Cada vez son más las voces en las redes sociales las que piden al gobierno mexicano aproximarse a la estrategia de seguridad salvadoreña actual. Tales opiniones, no tienen una base ideológica precisa, es decir la identificación partidaria no parece tener ninguna correlación con la petición de mayor “mano dura” contra las fuerzas del crimen organizado tal como lo esta haciendo el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Sorprendentemente los sectores conservadores y de oposición en México no han pedido, al menos no públicamente, al presidente López Obrador utilizar las estrategias políticas que ha usado Bukele para reducir la inseguridad. Muy probablemente lo anterior se debe a que han observado que Bukele segregó completamente a la oposición política de aquel país e incluso está modificando el control administrativo para eliminarles cualquier posibilidad real de acceso a puestos de designación popular, por lo que es más bien el temor de que eso ocurra en México si se incentiva a López Obrador a tomar ese tipo de actitud.
Aun así, es incuestionable que Bukele logró una reducción drástica en la inseguridad y la violencia. Al punto donde no solo está presumiendo de ello a nivel internacional, sino que también está permitiendo nuevas inversiones en territorio salvadoreño que no se habían visto antes, en parte por la amenaza latente de las maras y la extorsiones que realizaban a los propietarios de esos lugares. Incluso hasta la oposición salvadoreña ha reconocido esta reducción abrupta en la inseguridad.
Claro, el régimen no está exento de críticas, sobre todo de parte de organismos de derechos humanos, quienes consideran que el medio que está tomando para traer la seguridad no solo viola los principios de los derechos fundamentales, sino que en general viola cualquier tipo de derecho procesal a aquellos que son detenidos por las fuerzas de seguridad. Ya lo dijo el mismo Bukele “los criminales no tienen ningún derecho”, tal parece que eso incluso aplica a tener un debido proceso o un juicio imparcial y justo donde se determine con base en la ley y en pruebas contundentes la culpabilidad de algún detenido.
La estrategia de Bukele es detener de manera efectiva a quién él considera un criminal y dejarlo en prisión, sin pruebas ni procesos de por medio. Aún así, el pueblo salvadoreño está bastante satisfecho con la estrategia de Bukele, no importa que sea ilegal e incluso que sacrifique a algunas personas que realmente no cometieron ningún hecho ilícito, al contrario, si esa estrategia permite seguridad y hasta algo de bonanza económica, parece ser que la sociedad salvadoreña estará bastante complacida.
Esto último resultó curioso, claramente Bukele no tiene intención alguna de gobernar con la ley, sin embargo, también es evidente que pretende brindar un clima de paz para traer inversiones económicas en El Salvador; su intento de institucionalizar el Bitcoin es también otra prueba de ello. Seguridad física e inversión parece ser la formula a seguir, pero excluyendo la seguridad jurídica, entendiendo esta último como lo que impide que el gobierno viole los derechos básicos de las personas que habitan el territorio nacional cómo también garantiza que el propio gobierno estará sujetado a los límites de la ley y esta última será aplicada a todas las personas de manera general.
Sin embargo, no solo El Salvador, muchos países del mundo carecen de seguridad jurídica, en realidad la mayoría de las naciones del planeta aun no logran configurarse para hacer valer las leyes que publican de manera oficial. Son justamente las naciones desarrolladas quienes ya lograron hacer valer la seguridad jurídica y acorde a su tesis, dicha seguridad jurídica les ha permitido obtener prosperidad socioeconómica, que es finalmente lo que buscan las naciones en desarrollo ¿Pero esto es necesariamente cierto? ¿La seguridad jurídica es absolutamente indispensable para traerle bonanza económica a una nación?
La hipótesis de la seguridad jurídica con el desarrollo socioeconómico apunta a que, si hay reglas claras y que sobre todo se cumplan cabalmente, tanto inversionistas como empresas y trabajadores tendrán el incentivo real para generar actividades productivas, toda vez que, si hay algún tipo de incidente o conflicto, este se resolverá plenamente conforme a lo establecido con la ley. Lo anterior permite así a los diferentes factores de la cadena de producción económica planificar con seguridad y cautela sus distintas estrategias de inversión y gestión y de esta forma se asegurará que pueda mantenerse la dinámica económica que genera riqueza en un país. En palabras más simples reglas jurídicas claras y certeras darán como resultado crecimiento y desarrollo económico.
No obstante, la historia reciente parece contradecir dicha teoría. Basta con ver quién es en la actualidad la segunda potencia económica mundial para darse cuenta de ello, la República Popular China. La China continental es la segunda mayor economía del planeta y muchos analistas consideran la posibilidad de que en los siguientes diez años rebase a Estados Unidos y se convierta en la primera potencia económica del planeta.
