El pasado 31 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una medida cautelar contra el presidenteLópez Obrador ordenándole abstenerse de emitir opiniones o expresiones acerca de los temas electorales. Con ello, por unanimidad, los magistrados revocaron el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que se había negado a dictar medidas cautelares contra López Obradortras una denuncia del Partido Acción Nacional por los constantes pronunciamientos que el mandatario hace, como llamamientos a los ciudadanos a apoyar con su voto la “continuidad” de las líneas de gobierno iniciadas en la presente administración, y a ganar para el Morena y sus aliados la mayoría calificada en el Congreso que se elegirá en 2024.
Ulteriormente, el 10 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias conoció nuevas querellas contra la reiterada intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas electorales, como ocurrió el 2 del mismo mes, por causas semejantes. Además, el mismo órgano ha recibido, por lo que se sabe, cientos de denuncias de los partidos de oposición y ciudadanos contra las anticipadísimas —y de oscuro financiamiento— campañas de los precandidatos del Morena a la presidencia de la República para el próximo proceso electoral federal. De éstos, es Claudia Sheinbaum la que, de lejos, acumula el mayor número de señalamientos de violación a la legislación electoral por tener la precampaña más visible y extendida.
Sin embargo, esa comisión del INE —integrada por su presidenta Claudia Zavala Pérez y los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño, recientemente integrados al Consejo General a propuesta del presidente— se negó a aplicar medidas cautelares o disciplinarias porque, dijeron, se trataba de “actos irreparables” por haber pasado ya la jornada electoral del Estado de México y la de Coahuila. En otras ocasiones se ha negado por considerar que no se trata de llamados directos a votar por alguna opción partidaria o candidato, porque no está abierto aún el proceso electoral o porque se trata de “hechos futuros de realización incierta”. No obstante, sí emitió la Comisión un pronunciamiento al presidente López Obrador, a fin de que ajuste en todo tiempo sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad.
Las denuncias y el llamado a misa de la Comisión de Quejas y Denuncias no parecen haber hecho mella en el gobernante, quien el mismo día 10, en Tamazunchale, San Luis Potosí, volvió a hacer llamados a sus correligionarios y ciudadanos en general a “cerrar filas, nada de divisiones”, e insistió, en el mismo tema electoral, en que “o se reproducirán las viejas prácticas del tapadismo ni de cargadas”. El hombre que en 2018 ganó la elección presidencial sigue siendo un dirigente partidario.
En realidad, desde hace casi dos años, en julio de 2021, López Obrador declaró abierta la contienda por la candidatura presidencial en su partido al declararse “destapador”; aunque aclaró que “mi corcholata favorita va a ser la que el pueblo quiera”. Previamente había mencionado como posibles precandidatos “del lado progresista, liberal [sic]”, a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente y Rocío Nahle; no incluyó entonces a Adán Augusto López ni a Ricardo Monreal, hoy incluidos de lleno en la contienda morenista.
Desde entonces, los que sí se dieron por llamados, Sheinbaum y Ebrard, iniciaron sus campañas de propaganda pública en pos de ganar simpatías y apoyos al interior del partido y en la sociedad en general. Hemos visto, así, en estos dos años, pinta de bardas, espectaculares, volantes, pegas, lemas y las más diversas formas de difusión y promoción personalizada de los funcionarios.
La norma relativa a las precampañas partidarias se encuentra en el artículo 226 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) que establece: “Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días”.
La violación es flagrante. Los ahora conocidos como corcholatas han dedicado durante casi dos años sus esfuerzos, su “tiempo libre” y una gran cantidad de recursos económicos, hasta ahora de origen desconocido oficialmente, a recorrer el país, realizar mítines y actos con simpatizantes y recibir el apoyo de gobernadores y dirigentes morenistas, empresarios y ciudadanos en general. Pero las cosas empezaban a salir de control, con visos de confrontación que amenazan la unidad del partido mayoritario. Por ello, el lunes 6 los cuatro precandidatos del Morena fueron convidados por el presidente López Obrador, junto con el presidente y la secretaria general del partido y los gobernadores emanados de éste y de sus aliados.
En el ágape, el mandatario dio algunos lineamientos para la contienda entre los aspirantes: selección por encuesta, separación de éstos de sus cargos, no realizar debates entre ellos, evitar las confrontaciones y no realizar asambleas, mítines ni reuniones conjuntas que pudieren dar lugar a debates. Al día siguiente, en conferencia de prensa, Marcelo Ebrard insistió en su demanda de “piso parejo” entre los aspirantes y anunció su renuncia a la cancillería a partir del lunes 12 de junio para dedicarse de lleno a construir su candidatura a la presidencia. Fue un acto de presión para forzar a Sheinbaum —que había declarado que seguiría en el gobierno capitalino hasta haber ganado la encuesta por la candidatura—, López Hernández (que resulta difícil imaginar qué podrá hacer separado de la Secretaría de Gobernación) y Monreal a retirarse de sus respectivos cargos.
