Morelia, Mich.- Dora Jaimes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en el Estado de Michoacán, organización que convocó a la décimo segunda marcha de madres buscadoras, refiere que la entidad está en el tercer lugar de desaparición forzada en el país, según el registro de personas desaparecidas creado por la Comisión Nacional de Búsqueda: “El primer lugar lo tiene el Estado de México con más de mil, posteriormente la Ciudad de México, luego Michoacán con 321, Zacatecas con 295 y en quinto lugar Nuevo León”.
En cuanto al discurso oficial impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, según el cual el Estado ya no es el principal perpetrador de desaparición forzada, la defensora de derechos humanos contrargumenta que sigue teniendo responsabilidades, aun cuando el patrón con el que se cometen las desapariciones haya cambiado.
“Las desapariciones siguen. Entendamos que (históricamente) se han dado por entes directos por parte del Estado, llámese Ejército, Marina, Policía Estatal, Municipal, ahora Guardia Civil. Ahora se llevan a cabo por grupos criminales principalmente. Eso no justifica la inacción del Estado para no buscarles, para no investigar y, por supuesto, para no encontrarles”, puntualiza.
En el tema legislativo, refiere que están trabajando para que en Michoacán se homologue la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El 29 de marzo del presente año se presentó en el Congreso local la iniciativa para dicha homologación, sin embargo, “lo que hemos visto es que no hay una voluntad política por parte de todos los diputados”. Aun así, se muestran con esperanza para poder darle seguimiento.
Enfatiza la necesidad de su presencia en los procesos de diseño y reforma legislativas: “Esto es como con la Ley General: sin las familias no, tenemos que estar presentes en las mesas”.
Subraya la importancia de adelantarse, en el proceso de homologación, a “que no se repitan las circunstancias por las que la Ley General ha dejado de funcionar”, considerando el aprendizaje que ya se tiene en otras entidades donde ya se llevó a cabo ese ejercicio.