Tampoco es sorpresa alguna que el régimen de la República Popular China es uno de los más autoritarios y que además es un régimen de partido único bajo dirigencia del Partido Comunista, que ha mantenido una política de puño de hierro desde que consolidó el control político del país en 1949. Si bien China tuvo que afrontar severas crisis económicas desde esa fecha hasta prácticamente el inicio del siglo XXI, el estricto control del gobierno comunista sumado a unas ambiciosas reformas económicas realizadas en los ochenta y noventa, le permitieron al gigante asiático irse posicionando hasta erigirse como una de las principales potencias tanto económicas como militares de la actualidad.
Aun así, China sigue siendo considerada como una nación con muy bajos niveles de transparencia administrativa, e incluso hasta testimonios internos demuestran que el aparato burocrático del régimen tiene severos casos de corrupción y que reiteradamente hay violaciones a determinadas leyes oficiales de la propia República Popular China. De todos modos, eso no ha impedido que inversionistas no solo locales sino de grandes empresas multinacionales se instalen y produzcan masivamente en territorio chino ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué a pesar de la falta de certeza jurídica existente en China una enorme cantidad de empresas han optado por instalarse en su territorio? La respuesta es el pragmatismo económico.
Por un lado, es cierto que no hay ni estado de derecho ni tampoco un respeto genuino a las propias leyes nacionales chinas de parte de sus funcionarios, que muchas veces aplican la ley de manera discrecional; pero algo que ha operado en favor del régimen ha sido la habilidad política de los burócratas chinos para permitirle a las empresas extranjeras lograr producir sus mercancías a bajo costo y vendérselas al resto del mundo. Es decir, si bien en China se incumple con la seguridad jurídica, el régimen comunista si garantiza en términos de facto una especie de seguridad económica o comercial a los inversionistas.
Aunque parezca un poco surrealista, muchos países han llegado a aplicar modelos de ese estilo. Países donde la ley oficial o formal no se aplica realmente, pero donde los gobiernos y sus autoridades sí logran garantizar materialmente a los inversionistas que serán beneficiados si se instalan en su territorio. Pero también debe señalarse que el caso de China es muy particular, su gobierno, como ya se indicó, es completamente dictatorial y no permite oposición alguna, sin mencionar que tiene la segunda mayor población del mundo solo después de la India. Esto también le ha garantizado al régimen chino mayor mano de obra para su producción económica.
Sin embargo, quedan severas dudas si realmente se necesita la seguridad jurídica para el desarrollo económico. Por lo pronto Bukele cree, en términos prácticos, que no es así, que únicamente basta darle al inversionista condiciones de seguridad física y económica para que inyecte capital en el territorio nacional, y que no hace falta que el régimen imperante se ciña ante alguna ley para poder traerle orden y progreso económico a la nación.
Esta es un poco la lógica de quienes pretenden presionar al actual gobierno mexicano. Sin embargo, México también tuvo durante mucho tiempo regímenes que buscaron gobernar a través del autoritarismo con el propósito de traer desarrollo y crecimiento económico, y sus resultados no fueron necesariamente los esperados. El porfiriato que fue el primero que lo consiguió terminó violentamente derrocado por la revolución mexicana, y el segundo intento lo realizó el régimen priista que gobernó la nación durante 70 años, que, aunque las primeras décadas consiguió avances significativos, los últimos treinta años sufrió un estancamiento económico que, sumado a factores políticos y sociales, le hizo perder el control político hegemónico del país, hasta que finalmente fue desplazado vía elecciones libres en el año 2000.
Por lo anterior tampoco hay garantía que la mano de hierro con seguridad económica, pero sin seguridad jurídica, desarrolle económicamente a una nación. Más bien, muchos subconscientemente ven en la estrategia salvadoreña una forma de venganza pública contra el azote que significaron las pandillas en dicho país, y que quisieran que dicha venganza pública se replicara en México.
Pero la historia aun se está desarrollando, no se sabe con certeza que ocurrirá en El Salvador, como tampoco lo que sucederá con México. Al final, no hay que perder el sentido de realidad social, si bien es cierto que México lleva varios lustros con problemas de violencia y subdesarrollo, y que efectivamente ha habido países que han resuelto con mano de hierro dichas circunstancias, pero también son mayoría los que han logrado desarrollar un sistema político que obedezca, que esté sujeto a la ley y simultáneamente aplique ésta de manera eficiente para lograr el desarrollo socioeconómico y también reducir la violencia. Diversos ejemplos nos muestran que es mejor optar por la vía del desarrollo legal, aun si es más lenta y compleja.
