Morelia, Mich.- Michoacán tiene el tercero de los congresos del país más caros, al tener durante este 2023 un presupuesto de mil 197.7 millones de pesos, es decir, 950 millones de pesos más que el de la Ciudad de México, señaló la diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega.
La ciudad capital del país, expresó, tuvo para este año 2 mil 50 millones, mientras que para el Estado de México, una de las entidades con mayor población del país, tuvo mil 973.4 millones, esto significa que en el estado se destinó 24 millones por cada diputado en este año.
“Si dividimos el presupuesto de Michoacán por los 40 diputados que lo integran, tenemos que cada legislador local nos cuesta a los michoacanos casi 24.7 millones de pesos anualmente, casi el doble del promedio nacional”, precisó.
La diputada cuestionó la actuación de los diputados y en el caso de los legisladores morenistas en Michoacán su falta de apego a los principios de austeridad de la Cuarta Transformación, ya que datos del Informe Legislativo 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad, revelan lo costoso que es para los michoacanos el pago de sus diputados.
La legisladora comparó con otros países los gastos que se destinan a diputados locales, ejemplificando con Chile, donde a cada diputado se le destinan 11.98 millones de pesos anuales, mientras que los legisladores locales en México, es de 13.43 millones de pesos.
Celeste Ascencio hizo un llamado a la austeridad y a la congruencia, exhortó a los congresos estatales del país, pero especialmente a los diputados locales, a evitar excesos y reducir los dispendios presupuestales y generar ahorros de los recursos públicos, tal como se estableció en el Congreso de la Unión.
Afirmó que en este Poder ya no hay espacio para los ‘moches’ por parte de los legisladores federales”, porque se les cerró la llave para evitar el dispendio de recursos, y pidió a los diputados de su partido se sumen a este principio de austeridad.
También los exhortó a establecer una política de ahorro, no permitir la disparidad entre los congresos locales y con el Congreso federal, e impedir acceder a mayores recursos de forma discrecional.
