Morelia, Mich.- El auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, logró obtener un amparo de la justicia federal, mismo que ordenó al Congreso de Michoacán, suspender la sesión donde se daría su remoción.
Luego de que esté jueves se realizará la sesión extraordinaria donde discute la solicitud realizada por 24 de los 40 diputados mediante la cual se ha promovido la remoción del diputado local, al considerar que incurrió en responsabilidad y violaciones a la Constitución local, Ley de Fiscalización y otras normas, el auditor consiguió el documento.
El juez séptimo de Distrito en Michoacán, José Rocha González fue quien ordenó al Poder Legislativo, suspender la sesión, misma que en estos momentos sigue su curso, debido a que de acuerdo con los representantes jurídicos no se permitió la notificación de la orden judicial.
“Se concede la parte quejosa la suspensión provisional, para el efecto de que son suspender el el procedimiento de suspensión del cargo que se lleva en contra del peticionario de amparo, una vez concluido el periodo de alegatos, se abstenga de resolver lo relativo a la separación del cargo que ostenta el quejoso como auditor superior de Michoacán, lo anterior, hasta que reciba la notificación de lo que se resuelva en la audiencia incidental”
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda tomó protesta en diciembre del 2019, cargo en el que debería estar durante siete años.
Entre los firmantes del documento se encuentra Anabet Franco, Erendira Isauro, Marco Polo Aguirre, María Fernanda Álvarez, Margarita Pérez, Víctor Zurita, Fanny Arreola, María de la Luz Ramos, Baltazar Gaona, Roberto Reyes Cosari, Mayela Salas, Reyes Galindo Pedraza, Brenda Fraga, Juan Carlos Barragán, Felipe Contreras, Ernesto Núñez, Fidel Calderón, Daniela de los Santos, Cesar Enrique Palafox, Mónica Valdés, Belinda Hurtado, Oscar Escobar, de Morena, PT, Verde, PRI y Representación Parlamentaria.
El coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez, informó que fueron 24 diputados los que firmaron la solicitud, pero para que su remoción sea un hecho se necesita el voto de 27 legisladores, que equivalen a dos terceras partes.
