Aumentan denuncias por extorsión, 221 por ciento

De las 103 carpetas integradas por ese delito en 2023, sólo diez han sido judicializadas, con 19 detenidos hasta el momento.

El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís | Fotografía: Agencia Comunicación Gráfica.

Morelia, Mich.- Un aumento de 221 por ciento en el delito de extorsión se ha presentado este 2023, pero de 103 denuncias sólo diez han tenido seguimiento.

Así lo informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, luego de que el 2 de marzo entraran en vigor reformas en materia de extorsión: “De las 103 carpetas que se iniciaron este año se han judicializado diez y detenido a 19 personas que están vinculadas a proceso”, especificó.

En años anteriores al 2023, expresó López Solís, había un registro mayor en el delito de tentativa de extorsión, pero en ese entonces la figura no resultaba eficiente ni suficiente para integrar desde el inicio las carpetas de investigación en esa modalidad delictiva, dado que en 2022 se registraron 181 denuncias por tentativa y, en el mismo periodo, 90 por extorsión.

Sin embargo, apuntó el fiscal, a partir de la reforma al Código Penal en Michoacán este delito quedó contemplado no solamente en ilícitos del orden patrimonial sino también en lo relacionado con la paz de las personas.

Si bien, lo anterior se seguía de oficio, ahora se establecen acciones públicas para que cuando la autoridad se entere de la posible comisión del delito de extorsión inicien las investigaciones inmediatamente, explicó el funcionario.

Asimismo, Adrián López aseguró que el incremento de las penas evita que se dé la suspensión condicional del proceso, como una salida alterna que beneficia a los responsables, así se consume o no el delito, ya que tan sólo con la intención se castiga el ilícito.

En el registro histórico, durante el año 2020 se registraron 29 carpetas de extorsión; en 2021, 61; en 2022, 65; y, en lo que va de este año, ya con la reforma en vigor desde el 2 de marzo, se tiene un registro de 103 carpetas de investigación, lo que representa una diferencia nominal de 71 investigaciones más y, porcentualmente, un incremento del 221 por ciento, expuso el titular de la FGE.

“Para el caso específico del mes de junio en que se registraron 30 carpetas, contra el mismo mes del año pasado que fueron siete, hay una diferencia de 23 carpetas más, lo que representa un incremento comparando este mes de junio con el del 2022 de 328, 57 por ciento más”, refirió el funcionario.

Por otro lado, el fiscal informó de una modalidad de secuestro relacionada con la extorsión, un secuestro virtual, al que se ha dado más atención y judicialización de los casos.

En 2023, la FGE atendió 145 y, de esos casos, ha iniciado once carpetas de investigación y localizado a 187 víctimas gracias a la implementación de técnicas de investigación basadas en tecnologías de la información, con lo cual se ha evitado el pago de alrededor de 23 millones de pesos por lo que corresponde este año, detalló el fiscal.

El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, explicó que la reforma aprobada luego de ser  presentada en febrero ante el Poder Legislativo, fue construida con los integrantes del Poder Judicial.

Torres Piña aseguró que la reforma en materia judicial ha puesto al estado a la vanguardia al equiparar la extorsión al delito de secuestro, con una pena de quince a 25 años, además de que ésta se persigue de oficio cuando se detecta afectación de las actividades económicas productivas, es decir, ya no se requiere denuncia.

El secretario de Gobierno refirió que hay confianza de la ciudadanía para acudir a las instancias y presentar una denuncia, lo que también permite iniciar la investigación correspondiente y hacer frente a ese delito, sin olvidar que también incluye las modalidades por medios electrónicos o nuevas tecnologías para quien amenace con compartir imágenes sexuales.

A la par, la reforma ha obligado a servidores públicos a denunciar inmediatamente la probable comisión de ese delito, con agravantes cuando se prive de la libertad y los servidores públicos encargados de la custodia y vigilancia faciliten los medios para que se realice; asimismo, cuando la víctima se dedique al comercio o al desarrollo de actividades económicas y la extorsión implique el cobro de cuotas.

En ese sentido, Carlos Torres admitió que dicho fenómeno se ha detectado en Tierra Caliente, Los Reyes y la región de Cotija-Zamora.