Contrainforme | Religiosos y empresarios, muy cerca del gobierno

Pese a que presume una independencia partidista, Alfonso Martínez ha sido apoyado por partidos de derecha y en contubernio con fraccionadores

El 6 de mayo de este año, con un bloqueo a la alcaldía, locatarios del mercado Independencia demandaron trato parejo al Ayuntamiento. | Fotografía: Omar Ángel Chávez

Segunda parte

Morelia, Mich.- La cuestionada cercanía con grupos religiosos, conservadores y empresariales ha sido el sello de la administración de Alfonso Martínez, quien el día de mañana presentará su segundo informe de labores como alcalde de Morelia.

Abordada sobre cuántos recursos públicos se están gastando en la publicidad para este evento –que ha inundado la ciudad con el rostro del alcalde en espectaculares, parabuses y unidades del transporte público, sin mencionar todos los anuncios en redes sociales–, la contralora del municipio, María del Carmen López Herrejón, declaró sin dar cifras, que se trata de un monto mínimo; la mayoría provendría, declaró sin aportar nombres, de “patrocinadores que nos regalan cosas, los amigos, les digo yo”.

Un candidato ‘independiente’ con un pasado panista.

Aunque Alfonso Jesús Martínez Alcázar llegó a la presidencia municipal en 2021 como candidato formalmente independiente, su trayectoria política tiene un largo camino como militante del derechista Partido Acción Nacional (PAN), desde donde ocupó cargos como diputado local (2005-2008 y 2012-2015) y diputado federal (2009-2011), así como su primera administración como alcalde (2015-2018).

Alfonso Martínez ha dicho que dará todo su apoyo para que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz encabece la candidatura federal del Frente Amplio Por México (FAPM), un bloque –integrado por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD)– que busca competir con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados en las próximas elecciones en 2024.

Cabe destacar que el FAPM es coordinado por Claudio Xavier González Laporte, hijo del empresario del mismo nombre y apellidos González Guajardo, quien, a su vez, es presidente del consejo de Kimberly-Clark en México; este grupo empresarial tiene una planta productora de papel al oriente de Morelia, cuya actividad industrial ha sido cuestionada por ambientalistas, ya que estaría explotando y contaminando el manantial (La Mintzita) que provee el 40 por ciento del agua de la región.

Estado laico en riesgo

El pasado 2 de agosto tomaron protesta los integrantes del Comité de Construcción de Paz y Reconciliación en el Municipio de Morelia, un órgano que presuntamente tiene el objetivo de permitir a la ciudadanía coadyuvar con el gobierno para la implementación de estrategias que permitan abonar en el tema de seguridad. Sin embargo, el Comité tiene poco de ciudadano, ya que de los 15 miembros que lo integran, nueve son funcionarios, entre ellos, el alcalde Alfonso Martínez, quien será el presidente de este órgano, y Marisol Estefani Munguía Paniagua, directora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento y también miembro de la Alianza Vida Abundante (cristiana).

Destaca en el Comité la participación de tres líderes religiosos: Carlos Garfias Merlos (católico), John George Spyker Anderson (cristiano evangélico) y Ernesto Arroyo García (mormón); entre la minoría de miembros “ciudadanos” (tres), uno es J. Jesús Vázquez Estupiñán, rector de la Universidad La Salle Morelia, privada y de corte religioso, y el otro es Gerónimo Color Gasca, quien tiene más de tres décadas en la función pública.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la injerencia de las organizaciones religiosas en la política pública ponga en riesgo el Estado laico, Martínez Alcázar dio una repuesta negativa, argumentando que el Comité es un espacio ciudadano en el que se le está dando lugar a todas las voces que puedan aportar en la construcción de paz; sin embargo, también ha declarado que quiere ser parte del “gran proyecto” de reconciliación del arzobispo Garfias Merlos.

Su cercanía con el clero católico se observa en lo cotidiano, como el día de ayer, cuando Martínez Alcázar dio la bienvenida a miles de jóvenes de México y de otros países americanos, que este año llevan a cabo en Morelia su XIV Congreso Nacional Juvenil Misionero (Conajum).

