La guerra contra el narcotráfico es una batalla que, si bien no se puede ganar, sí se puede perder… y perderla implica perder el país. En ese contexto, y no en otro, es como debemos evaluar el enfrentamiento que se dio en los dos sexenios pasados (en este definitivamente no) entre las fuerzas federales y los poderosos carteles de la droga.
Evidentemente no se trata de una guerra con las características convencionales, como lo fue la 2ª Guerra mundial, con dos bandos perfectamente identificables; las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón en contra de prácticamente el resto del mundo. En conflagraciones de ese tipo los bandos están identificados. Igual caso en la relativamente recientemente “Tormenta del desierto”. Se trata de conflictos bélicos en áreas geográficas completamente definidas y con personajes perfectamente ubicados. La guerra en contra del narcotráfico no es así, sea en México, o en Colombia, las áreas geográficas tienen límites cambiantes, los personajes del narco de ninguna manera están bien identificados, es más, se puede decir que coexisten con las mismas fuerzas y estructuras que hipotéticamente les han declarado la guerra. Son personajes con los cuales la sociedad convive y si acaso solo se tiene la incómoda sospecha de que algo no anda bien en el historial de nuestro vecino que no puede ocultar su recién adquirida riqueza.
El tema ha sido estudiado por diversos analistas, periodistas, investigadores etc. y varios concluyen que ciertamente existe evidencia de que algunos políticos, funcionarios, jueces, policías y militares están coludidos en mayor o menor grado con grupos del narcotráfico. Sólo les faltó investigar a ciertos grupos musicales y sus compositores de cabecera.
Del poder económico del narcotráfico habla la experiencia de Colombia, donde los hermanos Rodríguez Orejuela crearon un verdadero imperio económico y de relaciones públicas que se inició con el Banco de los Trabajadores para posteriormente hacerse de grandes agencias de autos, cadenas de farmacias, hoteles, fraccionamientos de lujo y como remate una cadena radial nacional.
La captura y muerte de Arturo Beltrán Leyva, la misteriosa liberación de Caro Quintero por obra y gracia de varios magistrados ya investigados por la DEA; la captura, fuga, recaptura y nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, el sainete de la captura y liberación de su hijo ya en el sexenio de López Obrador , el juicio de García Luna en los EUA donde un jurado dio por buenas cuantas ocurrencias decían delincuentes, eso y otras cosas han puesto en evidencia la infiltración de estructuras policíacas y de procuración de justicia y la muy probable complicidad en altos niveles de la política.
En México, el combate al narcotráfico ha sido una tarea constante y desafiante para los distintos gobiernos. Durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), se llevó a cabo una estrategia conocida como la “Guerra contra el narco”. La cual fue una respuesta al crecimiento desmedido de la violencia y la impunidad que los cárteles de drogas habían alcanzado. Sin embargo, si bien se recuperaron grandes áreas geográficas que estaban bajo el control del narco, no se logró disminuir significativamente su poder y capacidad de corrupción. La guerra contra el narco se concretó a enfrentamientos en varias áreas geográficas, muchas detenciones, pero nunca se vio un ataque frontal contra el brazo financiero del crimen organizado, los llamados “delincuentes de cuello blanco”, esos que despachan en grandes oficinas privadas o en importantes dependencias del gobierno, estatal o federal; ni tampoco se vio una depuración del aparato judicial, criticado por liberaciones de conocidos delincuentes.
Que el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor nadie lo niega, que sus tentáculos han rozado, y algo más, a los partidos políticos, a las estructuras policíacas y al mismo Ejército nadie lo puede negar. Que con la llegada de MORENA al poder la percepción de corrupción se ha incrementado exponencialmente tampoco se puede negar.
El problema es muy grande, el narcotráfico también ha influido significativamente en los negocios lícitos en México. Los delincuentes han diversificado sus actividades hacia la extorsión, el secuestro y el cobro de “derecho de piso” a empresas legítimas. Esto ha generado un clima de miedo e inseguridad para los empresarios y ha desencadenado una serie de prácticas corruptas en el sector empresarial, donde algunos empresarios han optado por colaborar con los cárteles para asegurar su propia supervivencia. Eso es una realidad. Que los afectados lo admitan es otra cosa.
¿Cambios para bien en la lucha en contra del narcotrafico en lo que sobra del sexenio? No se esperan, solo veremos actos meramente cosméticos, y eso bajo la intensa presión de los EUA.
Mal asunto.