En la dirección trazada por el presidente, el domingo 11 se reunió el Consejo Nacional de Morena, con la presencia de los cuatro precandidatos internos, la del diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, y la de Manuel Velasco del PVEM, en el cual el presidente del órgano de dirección partidista Alfonso Durazo y el dirigente nacional Mario Delgado dictaron las normas para la selección de su candidato presidencial: registro de los cuatro aspirantes (y ninguno más, aunque de último momento se ha apuntado Yeidkol Povlenski, sin que esté claro si la registrarán) el viernes 16 de junio; se aplicarán cinco encuestas, cuatro de ellas seleccionadas de las propuestas que hagan los aspirantes; los integrantes del gabinete presidencial, gobernadores, presidentes municipales y sus respectivos equipos de colaboradores directos no podrán hacer pronunciamientos a favor o en contra de ninguno de los participantes registrados; se prohíbe usar recursos públicos para las precampañas —aunque el partido no se comprometió a financiarlas—; los precandidatos se abstendrán de realizar pactos con grupos de interés político, económico, mediático o delictivo, y no podrán realizar gastos excesivos en publicidad, aplicando la política de austeridad; no habrá debates entre precandidatos ni críticas que puedan propiciar la división del partido o el frente electoral; del 19 de junio al 27 de agosto los registrados podrán hacer giras por el país para tener contacto con los adherentes morenistas y la población en general; las encuestas se aplicarán del 28 de agosto al 3 de septiembre; y el 6 de septiembre se anunciará el resultado de éstas, despejándose la incógnita de quien será el candidato del partido oficial para la elección presidencial de 2024. Todos estos puntos de acuerdo se incluyeron en un documento de compromiso que fue firmado por los ya multicitados postulantes.
De los acuerdos del Consejo llama la atención uno: en sus precampañas, los precandidatos deberán evitar “los medios de comunicación reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4T y partidarios del viejo régimen”. Además de tratarse, sin más, de una inconfesa censura, no existe hasta el momento un listado de tales medios, por lo que es de presumirse que se trata de las grandes cadenas de televisión y radio, y medios de prensa que han sido constantemente criticados y descalificados desde la tribuna mañanera de López Obrador. Es, sin embargo, un contrasentido que las encuestas se aplicarán de manera abierta a los ciudadanos en general, sin importar su filiación partidaria o sin ésta, pero se impide a los aspirantes recurrir a los medios por los que esa población general se informa habitualmente.
“No habrá dedazo”, dice el presidente; pero los que serán registrados y consultados a la población son precisamente los que el mismo López Obrador señaló en su momento con el dedo como sus posibles sucesores o corcholatas a ser destapadas, más los convidados de piedra Velasco y Fernández Noroña. Veremos si dan cabida a Povlenski o a alguien más en las dichosas encuestas. Más que erradicarse el dedazo, se anticipó con una pasarela previa, como en su momento lo hizo Miguel de la Madrid con seis precandidatos.
La preocupación del presidente y de los líderes del partido es clara: no propiciar ni permitir divisiones o enfrentamientos que amenacen la unidad interna del Morena para las elecciones del próximo año. Sin embargo, el adelanto de las precampañas, que habrán durado más de dos años, ya he tenido efectos, que se reflejan en las redes sociales: ataques directos y descalificaciones de los partidarios de alguno de los precandidatos contra los otros aspirantes, particularmente notorios entre los seguidores de Sheinbaum y Ebrard. El riesgo es que la polarización conduzca a la abstención de una parte de los adherentes de alguno de ellos si otro es el seleccionado.
Como quiera que sea, Morena tendrá candidato o candidata presidencial dos meses antes de la fecha legalmente establecida para el inicio de las precampañas partidarias, que es en noviembre, y cuando apenas se esté iniciando de manera formal, en septiembre, el proceso electoral con la instalación de los órganos electorales.
Se ha comentado ya abundantemente el caso por periodistas, académicos y expertos en materia electoral, pero hay que insistir. Las denuncias ante el INE (alrededor de 250) están ahí también. Lo que está haciendo Morena puede llevar a la aplicación de sanciones que podrían llegar a la negativa o anulación del registro del candidato; por ejemplo, si, como ocurrió con Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón Orozco y muchos otros en 2021, no se presentan los informes de financiamiento de las adelantadísimas precampañas, o por la mera violación de los tiempos establecidos. Por ejemplo, los 140 millones que Sheinbaum ha pagado a sus publicistas con recursos de Ciudad de México, la Cámara de Diputados, Fonatur y los gobiernos de Colima y Sinaloa (https://www.m-x.com.mx/investigaciones/heuristica-y-anexas-4t-destino-mas-de-140-millones-a-publicistas-de-sheinbaum?fbclid=IwAR3k5HVdFQyUxN4sSfZmtG9_0JH_bexZYgVqVlw1VC-VobD3Dt3Cm_ttFpA_aem_th_AaBRSAxuYuvTZNGRKwJqe3xFukA5TtoDM-T6n2cwHlHEBCBinNAhJOydPkev4tDxZo7eFH14k9qhv4TWieuo3OB7). La presión en ese sentido irá en aumento desde los partidos de oposición y la sociedad hacia el INE y, en su caso, el Tribunal Electoral, y será cada vez más difícil que omitan intervenir con más energía.
No importa que el presidente López Obrador y Morena quieran tratar a los ciudadanos y a las autoridades electorales como retrasados mentales alegando que no será un candidato o candidata a la primera magistratura sino un “Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, que es la fórmula con la que encubren su ilegalidad. Es impensable que este término aparezca en las encuestas, porque casi nadie lo entendería; los sondeos tendrán que hacer referencia explícita a la candidatura a presidente de la República.
Si esto no se frena, en 2024 Morena estará llamando desde la ilegalidad a los ciudadanos a votar por un candidato que también habrá violado la Constitución: “La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley” (Párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 41). El presidente de la República será, como queda expuesto, el primer responsable de estas graves irregularidades en su partido.
