Sin duda, el actual y muy polarizado debate de los nuevos libros de texto gratuito nos presenta muy diversas facetas, que van desde el señalamiento de errores de conocimiento en diversas materias hasta la sobreideologización de considerarlos instrumentos de ideologización por el gobierno, con la pretensión de manipular las mentes de las novísimas generaciones en proceso de formación escolar. Los actores de la controversia también han sido diversos, desde la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia y la Coparmex pasando por núcleos de académicos y científicos que han puesto en cuestión sus contenidos, hasta la CNTE (Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México, particularmente), que también se resiste a usar los textos, aduciendo también sus contenidos y deficiencias pedagógicas. Los medios han tenido también un relevante papel en los cuestionamientos a los ejemplares editados por la SEP, llegando al absurdo, en el caso de TV Azteca del evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, de hablar de un complot comunista como origen de los debatidos libros.
No está excluido el interés económico, especialmente el de las editoriales que tradicionalmente han abastecido el mercado de textos para secundaria, que ahora se ven desplazados por el libro único de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg). Y tampoco se omite el hecho, ése sí de fondo, de que, según las evidencias, no se respetaron los procedimientos que la ley establece para la elaboración y revisión de los textos por equipos de especialistas pedagogos, maestros y padres de familia que debieron ser convocados de manera amplia por la misma SEP; tampoco los tiempos ni el compromiso de no modificar los textos todos de una sola vez sino paulatinamente. Esto último dio lugar a la intervención del poder Judicial que, a través de una jueza que otorgó un amparo y emplazó a la secretaría a explicar el proceso seguido y quiénes participaron en la confección de los materiales educativos, información que, ahora sabemos, el gobierno lopezobradorista “reservó” por cinco años como un secreto de Estado, en un atentado más a la transparencia y el derecho a la información.
Muchos factores se han incorporado, entonces, para generar la polémica nacional que, como tantas otras en este sexenio, se manifiesta de manera polarizada y exacerbada.
No entro aquí a discutir los contenidos de los libros de la discordia; espero que sean, sobre todo, los pedagogos y expertos en temas educativos y científicos los que externen sus opiniones, que debieran ser las que orienten el debate. Comentaré, por mi parte, el contexto político en el que se da esta aguzada pugna, que, en mi concepto, no se limita estrictamente a los contenidos pedagógicos para la docencia. Se trata de algo más amplio.
La oposición de derecha al gobierno de López Obrador ha tomado la bandera de los libros en medio de un adelantado proceso preelectoral, tras de más de cuatro años de polarización política, mucho más que ideológica, en la que casi siempre, con excepción de algunas determinaciones judiciales, ha salido derrotada. No es la primera vez; desde su institución en 1960 por el presidente López Mateos, la derecha católica buscó impugnarlos y cuestionarlos como productos del hegemonismo del régimen, en rumbo a controlar las mentalidades, especialmente la de los niños. A esa derecha, encarnada en el PAN, pero no sólo en éste, se han sumado ahora el PRI, sedicente liberal, y hasta el PRD, que se ha autodefinido como de izquierda y socialdemócrata.
De lo que se trata, entonces, es de una batalla no meramente por la educación sino por el poder nacional, de cara al cada vez más próximo proceso electoral de 2024, en el que todo estará en disputa, desde la presidencia y el control mayoritario del Congreso hasta gobiernos y congresos locales y presidencias municipales importantes. Los actores se posicionan en función de esa contienda, y los libros aparecen como un sucedáneo del casi inexistente debate de los grandes problemas nacionales. La “proposición” de arrancar hojas de los volúmenes pinta de cuerpo entero la miseria intelectual de la oposición a los mismos.
Salta a la vista, aunque no sólo en la oposición, el vacío de planteamientos sobre los grandes temas pendientes de la agenda nacional: pobreza y desigualdad social, seguridad y derechos humanos, militarización, desarrollo económico, salud, presidencialismo y régimen político, las muy vigentes corrupción e impunidad, y algunos otros. Si se revisan en detalle, se vería que las diferencias entre la oposición de derecha y la imaginaria Cuarta Transformación son más de matiz que de fondo en la mayoría de estos temas. Al final de cuentas, el sistema económico denominado neoliberal sigue vigente, lo mismo que la estructura y estrategias del Estado y el régimen político, el mismo de décadas atrás.
Mi hipótesis es que, a consecuencia de la ausencia de debate social y político sobre esos grandes temas, y ante la ya completamente abierta coyuntura electoral, la oposición ha tomado un tema más a politizar, al que apuesta para remontar sus desventajas en la competencia. Y no es que la educación sea intrascendente, ni mucho menos, sino que la discusión del proyecto educativo tendría que plantearse en muy otros términos, si se quisiera ir al fondo del asunto, siempre tomando en cuenta la opinión de los expertos en pedagogía, y no sólo enfocada en los materiales impresos. Pero las deficiencias de éstos conducen a que no sólo la derecha sino también sectores importantes del magisterio sean renuentes a su uso. Los maestros saben bien que esas deficiencias y errores en el contenido —algunos de ellos garrafales— habrán de ser subsanadas o suplidas por ellos en los salones de clase.
Desde luego, seguramente este gobierno esté usando los libros, como un instrumento de conformación de la conciencia social en las nuevas generaciones. Lo mismo han hecho, diría, todos los grupos que en determinadas etapas han llegado al poder. Habría que recordar no sólo las polémicas que se dieron en los inicios de los años sesenta, al establecerse la Conaliteg y los textos mismos, sino otras polémicas similares, por ejemplo, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Pero es, por supuesto, una histérica exageración hablar de ideologización y adoctrinamiento (que, entre otros, las iglesias y los grandes medios practican permanentemente entre la población) como el propósito fundamental de los textos. La formación de la conciencia social en muchos de sus sentidos se deja al ámbito de lo privado, es obvio; pero para otros aspectos, los que tienen que ver con la socialización, la convivencia misma en sociedad y comunidad, el papel de la escuela es central, como siempre se ha planteado en los cursos de Civismo. Uno de los aspectos que el movimiento magisterial cuestionaba no hace mucho a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto era el no incorporar la visión de lo local y del entorno inmediato en el que se desarrolla el proceso educativo, el rural o indígena, por ejemplo. Si ahora se ha incluido ¡enhorabuena!
Hay que ver si los gobernadores que han dicho que no permitirán la distribución de los libros en sus entidades (Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Querétaro) tienen facultades para ello o incurrirán en una grave falta de responsabilidad administrativa. Pero, del mismo modo, que los gobernadores adictos al presidente publiquen desplegados “de apoyo” (es un decir) a los cuestionados libros sería intrascendente si no confirmara la politización del tema, y nuestro retorno a los oscuros tiempos del presidencialismo omnipotente y la disciplina de partido acatada por todo funcionario.
Más que una disputa por el proyecto educativo del país, en consecuencia, lo que se aprecia es una faceta adicional a la polarización entre los bloques políticos que pugnan por el poder estatal para el próximo periodo. Hasta ahora, pese a los aspectos que den razón en lo particular a sus posicionamientos, la oposición parece ir perdiendo una vez más. El papel del magisterio, al usar o no los libros y cómo en el proceso educacional real, será acaso la última palabra.
