Legislatura “inclusiva” no atiende Ley para las Personas con Discapacidad

Este jueves se instaló una pantalla para personas sordas, pero no se tienen rampas ni se construyó un elevador en la sede legislativa

El titular de la Secretaría de Finanzas compareció ante el Congreso local | Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- Con una 75 Legislatura que incumple la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Michoacán, este jueves se instaló la pantalla que a través del lenguaje de señas da una breve explicación sobre como funciona el Poder Legislativo y quienes la integran, a propuesta del único diputado sordo en este Congreso de Michoacán, Víctor Zurita.

Denominada la 75 Legislatura como de la “Inclusión”, el Poder Legislativo incumple en todo el edificio con espacios que garanticen la accesibilidad para ingresar y el tránsito en el lugar.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán. Julieta García Zepeda, admitió que el edificio no reúne condiciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad, sin embargo, aseguró que se tiene un 80 por ciento de avance en la construcción del elevador en la sede legislativa.

Este elevador buscaba garantizar la accesibilidad de personas con alguna discapacidad o dificultad para moverse a la segunda planta del Congreso de Michoacán. En su momento la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez, había señalado que ya tenía el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y para su construcción se destinaría 1 millón de pesos.

Sin embargo, la diputada Belinda Hurtado, integrante del Comité de Administración y Control en el Congreso del Estado, mencionó que, aunque el recurso se ha etiquetado para la construcción de este elevador, hasta el momento no se ha hecho nada.

“No es un capricho de una diputada, es una necesidad, no me han llamado para eso, ni la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ni siquiera, hay prioridades, pero la secretaria de finanzas, la corrupta de Rocío Pineda Gochi debe explicar”, comentó Hurtado.

Reconoció que además desde el Congreso no se ha destinado el 2 por ciento de presupuesto que establece la ley que debe dirigirse a programas y acciones prioritarias que garanticen la eficaz atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

También insistió en que el Congreso no está apto para garantizar el acceso a personas con discapacidad. “El Congreso del Estado no está apto, no está condicionado para personas con discapacidad”, expresó la legisladora, quien manifestó que no existen rampas, no existen condiciones.

Un supuesto, contratación de discapacitados

Julieta García Zepeda, representante del Congreso de Michoacán, afirmó que, si cumplen con el 3 por ciento que establece la ley de contratación de personal con discapacidad, sin embargo, dijo desconocer el número.

Sostuvo que se han visto obligados a tomar la medida por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), “si no lo hacemos imagínate como nos iría”, sin embargo, dijo desconocer los números.

Rogelio Andrade, líder de esta agrupación sindical, mencionó que se tendría que hacer un conteo, hace años sostuvo que se cumplía y sobrepasaba este número, pero consideró que si existe gente con discapacidad.

Por su parte, la diputada Belinda Hurtado dijo desconocer cuál es la nómina en el Congreso de Michoacán. “Lo hecho público, desconozco, cuál sea quienes contemplen en la nómina, quienes sean los empleados del Congreso, lo he pedido en el Comité, no lo han dado a conocer, desconozco quien tiene esto, el personal del diputado, me atrevo a decir que si cumple, pero no es voluntario, simplemente están los compañeros y dentro del trabajo”, mencionó.

La ley menciona que, para el empleo, contratación e inserción en puestos de la administración pública de las personas con discapacidad, se emplearán profesionales cuyo perfil cubra las necesidades del puesto o los requisitos de la convocatoria respectiva, en toda convocatoria pública para contratación de personal, asignación de plazas o puestos de trabajo, se deberá de reservar como mínimo el 3 por cientos de las mismas para personas con discapacidad.