Morelia, Mich.- El Congreso de Michoacán aprobó las reformas Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para que los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, sean removidos de su cargo sino se encuentran al corriente en sus obligaciones alimentarias y que sus hijos y dependientes económicos, acceden efectiva y dignamente a una alimentación adecuada y suficiente.
La reforma que quedó aprobada establece: “El gobernador del Estado, nombrará y removerá́ libremente a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo o en las leyes; garantizando el principio de paridad de género. Los servidores públicos no podrán ser nombrados titulares de dependencia en caso de ser deudor alimentario moroso, salvo que se acredite el debido cumplimiento de tal obligación, ya sea mediante la cancelación de la deuda o el trámite de descuento correspondiente”.
Los servidores públicos titulares de dependencias de la administración, deberán presentar a la Secretaría de Contraloría el documento idóneo para acreditar que no son deudores alimentarios morosos, en un plazo improrrogable de sesenta días. En caso de no cumplir con lo anterior, la Secretaría de Contraloría iniciará el procedimiento administrativo conducente de manera oficiosa.
La propuesta de la diputada Mónica Lariza Campos Pérez del PAN, tuvo la oposición de Baltazar Gaona García que defendió a quienes son deudores alimentarios, sostuvo que con esta decisión vulnera su derecho a trabajar, pero además les impide cumplir con sus compromisos con sus hijos.
El petista y diputado provida, fue el único de los 40 legisladores que votó en contra de la propuesta de la diputada panista, “esta persona sino trabaja como va a cumplir con este compromiso, entonces muchas veces no es porque quiera, sino porque no tiene trabajo. Sino tiene posibilidad de trabajar, le están poniendo una posibilidad como lo va hacer”, justificó el diputado.
En todo momento argumentó que esta medida era “injusta y no equilibrada”, y consideró que basta con la denuncia para obligar a los deudores alimentarios a pagar la manutención de los menores.
En este tenor, aseguró que “muchas mujeres lo quisieran acuchillar y hasta colgar (a los deudores), las medidas que se toman en la legislación deben ser equiparables con delito, hay una extralimitación limita al deudor a cumplir con su obligación”, expresó.
Pidió “ayudar a los deudores alimentarios” a cumplir con su alimentación, en respuesta la diputada subrayó que esta iniciativa, no constituye una violación al derecho al trabajo, ni tampoco a ocupar cargos públicos; sino se trata de una medida que obliga a cumplir con sus obligaciones.
