Morelia, Mich.- Una denuncia penal enfrenta la secretaria de Cultura municipal, Fátima Chávez Alcaraz, por presunto encubrimiento de violencias laboral y de género, mobbing (hostigamiento laboral), secuestro y violaciones a derechos humanos.
La denuncia, interpuesta por Mónica Georgina Sánchez Estrada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 16 de julio del presente, también va contra Marisa Barbosa Serrato, directora de Vinculación Musical, quien presuntamente sería la principal violentadora y cuyos actos conocía Chávez Alcaraz desde meses antes, según dice en entrevista la ahora exjefa del Departamento de Orquestas Infantiles.
Mónica Sánchez relata que, a sólo un mes de entrar a trabajar en la Secretaría de Cultura, el 10 de enero de 2022, su jefa inmediata (Marisa Barbosa) habría comenzado a violentarla laboralmente, tratándola de forma “déspota”, “prepotente”, imponiéndole cargas laborales excesivas y teniendo tratos discriminatorios hacia ella, muy diferentes a los que tenía con un compañero suyo del mismo rango, primo de la secretaria, e incluso la presionaba para que renunciara.
Aun cuando nunca le fue levantada un acta administrativa y, en cambio, recibió comentarios positivos acerca de su trabajo por parte de la propia Fátima Chávez, Sánchez Estrada se habría acercado a su agresora para preguntarle qué había hecho para que le fueran propinados esos tratos; ante la falta de respuesta, el 27 de abril de 2023 interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La secretaria la habría presionado para renunciar
Aunque la denunciante apunta que Fátima Chávez tuvo conocimiento de los hechos –al grado de que, incluso, habría sugerido un asunto de “celos laborales” como posible motivo de la conducta de Marisa Barbosa ante el buen desempeño de Mónica Sánchez–, no fue sino hasta que se interpuso la queja en la CEDH, cuando habría tomado una postura más firme en el conflicto, no, sin embargo, a favor de la denunciante.
La misma tarde en que llegó la notificación de la CEDH, la secretaria de Cultura se habría citado con los hermanos de Sánchez Estrada en un café en Tres Marías para comentarles que ella, la presunta víctima, le estaba dando “muchos problemas”, que la jefa inmediata de Mónica (Barbosa Serrato) le estaba “pidiendo su cabeza” y que “ya era momento de dársela”.
Al día siguiente, Chávez Alcaraz habría citado a Sánchez Estrada en su oficina para que firmara su renuncia, ella se negó y consignó que la presión no venía de un mal desempeño, sino de su queja ante la CEDH, discurso ante el cual la secretaria habría puesto “una cara que nunca le había visto” y corrido de su oficina.
Privación ilegal de la libertad
Posteriormente, relata Sánchez Estrada, la secretaria técnica de la Secretaría, Elizabeth Chávez González, le habría pedido a la presunta víctima hablar en privado para sugerirle una renuncia en buenos términos, intentando manipularla con el futuro de su carrera laboral; ella, por el contrario, solicitó que, si era el caso, la despidieran por escrito.
Aunque después del 15 de junio Mónica habría dejado de recibir tareas relacionadas con su trabajo y ya nadie se dirigía a ella, fue hasta ocho días después cuando se enteró de que la habrían dado de baja, esto, cuando fue citada a una reunión de trabajo en la oficina de Fátima de Chávez.
La presunta víctima relata que la titular no estuvo presente, en cambio, sí habrían asistido Marisa Barbosa, Elizabeth Chávez y dos mujeres “que nunca se presentaron”, quienes la habrían retenido en las oficinas con la amenaza de no dejarla salir hasta que no firmara su renuncia, un documento que ya estaba firmado por Fátima Chávez.
Mónica habría solicitado hacer una llamada que no le fue permitida y, en esa situación de estrés crítico, comenzó a experimentar un ataque de pánico (mareos y percepción distorsionada del sonido); finalmente, se habría podido levantar de su asiento, salir corriendo de su oficina, bajar las escaleras y refugiarse en un establecimiento comercial cercano hasta que llegó su mamá por ella.
Impactos en la salud derivados de la violencia
Derivado de los daños de este proceso, relata la presunta víctima, tuvo problemas digestivos como no poder ingerir alimentos por los vómitos que esto le provocaba, así como una infección urinaria derivada de no querer ir al sanitario durante sus horarios laborales, decisión que tomaba ante el temor de encontrarse con sus presuntas agresoras.
Después de la privación ilegal de la que dice haber sido víctima en la oficina de la secretaria de Cultura, Mónica fue internada varios días en la Clínica Universidad, donde le pudieron dar constancia médica de los impactos psicoemocionales de la violencia que vivió durante meses; al darse de alta acudió a la FGE a presentar su denuncia.
Secretaria niega los hechos y anuncia contrataque
Abordada al respecto, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, señaló que no puede dar mucha información sobre el tema, ya que el proceso jurídico está en curso; sin embargo, reconoció que tiene acusaciones muy graves dirigidas en su contra, no sin alegar que “no necesariamente son ciertas”.
Con risas en el rostro cuando se le cuestionaba por los presuntos delitos cometidos por ella y su equipo, la también miembro del recientemente creado Comité de Integridad Pública y Ética (CIPE) aseguró que la denunciante no tiene pruebas y anunció que, debido a un presunto daño moral en su contra, abrirá también un proceso por difamación del que responsabilizaría a Mónica Sánchez.
Funcionaria no será cesada
La víctima también interpuso una demanda laboral en el Ayuntamiento, de la cual fue notificada Susan Melisa Vázquez Pérez, síndica del Ayuntamiento, el 16 de julio, quien, abordada sobre el tema, señaló que hasta el momento Fátima Chávez no será separada de su cargo para enfrentar el proceso jurídico, como se actuó en el caso de un director que en semanas previas fue cesado por violencia contra su expareja.
La síndica argumentó que “son procesos totalmente diferentes”, pues, por una parte, en el de Mónica no hay elementos de violencia de género y, por otra, la secretaria no ha sido vinculada a proceso, como si lo fue aquel director; sí señaló, sin embargo, que la Sindicatura emitió una orden de protección que opera la Policía Morelia para resguardar a la quejosa hasta en tanto no se resuelva su situación jurídica.
Alcalde y directora del DIF no han respondido
Mónica Sánchez señala también que envió un escrito directamente al presidente municipal, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, así como a su esposa, la directora honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF municipal), sin que hasta el momento ninguno de los dos haya respondido; incluso, apunta, les envió mensajes por medio de sus perfiles de Facebook, donde tampoco ha tenido éxito.
