Morelia, Mich.- La mesa directiva de la Asociación de Usuarios del Bajío Michoacano acusa al partido Morena de estar detrás de la toma de sus instalaciones.
Dicha medida, que constituiría actos delictivos, ha generado daños de entre 19 y 20 millones de pesos, dijo la asociación.
Eso fue lo que denunció en rueda de prensa el presidente de ese grupo, José Alfonso Díaz Tapia, quien relató que fue en octubre del año pasado cuando un grupo de personas tomó la sede de la asociación “de forma violenta”; los responsabilizan de haber saqueado las instalaciones, ya que presuntamente robaron vehículos y dos equipos de bombeo, averiaron tractores e incluso incendiaron máquinas.
La Asociación dio a conocer que ya hay cuatro carpetas de investigación integradas por delitos penales contra los inconformes, la mayoría de los cuales –sostuvieron– ni siquiera serían parte de la Asociación, el resto sí, aunque morosos en los pagos que les corresponde dar.
Díaz Tapia señaló varios nombres de los presuntos implicados en los delitos denunciados: Alberto Carrizales Guevara (a quien identificó como dirigente, pero no usuario), Santos Soria Aguirre, Ramón Pérez Moreno, Jesús Ruiz Ledesma, J. Jesús Robledo Ledesma, Antonio Morales Carrillo y Serafín Ávila.
El presidente de la Asociación acusó que el motivo de los particulares es de orden económico, aunque explicó que, según la carta constitutiva de la organización, los recursos que se reciben para tecnificación de riego no son operados directamente por la mesa directiva, sino por las comisiones Estatal y Nacional del Agua, a través de un fideicomiso hecho para tal efecto.
Sin embargo, el principal señalamiento que hizo el presidente de la Asociación fue hacia Carlos Torres Piña, secretario de Gobernación del estado de Michoacán, a quien achacó intereses políticos en desestabilizar a la mesa directiva, por lo que estaría detrás de la operación de esta toma, así como de retrasar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre las acusaciones mediáticas también salió a relucir Rubén Robledo Agabo, alcalde reelecto en el municipio de José Sixto Verduzco, quien en mayo expresó su afinidad con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que salió de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y se unió al del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Alfonso Díaz urgió a la FGE a resolver un conflicto que estaría impactando a dos mil 300 familias de tres ejidos de Puruándiro y doce de José Sixto Verduzco, cuyas actividades económicas dependen del módulo ubicado en Pastor Ortiz, el cual, por su operación, forma parte del distrito de riego 011 de Guanajuato.
También dio a conocer que ya se tiene un fondo aprobado para la actualización del padrón de los usuarios de este distrito de riego, con lo cual –confía– se podrán prevenir este tipo de arbitrariedades, aunque inculpó al director de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán, Jesús Camacho Pérez, de retener estos recursos.
Cuestionado sobre si la Asociación es afín a algún partido político contrario a Morena, Díaz Tapia respondió que “en este momento no”.
Cabe recordar que en 1993 se llevó a cabo una reforma que trasladó la administración de estos distritos de riego, de instancias gubernamentales a organizaciones de la sociedad civil, en el marco de lo cual se creó la Asociación de Usuarios del Bajío Michoacano para la distribución del vital líquido, que es fundamental para el desarrollo económico de la región, principalmente granelera.
En octubre de 2022 un grupo de inconformes tomaron las instalaciones de la Asociación, señalando a Alfonso Tapia por corrupción: mal uso de los recursos del módulo, enriquecimiento ilícito, perpetuarse en el poder y nombrar delegados a modo, acusaciones que el propio presidente de la Asociación ha negado y ha retado a los denunciantes a demostrarlo por vía legal.
