Morelia, Mich.- De diez comerciantes entrevistados en el centro histórico, ninguno conoce el convenio de coordinación institucional firmado en días recientes por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para combatir la inseguridad en la capital del estado. Dicen no haber sido consultados ni conocer las acciones que serán llevadas a cabo en el marco de esta estrategia.
Todos señalan que el delito más frecuente en la zona son los asaltos; dos de los entrevistados dijo haber sido víctima en primera persona de un asalto, dos más dijeron haber vivido un intento y el resto conoce historias similares de comercios aledaños. En la zona en donde Ana Lilia vende tortas, “ya se habían aflacado (disminuido), pero subieron otra vez”, se refiere a los asaltos.
Los delitos más mencionados después de ese fueron el robo de casas y el de vehículos. “Aquí no hay alrededor ninguna casa a la que no se hayan metido”, dijo Gloria de 40 años, quien trabaja en una ferretería.
Solo uno de los entrevistados dijo haber sido víctima de extorsión en la forma de “cobro de piso” durante tres años, pero recalcó que ya no. No especificó cuánto le cobraban, pero dijo que fue de menos a más. Tampoco dio más información sobre por qué le dejaron de cobrar.
Una entrevistada dijo que constantemente recibe llamadas por teléfono en las que le dicen que tienen ubicado su comercio, y que si no les da dinero le van a hacer algo. Hasta el momento, “afortunadamente”, no ha pasado a mayores.
El resto de los comerciantes respondieron con evasivas ante el tema del cobro de piso: “Desconozco”, “No sabría decirte”, etcétera. Solamente tres entrevistados dijeron abiertamente: “Aquí no nos han querido cobrar”.
Las denuncias son percibidas como una pérdida de tiempo en la mayoría de los casos. Solo una de las personas entrevistadas dijo haber denunciado el asalto del que su empresa fue víctima, aunque sí la están atendiendo, su proceso no está resuelto.
En el caso de una tienda de abarrotes, ante el intento de robo que sufrieron en meses recientes y la falta de confianza en las autoridades, se recurrió a la justicia por otra vías, enviando el video a una conocida página en redes sociales, pero nunca encontraron a los perpetradores del amago.
“Es una pérdida de tiempo. Hasta el año te andan diciendo si fue o no sujeto de delito. ¿Quién va a denunciar? Luego te preguntan cuánto ganas, dónde vives. Te pones de pechito para que te vuelvan a afectar. No hay protección”, dice Gloria, quien atiende un negocio al poniente del centro.
En el lado oriente, Mikhuri, de 26 años, coincide con la percepción: “En general la gente no denuncia porque no los atienden. Hay abuso de autoridad por parte de policías. No sabemos si nos van a defender a nosotros o a los asaltantes”.
Ana Lilia dice que la primera desmotivación para denunciar está en que “uno quiere que lleguen rápido, pero tardan como 15 o 20 minutos, primero investigan a uno”.
Este señalamiento está muy emparentado con lo que dice Salvador, quien a sus 57 años atiende un puesto de miscelánea en el primer cuadro del Centro Histórico: “Aquí acaban de instalar una cámara de videovigilancia, pero no nos dan un botón de emergencia ni nada. ¿De qué sirven las cámaras, si no podemos avisar rápidamente a las autoridades cuando algo está sucediendo?”.
Otras problemáticas que señala son el alcoholismo y la drogadicción, así como una significativa frecuencia de acoso sexual callejero contra las mujeres: “Ahorita acaba de pasar una extranjera a la que un borracho la estaba diciendo cosas”.
Jesús y Nicolás, comerciantes de la zona sur-oriente, reparan en lo costoso que es invertir en seguridad propia, pero tienen que recurrir a ello porque no hay estrategias efectivas para el combate a delitos de los que son víctimas.
Fueron entrevistados comerciantes del centro histórico de Morelia, desde el poniente hasta el oriente, tanto en la zona norte como la sur. Establecimientos de papelería, ferretería, farmacia, veterinaria, perfumería, venta de alimentos, ropa, abarrotes y joyas.
La desconfianza a hablar sobre el tema por miedo a que “algo” les suceda, van acompañados. Ana Lilia, de 60 años, trabajadora en una papelería, dice incluso que no les tienen permitido ser grabados.
