ahí están las instituciones y autoridades, no hay una labor de concientización e información sobre que es la violencia económica”, comentaron.
Narraron que tiene poco que se escucha la información de la violencia económica, no se denuncia por miedo, se encuentran en el círculo de la violencia, se es víctima de la violencia económica, no se denuncia por los prejuicios y los señalamientos de “ten dignidad, no demandes, qué te vas a ganar, más vas a gastar de lo que vas a ganar, una demanda no se trata de eso”, al señalar que se trata de proteger los derechos de los niños con pensiones alimenticias.
Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Imujeris), atribuyó la falta de denuncias a que las mujeres no tienen recursos para llevar estos procesos, necesitan apoyo psicológico, pero sumó la poca empatía de funcionarios públicos para hacer estos acompañamientos, aunado a que en muchos espacios laborales es complicado llevarlos, prefieren no pedir permiso.
“Faltan muchas otras cosas para acceder a la justicia para ejercer sus derechos. Lo vemos recurrente con los pactos patriarcales de todos los niveles, efectivamente no hemos terminado de tener funcionaros capacitados y perspectiva de género, tiene que ver con la movilidad de los funcionarios, no hay servicio civil de carrera, y otra vez hay que empezar a capacitar, es un cuento de nunca acabar”, expresó.
El juez tiene un año sin emitir sentencia, pero sí sanciona a madre
Yesenia, madre de un niño de 8 años de edad, decidió interponer la demanda contra el padre de su hijo en los juzgados familiares del Poder Judicial de Michoacán ante la sugerencia de su familia, esto ocurrió en abril y es hasta junio del 2022 cuando le notifican, posteriormente la pensión no la paga durante tres meses, se le comunica al juez y este no reconvino a su expareja.
Pero cuando ella lo señala en redes sociales por su incumplimiento con el menor, el juez determina de manera inmediata que incurrió en un delito de “desobediencia”, pero la falta de pago de la pensión tardó meses en tener respuesta.
“Después de estos tres meses sin pagar, nos manda a conciliación y obligada porque ya no tengo dinero, aceptas lo que te den, los conciliadores tampoco tienen perspectiva de género, me decían que si sabía que si era drogadicto y violento me aguantara, porque había escogido así al papá de mi hijo”, narró, al referir que lo que se busca son las garantías y el respaldo institucional, pero no se tienen.
Refirió que a un año de haber presentado la denuncia no se ha tenido una sola audiencia con el juez y no le ha visto la cara, ni el “polvo al señor”, todo lo que “presentó me lo niega y lo que él (el padre) presenta, le dan la razón”, describió y añadió que con el régimen de convivencia es tomando en cuenta las necesidades del papá del menor, pero no las del menor y la mamá.
Publican Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
El lunes pasado fue publicada la reforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en el Periódico Oficial de la Federación (POF), una ley de carácter general que se aplicará a todas las personas deudoras alimentarias.
De acuerdo con la Red Colectiva Deudores Alimentarios, esta será una plataforma en línea a partir de que se aprobaron las reformas y cada estado procederá a la creación del suyo, para que se alimente la plataforma nacional , que tiene como objetivo defender los derechos de la niñez a la pensión alimenticia.
El proceso es simple en cuanto esté operando: una vez que dejó de cumplir con la pensión en un plazo de 90 días, el acreedor alimentario acudirá al juzgado a requerir una inscripción del deudor, y el juzgado mandara al DIF una notificación, de esta forma quedará registrado en esta plataforma.
Los deudores no pueden obtener licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje, participar como candidato a cargos concejales y de elección popular, participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal, los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales y solicitudes de matrimonio por la vía civil.
Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Imujeris), dijo que este trámite es un gran triunfo; recordó que en el 2000 se hizo un intento y en ese entonces no se dejó pasar, pero es la ciudad de México quien retoma en el 2003 y 20 años después se realiza la reforma a nivel nacional.
Señala que, si bien es una ley de carácter general, las estadísticas señalan que 7 de cada 10 padres divorciados no cumplen su pensión; una de cada 10 mujeres consigue que les otorgue la pensión justa; tres de cada cuatro hijos, no recibe la pensión alimenticia, no la reciben completa, si recordamos que implica otros factores, como es salud, educación, vestido, esparcimiento y momentos con los hijos.
Refirió que en Imujeres de las 450 mujeres que atienden por mes, un 60 por ciento vienen a pedir apoyo para pensión alimenticia y reconocimiento de la paternidad. “Las leyes son generales, no hay particulares, aplica para todas las personas, pero la realidad nos enseña que la mayoría de las ocasiones quienes no dan los alimentos son hombres, casi puedo asegurar que el 90 por ciento de los casos los hijos se quedan con las madres autónomas”, subrayó.
Indicó que de las mujeres que vienen por atención tienen un tema de incumplimiento de la pensión alimenticia de los padres a hijos e hijas, es por no cumplir con sus obligaciones que también es una violencia patrimonial, psicológica.
