Autoridades estatales, sin apego a la legalidad

La falta de congruencia en el pensar, decir y hacer contravienen los principios de no mentir, no engañar y no traicionar en las acciones cotidianas del gobernador de Michoacán, el secretario de Gobierno, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral, además de ser una evidencia de flagrante corrupción y violación a las garantías constitucionales y de los tratados internacionales, constituyendo en si, “Traición a la Patria”.

El movimiento sindical nicolaita ha sido un actor importante en la lucha por los derechos laborales en la UMSNH y ha contribuido al fortalecimiento de una educación pública de calidad en la región. Además, su postura crítica y progresista ha inspirado a otros movimientos estudiantiles y sociales en Michoacán y más allá.

La participación activa del Sindicalismo Crítico Nicolaita en la toma de decisiones universitarias, ha contribuido a la construcción de una universidad más democrática e incluyente.

El futuro del Sindicalismo Crítico Nicolaita depende de su capacidad para mantener la unidad, adaptarse a los nuevos desafíos y seguir siendo una voz activa en la defensa de los derechos laborales y la educación pública en Michoacán.

En esta ocasión se expone a la opinión pública y a las instancias competentes la profunda preocupación y decepción por la falta de congruencia entre el discurso y la acción de las autoridades del estado de Michoacán, quienes han defraudado los principios de la Cuarta Transformación y la esencia de la reforma laboral iniciada el primero de mayo de 2019.

En especial, del nicolaita Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador constitucional de Michoacán y fundador de la cuarta transformación, y de Carlos Torres Piña, secretario del Gobierno del Estado, quienes han defraudado la esperanza depositada en ellos para respetar los principios del humanismo mexicano, el no mentir, no engañar y no traicionar, con sus acciones contrarias a estos valores.

El Comité Ejecutivo General del SPUM, reconocido indebidamente con toma de nota vigente del 12 de noviembre de 2018 al 11 de noviembre de 2021, fue revocado del cargo el 24 de marzo de 2021 mediante una decisión tomada por el IX Congreso General de Representantes Extraordinario, máxima autoridad del sindicato después de la Asamblea General y en pleno apego a los estatutos sindicales.

Sin embargo, a pesar de la revocación y de contar con tres juicios de amparo en el juzgado segundo de Distrito y un juicio de revisión de amparo del Tribunal Colegiado de Circuito, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje presidida ahora por la licenciada Gabriela Manzo Ortiz, ha negado en cuatro ocasiones la toma de nota al Comité Ejecutivo General Interino del SPUM, representando estas acciones una flagrante violación a los derechos humanos garantizados por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que México forma parte, entre ellos los convenios 87, 98 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo.

Es una gran responsabilidad de estos funcionarios gubernamentales, que de manera inmediata se reparen las violaciones cometidas y se respeten los principios y procedimientos establecidos en la Reforma Laboral para garantizar el respeto a los derechos humanos, sindicales, la autonomía y la libertad sindical. Asimismo, instamos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a actuar con imparcialidad y rectificar su aceptación de la representación de un Comité Ejecutivo con toma de nota vencida y revocado de manera legítima.

Es tiempo de que se restablezcan los principios de justicia y equidad en Michoacán y se acate el compromiso de erradicar la impunidad que tanto daño ha causado. El respeto a los derechos laborales y sindicales es esencial para construir una sociedad justa y democrática.

Es alarmante y preocupante que los principales representantes del Poder Ejecutivo, se atrevan a declarar públicamente que en Michoacán no existe impunidad, cuando los derechos humanos, laborales y sindicales han sido sistemáticamente ignorados y violentados por quienes son responsables de garantizar su protección y respeto.

Es de reconocerse el apoyo y la solidaridad de la comunidad universitaria y la sociedad en general en nuestra lucha por la defensa de los derechos y valores que nos asisten como trabajadores y como ciudadanos. El SPUM seguirá en pie de lucha por una educación de calidad y una sociedad más justa.

Como parte de la población exigimos que de manera inmediata se reparen las violaciones cometidas contra el SPUM y se respeten los principios y procedimientos establecidos en la Reforma Laboral para garantizar el respeto a los derechos humanos, sindicales, la autonomía y la libertad sindical.

Asimismo, solicitamos el reconocimiento legítimo de nuestro Comité Ejecutivo General Interino, como representante legal y genuino de los trabajadores académicos de la Universidad Michoacana.