Morelia, Michoacán.- Este domingo los ciudadanos de Guatemala y Ecuador estan convocados a elegir presidente; mientras que en el primero impera la incertidumbre, en el segundo la violencia manchó el proceso con el asesinato de un candidato.
De acuerdo con información de EFE, los 9.3 millones de guatemaltecos convocados para asistir a las urnas deben decidir si Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), será la primera mujer que gobierne el país o si Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, se convertirá en el primer mandatario progresista en la historia de la nación centroamericana.
El actual proceso electoral ha sido el más controversial de Guatemala desde la implementación de la democracia en 1986 y ha sido empañado por el protagonismo del Ministerio Público (Fiscalía) que, desde el 12 de julio, ha intentado cancelar al Movimiento Semilla e impedir la participación de Arévalo de León.
En estas elecciones está en juego la continuidad de un sistema que ha debilitado la democracia y que ha garantizado impunidad de políticos tradicionales del país centroamericano.
En tanto, en Ecuador más de 13.4 millones están convocados este domingo a las urnas para votar en unas inéditas elecciones generales que se celebran en medio de una escalada de violencia atribuida al crimen organizado que tuvo uno de sus episodios más recientes y trágicos en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En el proceso, que comenzó el pasado jueves con el voto de los presos sin sentencia en firme, y siguió el viernes con el voto en casa para mayores de 50 años o personas con discapacidad de más del 75 por ciento, los ecuatorianos designarán al sucesor o sucesora del actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, y a los 137 nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Ello luego de que en mayo pasado, Lasso disolviera la Asamblea, de mayoría opositora, cuando se disponía a votar una moción de censura en su contra por presunto peculado (malversación), que él negaba, y pidiera la convocatoria a elecciones, amparado en el recurso constitucional conocido como “muerte cruzada”.