Bloques antiderechos

Durante la administración de Alfonso Martínez se les ha dado foro a bloques antiderechos, como cuando en el Colegio de Morelia se llevó a cabo el “Gran Seminario: ¿Cómo refutar al progresismo?”, en donde, ante una afluencia que llenó el auditorio y obligó a los organizadores a abrir una sala adjunta, dos conferencistas sudamericanos hablaron en contra de los derechos de las mujeres bajo un presunto discurso de protección de la familia.

Ya previamente se había invitado al activista católico, ahora aspirante a la presidencia de México por la vía formalmente independiente, José Eduardo Verástegui Córdoba, quien, camuflado en una aparente apuesta por el bienestar de las infancias, ha promovido discursos de odio y estigmatización hacia la población sexodiversa.

Cercanía con priistas como Fausto Vallejo

Aunque su candidatura (presuntamente independiente) para el gobierno 2021-2024 fue apoyada por una alianza electoral formada entre el PAN y el PRD, es de conocimiento público que tiene una gran cercanía con personajes priistas como Fausto Vallejo Figueroa.

El tres veces presidente municipal y una vez gobernador, asociado en su momento con la ahora extinta organización criminal michoacana Los Caballeros Templarios, así como con personajes como su líder, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, ha sido visto, por ejemplo, acompañando a Martínez Alcázar el pasado 4 de agosto, cuando el alcalde entregó un automóvil como premio en una rifa entre trabajadores del Sindicato de Limpia y Transportes.

Compromisos con privados, por encima del interés público

Uno de los logros que Martínez Alcázar celebrará en su próximo informe, cuya sede será la (todavía en construcción) Ciudad Administrativa, es la “histórica” inversión de alrededor de mil 200 millones de pesos en obra pública; de manera paralela, desde su pasada administración ha sido cuestionado por sus presuntos compromisos personales con empresas privadas dedicadas al desarrollo inmobiliario.

El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María (MCDL) lo ha acusado públicamente de otorgar permisos para construir fraccionamientos en zonas de alto valor ecológico –particularmente, para la seguridad hídrica de la región– al sur de la ciudad; es el caso de Grupo Altozano, empresa que ha sido denunciada, entre otras cosas, por deforestación ilegal ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), así como señalada por comenzar obras con Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) fuera de la ley.

Por su parte, como fue publicado ayer por Cambio de Michoacán en la primera parte de este “contrainforme”, colonos del megafraccionamiento Villas del Pedregal han acusado contubernios y conflictos de interés entre funcionarios del Ayuntamiento de la actual administración y el Grupo Inmobiliario Herso S.A. de C.V., a quien el pasado 20 de julio se le aprobó la construcción de la fase siete de la etapa V del desarrollo, a pesar de que todavía hay viviendas con falta de servicios como el agua. La ciudadanía también ha especulado sobre la posible connivencia entre autoridades municipales y el llamado “giro rojo”, bares y antros que no sólo faltan a los reglamentos en materia de ruido y horas de funcionamiento, sino que también mienten a los vecinos para poder obtener anuencias, que les permitan, a su vez, recibir una licencia.

Colonos del Centro Histórico y de la zona del Boulevard García de León han acusado que los dueños de los futuros bares llegan a decirles que se establecerá un restaurante, a sabiendas de que si se presentan como “bares” o “antros” recibirán el rechazo de los vecinos; también acusan que no se respetan sus firmas cuando son en contra de que se les otorguen permisos municipales.

Un caso que ya pasó a la categoría de emblemático en la actual administración es el del restaurante-bar Casablanca Kitchen & Cocktails, que estuvo en funcionamiento durante dos meses, a pesar de no contar con una licencia para ello, incluso, durante algunas semanas, con una clausura impuesta por la Dirección de Inspección y Vigilancia; vecinos de la zona han especulado “intereses detrás”, ya que temen que, a pesar de las irregularidades, el establecimiento obtendrá próximamente su licencia de funcionamiento.